JOSÉ MANUEL PONTE
La huelga de hambre de la activista saharaui Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote está incordiando al Gobierno de Zapatero, que no encuentra la forma jurídica de salir airoso del trance, sin poner de manifiesto las contradicciones de la política española respecto de su antigua provincia africana, hoy ocupada por Marruecos, a expensas de que se celebre un referéndum sobre su autodeterminación, reiteradamente aplazado.
El Gobierno de Rabat expulsó a Haidar del Sahara Occidental, le retiró el pasaporte y la envió por avión a Canarias. La respuesta de Madrid a este desafío consistió en ofertar a la activista saharaui un pasaporte español, pero ella se niega por razones de dignidad personal y patriótica perfectamente entendibles. Y la replica marroquí abunda en parecido oportunismo: el rey Mohamed VI le entregará un nuevo pasaporte si reconoce su condición de súbdita y le pide perdón por las ofensas cometidas contra la real persona.
La solución no parece fácil, y los 22 días de huelga de hambre ya transcurridos le añaden dramatismo a la peripecia. Aminatu Haidar es una mujer de 42 años que tiene acreditada su férrea voluntad en defensa de sus ideales. Y esa determinación no se doblegó, pese a las varias penas de prisión, a las detenciones arbitrarias y a los vejámenes de que fue objeto por parte de las autoridades marroquíes. Al margen de que pueda dar la impresión de que alguien, muy taimado, está jugando al ajedrez con el Gobierno español poniéndolo en situación de jaque mate en varios puntos de África (secuestro del «Alakrana», secuestro de los cooperantes catalanes), la huelga de hambre de la activista nos permite hacer una breve reflexión sobre los cambios tácticos de la política española respecto del Sahara Occidental desde que Marruecos se apropió del territorio a raíz de la llamada Marcha Verde.
Corría entonces el año 1975, Franco agonizaba y el Sahara era, desde el punto de vista administrativo, una provincia africana que tenía derecho a sentar unos representantes vestidos espectacularmente a la manera indígena en las Cortes de la dictadura. La coyuntura de interinidad en el poder fue aprovechada astutamente por Hassan II y por Estados Unidos, que lo amparaba bajo cuerda, y el Gobierno de Arias Navarro, con el príncipe Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado en funciones, cedió la soberanía. España se quedó sin fosfatos, sin petróleo y sin derechos de pesca, y la población saharaui, sin la prometida independencia. Hubiera sido una cuestión de dignidad nacional defender esa postura, pero los intereses estratégicos de la potencia dominante (y los negocios con Marruecos) nos impiden ejercerla, a riesgo de que se desencadene un «perejilazo» en alguna de nuestras plazas africanas.
Siempre que se habla de este asunto me acuerdo del eurodiputado socialista asturiano Antonio Masip, un buen amigo que fue presidente de la Asociación de Amigos del Sahara y era un activista extraordinariamente activo, valga la redundancia. Con el tiempo su entusiasmo por la causa parece haberse enfriado, al mismo ritmo que el del Gobierno socialista, aunque imagino que en el fondo de su alma late un rescoldo de la antigua pasión. El pragmatismo domina la política, y los que no sabemos lo duro que es ese oficio ignoramos lo mal que se debe pasar adaptando las convicciones a las conveniencias. Siempre al servicio del interés general, claro.
