Lo chocante es la desidia de los poderes públicos frente a los privilegios que, como una bola de nieve que viene rodando desde hace once años (convenio colectivo firmado con AENA en 1999), nadie quiso o nadie pudo detener hasta ahora. Tan sencillo como utilizar el «Boletín Oficial del Estado» en nombre de los intereses generales. Sólo se le ocurrió al actual ministro de Fomento, José Blanco, quien, dicho sea de paso, se está convirtiendo en potente brazo político de un Gobierno en horas bajas.
El decreto ley aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros tiene pendiente la convalidación parlamentaria. Pero está vigente y se aplica a todos los efectos desde ese día mediante una edición extraordinaria del BOE. La urgencia se justifica en la necesidad de garantizar el tráfico aéreo durante las fechas clave de Semana Santa, que estaba amenazado por estos profesionales como parte de su estrategia negociadora en la renovación de un convenio colectivo que les convierte en los trabajadores por cuenta ajena mejor pagados del mundo.
Se trata de que no vuelvan a tomar a los ciudadanos como rehenes de sus reclamaciones. Algo que venían haciendo todos los años por estas fechas provocando malestar e incomodidades sin cuento a los usuarios del transporte aéreo. Ya ocurrió de nuevo con la llamada «huelga encubierta» de diciembre y enero pasados, que supuso la cancelación de 158 vuelos y la frustración de los 17.000 pasajeros que se quedaron en tierra. En las próximas vacaciones de Pascua pensaban repetir la táctica, pero les ha salido un ministro respondón.
La nueva norma legal modifica el régimen jurídico y laboral de los controladores aéreos en España. Como al pintor que le quitan la brocha y la escalera, a estos empleados de una empresa pública (AENA) les han quitado la exclusiva. Queda dispuesto que, a partir de ahora, puedan ser contratados otros operadores civiles en la regulación del tráfico aéreo. Nacionales o extranjeros de empresas autorizadas en el marco de la normativa europea.
El decreto ley recupera para AENA la dirección y organización del servicio (uso de pistas, horarios, turnos de trabajo, etcétera). Por increíble que parezca, no estaban en manos de la dirección de la empresa, sino de los propios controladores. Además, el Gobierno (la Administración, los poderes públicos, el Ministerio de Fomento, como se quiera decir) se queda con toda la capacidad regulatoria de las condiciones de trabajo, la formación de futuros controladores, la contratación de proveedores o la tipificación de nuevas infracciones, como los despidos por incumplimiento.
Puede parecer mentira, pero también todos esos aspectos de la gestión del tráfico aéreo estaban en manos de un gremio profesional cuya retribución salarial media, gracias a las horas extraordinarias que el propio gremio se adjudicaba, superaba los 350.000 euros anuales.
