FERNANDO JÁUREGUI
Sea objetivamente buena o mala -y debate habrá para rato-, la futura ley de economía sostenible no puede aprobarse sin un consenso básico entre todas las fuerzas políticas. Porque, entre otras cosas, establece un horizonte temporal que va más allá de la previsible duración del mandato del gobernante que la impulsa, José Luis Rodríguez Zapatero. Por si la futura sentencia del Estatut, los avatares del «Alakrana» o la inminente Presidencia europea de España, por citar algunos ejemplos, fuesen poca cosa, este proyecto de ley remacha la urgente necesidad de un entendimiento entre las fuerzas políticas mayoritarias y, si posible fuere, también entre las minoritarias o nacionalistas, en torno a un proyecto de regeneración del país.
Cuando fallan las máximas instituciones, cuando el llamado Estado autonómico parece estar en almoneda, cuando la ley fundamental parece necesitada de adecuaciones a la realidad nacional, cuando la justicia flaquea, cuando la prensa económica europea considerada más solvente se permite el lujo de llamar a España «el enfermo de Europa», es que algo hay que hacer. Son muchos, periodistas, banqueros, politólogos, empresarios, sindicalistas y, desde luego, lo más importante, ciudadanos, los que reclaman un acuerdo de gran alcance entre los partidos. Un acuerdo que dure al menos un año, hasta que las maquinarias preelectorales vuelvan, en 2011, a ponerse en marcha.
Desgraciadamente, son los políticos quienes más parecen oponerse a este acuerdo de largo alcance..., al menos cuando hablan en público. No ocurre lo mismo, desde luego, en privado. Pero los intereses cortoplacistas, la política sectaria, los rencores acumulados y la falta de sintonía personal, especialmente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, parecen haber ganado el terreno a cualquier otra consideración acerca del interés general. Puede que eso explique el inconcebible retraso en un encuentro «cara a cara» en la Moncloa entre los dos principales actores de la vida política nacional.
La transición a la democracia fue un éxito precisamente porque todas las partes renunciaron a sus «programas de máximos» para ponerse de acuerdo en una sola cosa: la buena marcha del país en su conjunto. Sin olvidar el efecto beneficioso para la confianza ciudadana en sus estructuras económico-sociales de aquellos pactos de la Moncloa, que fueron mucho más que un mero diálogo o acuerdo social; sin duda, algo a imitar ahora, adaptándolo, claro está, a la coyuntura actual.
Algunos sostenemos que estamos abocados a una especie de segunda transición, ahora más económica que política, que reclamará nuevas fórmulas, nuevas soluciones. Y que los actuales planteamientos partidistas, los más clásicos y hasta rancios, empiezan a no valer para casi nada. Temas todos ellos de meditación para una clase política que sólo muy de cuando en cuando -la reciente propuesta de un pacto anticorrupción lanzada por el PP, por ejemplo- nos permite atisbar algún brote verde en este otoño gris.
