CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE
Reconozco que la discriminación positiva «penal» de la ley contra la violencia de género no es fácil de encajar en el espíritu de igualdad ante la ley propia del Estado de derecho, pero en general pienso que las discriminaciones positivas legales, incluso esté siempre y cuando esté bien controlada, están bien como están. Porque no es cierto que las mujeres que tenemos voz, criterio y libertad de pensamiento y obra seamos la mayoría, ni siquiera una minoría representativa. Tan cierto como que España no es Madrid, me parece que las ejecutivas agresivas de la política, el cine o el periodismo, o la empresa, son una exigua minoría de seres no discriminados en razón de su sexo que se representan a sí mismas y a ni una más. Y que la discriminación positiva es lo que hoy nos hace oír sin que nos cause pasmo o extrañeza, que la doctora o la jueza o la ministra o la presidenta tal han hecho esto o aquello, con total normalidad.
Sentado este principio a modo de toma de posición, que en esto creo que hay que «retratarse», hay algo, sin embargo, sí que hay algo, lo admito, de la discriminación positiva que me avergüenza como mujer y me saca como persona de mis casillas. Son los abusos, cualesquiera, de la ley de violencia de género, las esposas en trance de divorcio que la esgrimen para conseguir una pensión mayor del marido, con los hijos menores de por medio muchas veces como escudos humanos. Ellas y más aún que ellas sus abogadas o abogados: esas fieras carroñeras que las incitan a mentir para «pillar» más y mejor, dinero o afecto, que igual da: pillar de pillaje; me repugnan. Y creo que, si se prueba su engaño, que no siempre se puede, debería caer sobre ellas la mayor pena posible, sin piedad ni compasión ni consideración alguna.
El enorme mal que causan estas frescas a las auténticas víctimas de la violencia machista (esas miles de aterrorizadas con la autoestima a ras de tierra, tan deshechas que ni se atreven a denunciar al tipejo que les muele a palos las costillas) al sembrar de nuevo la desconfianza del «Estado» (policías, jueces) en la mujer que denuncia malos tratos, ¡con lo que ha costado, Dios, que les den credibilidad!; es un insulto y un latrocinio. Merecerían pagar con la cárcel, dicho sea al hilo de la denuncia de las 71 asociaciones que van a pedir a las Cortes la derogación de la ley de violencia de Género por «lesionar los derechos más básicos» de cualquier ser humano, que es el «derecho de presunción de inocencia». Yo creo que debería seguir en vigor. Pero coincido con ellas en que las autoras de estas falsas denuncias no tienen miedo sino que han perdido la vergüenza, y que no puede quedar impune que utilicen la ley como arma de destrucción del otro.
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