CHRISTINE DELFOUR
CATEDRÁTICA DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD PARÍS ESTE. PROFESORA ADSCRITA AL CECODET
Si bien la victoria de Evo Morales para la Presidencia de la República de Bolivia estaba cantada, la gran incógnita radicaba en si el MAS rebasaba el 60% de los votos, alcanzando de esta forma los dos tercios de la Cámara, lo que le permitiría controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El binomio Evo Morales-Álvaro García Linera no sólo superó el 60% (exactamente alcanzó el 62,5%), sino que controla 110 de los curules (escaños), teniendo de esta forma la mayoría absoluta tanto en el Senado como en el Congreso. Pero estos dos tercios no deben ser una carta blanca para arrollar a las minorías, sino para cambiar con ellas el país. Definitivamente, el MAS dominará el escenario político boliviano durante los próximos cinco años.
La apuesta del centro, representada por el candidato Samuel Doria Medina (Unidad Nacional-UN), ha fracasado (ni siquiera su partido alcanza a tener representación parlamentaria en el Senado). La oposición en torno a Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández (antiguo prefecto de Pando encarcelado en espera de juicio) reúne en su formación política, Plan para el Progreso de Bolivia- Convergencia Nacional (PPB-CN), a una variopinta selección de líderes regionales pertenecientes al partido político que dominó la segunda parte del siglo XX: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a activistas de diferentes comités cívicos (el de Santa Cruz en particular) que encabezaron la revuelta autonómica del año 2008, organizando referéndum autonómicos fuera de la legalidad constitucional, y a algunas agrupaciones ciudadanas. Con 50 diputados y senadores, la oposición va a tener que actuar como un bloque inteligente para ser parte de la agenda legislativa y no simple espectadora.
Por su parte, el MAS (ya convertido en partido hegemónico) tiene que «enganchar» a la oposición a la tarea legislativa si no quiere alimentar la polarización que, mermada, se mantiene, a favor de los opositores, en Santa Cruz, Beni y Pando. Evo Morales tiene la gran oportunidad de asumir que es el presidente de todos los bolivianos, no el de los cocaleros o de los aimaras; de aparecer como un presidente de respeto y no de confrontación, tal como fue estos últimos cuatro años. Asimismo, Evo Morales tendrá que lidiar internamente con la diversidad de las corrientes del MAS: desde los más fervientes portavoces del «socialismo del siglo XXI», adscritos al ALBA de Hugo Chávez, hasta sus compañeros de las siete federaciones de cocaleros del Chaparé, de los líderes sindicales de la Central Obrera Boliviana (COB), de las mujeres de la agrupación sindical Bartolina Sisa, de los representantes de la CONAMAQ, de los Ponchos Rojos, etcétera.
El reto al cual se enfrenta el MAS es hoy mayor que nunca. Los legisladores, casi todos sin experiencia parlamentaria, tienen que implementar la constitución política del Estado, aprobada en referéndum el mes de enero pasado. Son 100 leyes: 36 orgánicas, 58 económico-sociales y cinco sobre tierra y territorio, unas de más polémica aplicación que otras, como la ley-marco de autonomías y de descentralización, la ley de regulación de normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, etcétera. Otras con carácter más simbólico, como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para luchar contra la corrupción. Otras, más de convivencia social y de carácter igualitario, como la ley del sistema único de salud, la ley regulatoria del ejercicio de la medicina tradicional, la ley de fomento a la vivienda... Finalmente, leyes de carácter más económico, como, por ejemplo, la ley de distribución de recursos tributarios, la ley de regulación de la inversión extranjera, la ley de promoción y diversificación económica, distribución de los beneficios de la industrialización y comercialización de los recursos naturales, etcétera.
Las dos piedras angulares de la consolidación del nuevo Estado plurinacional con las que Evo Morales no tiene margen de error son los asuntos de los hidrocarburos y de las autonomías. En forma resumida, la agenda energética para el próximo Gobierno es similar a la de 2006: producir más para mantener la exportación al Brasil y ampliarla a la Argentina, y así abastecer el mercado interno. Impulsar la utilización de gas domiciliario, industrial, generación eléctrica y transporte vehicular. Ampliar todo el sistema de oleoductos y gasoductos internos y refinerías para tratar de recuperar la autosuficiencia en derivados de petróleo. Finalmente, iniciar un programa real de industrialización del gas.
Los hidrocarburos. El Gobierno elegido el 2006 recibió el sector con reservas probadas y certificadas de 26,7 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas y 465 millones de barriles de petróleo. Al ritmo de producción de esa fecha se tenía petróleo para los próximos 23 años y gas para 53. Ahora no se sabe cuánto gas y petróleo se tiene, y menos, para cuántos años. Desde el 2006 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha podido, por cuatro veces, contratar una consultora que certifique las reservas. Se empezó 2006 con una producción de 50.000 barriles de petróleo y 40,2 millones de metros cúbicos de gas por día. El mercado interno estaba cómodamente abastecido de gasolinas y gas licuado del petróleo (GLP), y sólo se importaba el 30% del consumo de diésel. A la fecha la producción continúa bajando. En 2010 se tendrá que importar el 50% de consumo de diésel, el 20% de gasolinas y el 20% de la demanda de GLP. El costo estimado de las importaciones llega hoy a los 1.400 de millones de dólares, más adelante depende del precio del petróleo, porque todas ellas están referenciadas a precios internacionales, incluidas las que vienen de Venezuela.
El país esta creciendo, por tanto las importaciones continuarán aumentando. Lo anterior podría haberse solucionado perforando más pozos y aumentando producción, que es lo que menos se ha hecho (96 pozos entre 2002 y 2006; sólo 18 en los cuatro años pasados). Desde 2006 hasta la fecha no se han construido nuevas instalaciones para abastecer la demanda interna. Se ha perdido la autosuficiencia lograda en 1954 con reservas probadas en el subsuelo. Recuperarla necesita por lo menos cinco años y aproximadamente 8.000 millones de dólares de inversión. Los precios del petróleo y del gas desde 2005 se han incrementado espectacularmente. Los ingresos por exportaciones crecieron, pero en ningún momento se reinvirtieron en el sector esos fondos y otros.
Ahora Bolivia es autonómica. Los cinco departamentos que el 2 de julio de 2006 le dijeron «no» al modelo autonómico cambiaron de decisión, y con la misma contundencia con que tres años atrás dijeron «no», el domingo optaron por decir «sí», y nada menos que al 75%, según los resultados en boca de urna. Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí se han sumado a Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, que ya se habían pronunciado a favor de un régimen autonómico en 2006. Bolivia es hoy autonómica, tal cual lo plantea la Constitución Política del Estado (CPE) vigente. Las autonomías facultarán a los departamentos para organizar gobiernos autónomos que ejerzan facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas. A partir de este nuevo escenario, resta ahora la aprobación de la ley-marco de autonomías, que corresponderá asumir a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.
En los cinco departamentos donde ganó el «sí» se debe proceder a la aprobación de sus respectivos estatutos autonómicos a través de un referéndum. Estos estatutos están muy adelantados en su redacción, anticipándose a las elecciones del 4 de abril de 2010, cuando se votará por primera vez a los gobernadores de los cinco departamentos y a los miembros de las asambleas departamentales. Los otros cuatro departamentos que ya ratificaron sus estatutos en consultas están obligados a adecuarlos a la nueva Constitución vigente (ley de régimen electoral transitorio).
Autonomías regionales y originarias. Pero el 6 de diciembre también se votaba por la autonomía «regional» y la autonomía «originaria» en los departamentos que optaron por estas fórmulas de descentralización. La nueva constitución no sólo prevé un nivel autonómico, sino cuatro niveles de autonomía: el departamental (correspondiente al autonómico español), el regional (mesogobierno), el indígena originario y el municipal. Los cuatro están equiparados con competencias exclusivas, compartidas, concurrentes y privativas. El gran reto de la implementación del modelo autonómico «a la boliviana» radica en el reparto de estas tres modalidades de competencias entre estos cuatro niveles de autonomía evitando duplicaciones, confusiones y desigualdades en el reparto y la gestión de los fondos generados por los recursos naturales que sustentan la financiación del sistema. Tres municipios del departamento de Tarija se pronunciaron con un 79% a favor de crear la región del Gran Chaco. Según la Carta Magna, esta región tiene que conformar su Gobierno autónomo regional, y, aunque no tendrá capacidad legislativa, será autónoma territorialmente, con planificación y gestión pública. La asamblea legislativa departamental será la instancia que tendrá que transferir las competencias a la autonomía regional. Es en el Gran Chaco donde se sitúan las mayores reservas de gas de Bolivia. Es la única autonomía regional constituida por ahora.
También se votaba por la autonomía indígena. Ante la sorpresa general, en dos de los doce municipios donde se votaba por la autonomía indígena se rechazó el modelo. El derecho de libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos, que se plasma en la posibilidad de gozar de autonomía y autogobierno con relación a sus asuntos internos o locales, y que ha provocado tanta polémica, enfrentamientos y movilizaciones callejeras, así como virulentas manifestaciones de todos los partidos políticos, se encuentra hoy relegado a un menor lugar en la implementación del proyecto autonómico. Como manifestaba el ministro de Autonomías y de Descentralización, Carlos Romero, ante los resultados, «lo que se viene en autonomías es complejo».
