Creo profundamente en que la presunción de inocencia es un derecho inalienable de toda persona. Por tanto opino que mientras no haya un juicio con una sentencia condenatoria, los últimos casos de pederastia por los que se acusa a ciertos sacerdotes de la Iglesia católica sólo son «presuntos». No debemos olvidarlo cuando leamos el artículo de un periódico o escuchemos uno de esos programas que viven de las desgracias de los demás. No quiero abundar en detalles sobre el tema porque, además de parecerme innecesario, me resulta doloroso. No obstante, se han dicho cosas en torno a este asunto que no creo que deban quedar en el más absoluto de los olvidos como sucede siempre que al «poder», en cualquiera de sus formas, se le pilla «in fraganti» en la comisión de un delito.

Se podría hablar mucho sobre el discurso del padre Cantalamesa y su comparación de los últimos ataques a la Iglesia con el antisemitismo. Mucho, se podría hablar y mucho. Pero ha habido otra opinión que me ha dado bastante más miedo. Gaspar Mora, sacerdote y catedrático de Teología, admitía en unas declaraciones que se pudieron escuchar el sábado pasado en el telediario de La 1 que no piensa que a un sacerdote, presunto autor de un delito de pederastia, se le deba denunciar a la justicia civil. Pero no quedó ahí la cosa, no; añadió que se debe poner en conocimiento de la autoridad eclesiástica competente, la cual, en primer lugar, le apartará de sus obligaciones pasando el mencionado sacerdote a estar bajo la responsabilidad de otro sacerdote amigo. Pero me quedó una duda: lo de que el sacerdote que va a quedar como responsable del denunciado sea amigo suyo, ¿es para que se vayan de juerga a celebrarlo? Disculpen la acidez de mis palabras, pero como imagino que las palabras de los padres de esos niños más que ácidas serán cáusticas, me he permitido la licencia en su honor.

Vamos por partes. El artículo número 14 de nuestra Constitución dice (sic): «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Esto es así porque así lo votamos todos los españoles. Un sacerdote, en cuanto a lo que a los españoles se refiere, es tan responsable ante la ley de sus delitos como cualquier otro ciudadano y, en consecuencia, debe ser juzgado y castigado. No me sirve que la Iglesia diga que prefiere lavar sus «problemillas» dentro de casa y que el Estado lo permita. Y es que, claro, si se permite que el presunto sacerdote pedófilo sea juzgado por sus superiores eclesiásticos, ¿cómo vamos a negarle a la madre de un presunto violador ese mismo derecho? ¿O es que esos señores tienen la bula divina suficiente como para arrasar con los derechos de los demás ciudadanos?

Que no quede esto en el olvido.