Ahora que la marea de cuatro millones de parados tiene a España con el agua al cuello, el presidente Zapatero ha decidido tomar la urgente decisión que exigen las circunstancias. El Gobierno va a crear una comisión que en el plazo máximo e improrrogable de dos meses -si para entonces el país no ha dado en quiebra- negociará con los demás partidos una salida a la crisis económica que nos aflige. Menos mal.
Tal vez sin saberlo, el primer ministro español se ha inspirado en los principios que hace medio siglo estableció Cyril Parkinson en la famosa ley que lleva su apellido. Sostenía Parkinson que «cuando no se quiere resolver un problema lo pertinente es crear una comisión», y a la vista queda que esta tesis está a punto de convertirse en el programa oficial del Gobierno.
Aplazar lo inevitable parece ser, en efecto, la única estrategia que a estas alturas maneja Zapatero, o al menos eso se desprende de su intervención del miércoles en el Congreso de los Diputados. No sólo se trata de que los comités de estudio y/o negociación constituyan la fórmula ideal para evitar la toma de decisiones sobre un problema, según la atinada y aún vigente teoría de Parkinson. También las leyes de Murphy nos advierten de que «si existe una manera de retrasar una decisión importante, una burocracia eficaz la encontrará». Y a ello parece confiarse el actual Gobierno.
Lamentablemente, esas mismas leyes sugieren que «cualquier problema, por sencillo que sea, se convierte en insoluble si se celebran suficientes reuniones para discutirlo», como probablemente ocurra en la comisión que, según la propuesta de Zapatero, debería buscar soluciones a la crisis en los dos próximos meses. No sobraría recordar, a este respecto, que fue precisamente el antes mentado Parkinson quien formuló la llamada ley de la dilación, que, por decirlo en sus propias palabras, es «el arte de perder el tiempo».
Lo malo de cualquier comité inspirado en esa norma dilatoria es que los problemas tienden a pudrirse y empeorar con el paso del tiempo: o a seguir ahí en el mejor de los casos. No parece probable, desde luego, que la rampante crecida del paro vaya a menguar con la simple convocatoria de una reunión entre los partidos representados en el Parlamento, ni que se frene la caída del producto interior bruto por arte de birlibirloque sin más que crear una comisión.
La experiencia de otros países vecinos y el simple sentido común indican más bien que sólo al Gobierno electo corresponde la tarea de tomar las medidas oportunas para hacer frente a los problemas, aunque sean tan graves como la actual recesión económica.
Cierto es que eso exige adoptar disposiciones claramente impopulares, tales como el recorte del llamado «gasto social» con el que a menudo se disfraza la compra de votos al por mayor y a 400 euros por cabeza. Ése ha de ser un trance especialmente difícil para aquellos gobernantes que, como los de ahora mismo en España, negaron por activa, pasiva y perifrástica la existencia de cualquier crisis cuando ya la ruina empezaba a roernos los talones. Se comprende, por tanto, que un gobierno de tendencia vagamente peronista y derrochadora como el español quiera buscar socorro en sus adversarios ahora que el país anda al borde de la bancarrota.
De acuerdo con ese propósito, Zapatero parece haber encontrado un último recurso en la ley de Parkinson, que aconseja crear una comisión cuando uno no quiere -o no puede- resolver un problema. Nada mejor que implicar al enemigo en la solución de una crisis que oficialmente no existía hasta hace poco y ganar dos preciosos meses en la esperanza de que el conflicto se arregle por sí mismo. La idea es excelente, pero aun así el Gobierno debiera tomar en cuenta la quinta ley de Murphy. Esa que sugiere que «cuando las cosas se dejan a su aire suelen ir de mal en peor».
