Una de las primeras decisiones que tomó el Rey, después de su coronación, fue promulgar un indulto, 25 de noviembre de 1975, que benefició a 773 presos entre los que había terroristas y políticos.

La medida fue bien recibida, pero juzgada insuficiente para allanar los caminos de la reconciliación. Para ETA no significó avance porque no se atendieron las que figuraban en su paquete de reivindicaciones aglutinadas en KAS. El Gobierno de Suárez, en esos momentos acosado por ultras y oposición, tiene muy poco margen de maniobra para ampliar el alcance de la amnistía, pero favorece el regreso de exiliados. La presión desde el PNV fue realmente agobiante, fomentando la creación de gestoras pro amnistía que consiguieron una presencia dominante en todo el País Vasco.

Un buen periodista de investigación, José María Portell, que ETA asesinó en 1978, en su libro «La amnistía arrancada» refleja el tenso ambiente de aquellos días con algaradas y movilizaciones ciudadanas.

En un golpe de efecto se legaliza la «ikurriña», para eliminar pretextos y Suárez, en una muestra más de su habilidad como «chusquero de la política», como él mismo se califica, se reúne con la Comisión de los Nueve, que representa a la oposición y en la que participa Felipe González.

En esa reunión Julio de Jáuregui dice que el perdón debe alcanzar «tanto a los que mataron al presidente Companys como a los que mataron al presidente Carrero, a García Lorca y a Muñoz Seca, a las víctimas de Paracuellos y a las de Badajoz?».

El 14 de octubre de 1977 se vota al fin la ley de Amnistía. Una votación casi unánime a favor, puesto que sólo hubo dos votos en contra. Memorable fue el discurso de Xabier Arzalluz, conteniendo su emoción, al señalar que hechos de sangre los había habido en ambas partes y pidió el voto a la amnistía como cancelación de ese pasado y gesto de perdón recíproco.

Han transcurrido más de treinta años desde aquel generoso consenso de todos los partidos, de izquierda y derecha, de vencedores y vencidos que acordaron la fórmula de la reconciliación. Ahora, con una moviola trucada por el revanchismo, que no ha digerido que nuestro modelo no procede del 14 de abril de 1931, ni de revoluciones con claveles en los fusiles, sino del pacto democrático y del buen hacer de la Corona, se trata de invalidar la larga y penosa andadura de la transición, legitimada democráticamente por la gran mayoría del os españoles.

De «hooligans» ha calificado Joaquín Leguina a esos dos parlamentarios que pretenden pervertir la ley de la Amnistía, presentando a tal efecto una proposición de ley en el Congreso. Hay que suponer que recibirán la respuesta adecuada, pero es para echarse a temblar si personajes de ese estilo, por no decir otra cosa, tuviesen un día parcelas de poder.