Legalidad, legitimidad y lealtad

n Los planes de estudio de los nuevos grados en la Universidad

11.05.2010 | 10:03
Legalidad, legitimidad y lealtad
Legalidad, legitimidad y lealtad

Leo en LA NUEVA ESPAÑA del domingo 9 de mayo un artículo del estimable colega de la Universidad Prof. Cándido Pañeda que ha llamado mi atención y no me resisto a debatir. Con un título para mí más bien confuso -hasta gótico, si se me permite decirlo: «disciplina, azotes y mortificaciones» nada menos-, y el habitual tratamiento catastrofista de temas colaterales, sentencia que «la tragedia en la que está inmersa la Universidad española actual» proviene de introducir ciertos grados del tipo A y B, o asignaturas del mismo tenor en los nuevos planes. Sin perjuicio del medido tono críptico que adopta, adivino su mensaje (aunque no sé si en tales términos abstractos cualquier lector lo haría, pues parece costarle mucho llamar a las cosas por su nombre). El hecho me sorprende, no tanto por su acostumbrado talante apocalíptico, que le resta mucha credibilidad, como porque una de las iniciativas más reclamadas por la disciplina que cultiva resulta precisamente ser la implantación de unos estudios mixtos en Derecho y ADE (Administración y Dirección de Empresas). Como quiera que no se trata de conducir este comentario por el derrotero de ajenas coherencias, que lo haría muy extenso para lo que resulta de suyo notorio, vayamos al grano que cosecha la realidad y no tanto la imaginación.


Según las normas que a todos nos vinculan, al margen de las preferencias de cada cual, los planes de estudio de los nuevos grados en la Universidad competen a las juntas de los diversos centros o facultades. En uso de sus atribuciones, varias (las de la rama económica también) han diseñado asignaturas compartidas por dos áreas. Eso se llama interdisciplinariedad y está en el ADN de la reforma de Bolonia. A los departamentos universitarios pertenece la responsabilidad de ofrecer a los centros el profesorado que imparta la docencia, como con toda claridad establecen los estatutos de la Universidad de Oviedo. Los nuevos planes deben superar numerosos filtros de control para su aprobación. En concreto, aparte de interno de cada centro, el de la Universidad, el del Principado y el de la ANECA, que constituye un órgano técnico y estatal que verifica su contenido. Todos esos trámites se han superado en los estudios de la Universidad de Oviedo, por lo que haríamos bien en felicitarnos todos, habida cuenta que la parálisis del proceso era patente antes de la entrada de actual equipo rectoral, que ha superado en tiempo récord y con éxito tan magna empresa. Como universitario de a pie, y también con alguna responsabilidad, deseo agradecer de forma expresa el trabajo y el éxito al rector y a la vicerrectora de Nuevas Titulaciones, pues he sido testigo de su esfuerzo y dedicación.


La legalidad, pues, resulta incontestable, pero aquí no queda la cosa. Los nuevos planes se han aprobado democráticamente por el órgano decisor. Ese asunto significa que todos los miembros de la comunidad universitaria tuvieron la ocasión de participar en el proceso. En algún llamativo caso incluso se desecharon las iniciales propuestas y sólo prosperaron las que tuvieron el consenso imprescindible, logrado de forma muy amplia en la mayoría de las hipótesis. A eso se llama legitimidad en la toma de acuerdos.


Sin embargo, y aunque sea de suyo más que suficiente, esto tampoco lo es todo. Las obligaciones jurídicas de los protagonistas en el fenómeno tienen toda su fuerza y vinculan a los responsables en cada esfera de atribuciones. A su vez, el compromiso de prestar apoyo a las decisiones de la inmensa mayoría, aunque no pudieran convencer a cada uno, constituye un imperativo del espíritu y convencimiento democrático. Por último, su efectiva puesta en marcha es un rasgo de la lealtad institucional confiable para el universo académico. Se trata de conseguir para nuestros estudiantes las mejores oportunidades de que seamos capaces, y nunca de imponer nuestro particular juicio a capa y espada, como si fuéramos fundamentalistas ciegos. Son los inconvenientes del corporativismo a ultranza. Las fijaciones son también malas consejeras.


Nadie debería obligarles a cumplir con sus responsabilidades. Simplemente sería de agradecer que asuman sus obligaciones de la mejor manera posible. Naturalmente, si se obcecan no habrá otro remedio, pues la democracia y el Derecho reclaman su justa defensa. Cuando alguien en su sinrazón se considera único depositario de la verdad, corre riesgo de recorrer el carril en dirección opuesta, poniendo en peligro el bien común, como el Prof. Pañeda sostiene. La pena es que no se aplique su mismo cuento. La pérdida de la lógica suele acompañar a la de los modos, de ahí las rebeldías pueriles.


Así al menos creo que operamos quienes en nuestros departamentos tenemos asignaturas compartidas, a petición de los centros de la rama económica de la Universidad de Oviedo, al margen de que resultara o no proclive a nuestra opinión. También lo hicieron ellos en el pasado y no acierto a imaginarme por qué ahora cambian las tornas, por mucho que se maree el diccionario buscando alternativas al sentido directo y propio de las palabras.

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