FRANCISCO PALACIOS
Las crisis económicas graves son como pozos insondables en los que las naciones más avanzadas se precipitan cada cierto tiempo. Esos desequilibrios periódicos, que sirven de algún modo para depurar los excesos patológicos del sistema y que se ceban con severidad en las clases más desprotegidas, contribuyen también a evidenciar los desarreglos y las debilidades estructurales y políticas de los estados. Y, por tanto, exigen urgentes correcciones. Desde diversas posiciones ideológicas se vienen proponiendo pactos de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias para evitar que el actual marasmo económico nos arrolle y nos siga debilitando socialmente. Al respecto, el mismo jefe del Estado ha manifestado que había llegado la hora de «amplios acuerdos». Y algunos presidentes de comunidades autónomas reconocen que, sin un Estado fuerte, «nos debilitaremos todos». Los temores están justificados en este caso: el Gobierno de España, muy mermado en sus competencias administrativas, sólo controla en el presente el 20 por ciento de todo el presupuesto nacional.
Más allá de las consecuencias derivadas de su aplicación práctica y de los intereses corporativos que movilice, el reciente acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Sociales para recortar el gasto sanitario en 1.500 millones anuales debe inscribirse en el contexto de esos pactos más generales que se demandan. Aunque este acuerdo venga fundamentalmente determinado por apremiantes razones presupuestarias, se dice que su principal objetivo es consolidar y preservar el modelo sanitario durante algunos años, sobre todo corrigiendo excesos y asimetrías que, inexplicablemente, se mantienen desde hace años.
Así, entre las medidas pactadas se contempla la posibilidad de establecer un calendario común de vacunación; crear una central de compra -es decir, un sistema de adquisición conjunto- para lograr de los proveedores mejores precios, lo que supondrá un ahorro significativo para los contribuyentes. Asimismo, se quiere homogeneizar la retribución de las plantillas para acabar con las desigualdades y agravios salariales entre las distintas comunidades autónomas.
Por otra parte, muchos tratadistas coinciden en que un Estado débil lastra la potencia de España como nación. Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y autor de varios libros, entre ellos de un ensayo luminoso titulado «El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España», que firmó con su hijo Igor Sosa Mayor. Pues bien, Sosa Wagner califica de reaccionaria aberración la realidad de un Estado fragmentado y de unas regiones con pretensiones de «Estaditos». No entiende que al Estado se le vaya despojando de sus atribuciones, porque impide que pueda desarrollar políticas de largo alcance, de verdadera transformación de la sociedad, o de simples reformas, porque se queda sin competencias. Y así resume Sosa Wagner su posición: «Siempre hemos defendido un Estado fuerte porque es el único garante de la justicia y único lugar donde anida lo poco de democracia que existe en este mundo».