España no es Grecia, pero, diga lo que diga el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se le puede ir pareciendo. Los líderes helenos hicieron promesas imposibles de cumplir. Contrataron tantos funcionarios que ni sabían cuántos eran. Y manipularon sistemáticamente las cuentas para camuflar chanchullos. ¿Les suena, aunque sea de lejos? ¿No es inevitable pensar en graciosas ayudas para bebés o para coches, en cesiones millonarias a autonomías, en el coladero de la función pública, en sociedades paralelas y artimañas varias con las que eludir tribunales de cuentas y sindicaturas?

Los males no tienen aquí la desmesura griega. Excepto en lo tocante a subir impuestos -todo se andará, al loro-, las recetas para abordarlos son, en cambio, idénticas. Se veía venir. El último en querer enterarse era el Gobierno. Después de llamar antipatriotas y locos hace menos de una semana a quienes ponían en duda la solvencia española, Zapatero se descuelga de la noche a la mañana con un ajuste de caballo. Ya no es sólo que funcionarios y jubilados tengan que pagar los platos rotos con una importante merma de sus ingresos, algo inédito en la historia económica moderna de España. Es que, embeleco tras embeleco, los gobernantes nos han tomado por tontos inflando previsiones, hinchando velas de optimismo, complaciendo a todo el mundo. Alentaron la inconsciencia en medio del peligro y sembraron la peligrosa semilla de la desconfianza.

Ahora los mercados recelan. Los multimillonarios planes de rescate acordados por los países de la Unión Europea no han conseguido frenar el retroceso del euro, que sigue cediendo posiciones frente al dólar. Tampoco el duro ajuste anunciado por el Gobierno ha logrado contener la debacle bursátil. Tras la euforia volvió el miedo, y con él, la duda de si el histórico sacrificio impuesto a los españoles será suficiente para, por lo menos, detener la sangría sin comprometer irremediablemente el camino hacia la recuperación.

Échese la culpa a especuladores, disfrácese la cosa con la jerga que se quiera, invéntense atribuciones externas para evitar responsabilidades, el problema es bien sencillo: como en cualquier hogar, hay que garantizar que el gasto del país sea inferior a los ingresos, porque de lo contrario llega la ruina. Sólo de intereses el Estado paga por el dinero que le prestan en el extranjero para funcionar, que es muchísimo, tanto como en subsidios de desempleo, otra factura bárbara e insostenible durante mucho tiempo.

La atmósfera de cataclismo se instaló de sopetón entre nosotros. A nadie puede ocultársele ya, porque la herida escuece en carne viva, la necesidad de apretarse el cinturón. No ha lugar para poner verde al Gobierno cuando no hace nada y cuando, aunque sea forzado, se remanga. Sí cabe reprocharle que haya sido irresponsablemente sordo durante tanto tiempo, demagógico con los mayores en Rodiezmo, que haya aumentado salarios y plantillas públicas como si nada ocurriera hasta hace dos días, para blandir ahora el hacha. De haber actuado antes quizá la carga y su reparto serían otros. La oposición dio la voz de alarma, pero Rajoy no supo transmitirla con credibilidad y contundencia. Más preocupado de ver pasar el cadáver del rival por delante de la puerta, no conectó con la sociedad, que percibió en la algarabía la estrategia de siempre, juego de políticos. Pero esta vez eran gigantes, no molinos.

Hay una dolorosa evidencia. Durante muchos años, engañados, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. No somos ricos. La deuda privada duplica a la pública, el país está hipotecado. La autoridad es el atributo de un político. La terrible malformación de este Ejecutivo de globo sonda es que carece de ella para marcar liderazgo o para meter en cintura a los barones locales, algo ineludible si de verdad se quiere arreglar esto. A los pensionistas les van a quitar 1.500 millones de euros. Mantener las televisiones autonómicas cuesta cada año 1.000 millones. A algunas regiones no les vale con una, tienen dos y hasta tres. Las autonomías hacen de su opacidad un sayo, incluida Asturias. Siendo por gasto parte sustancial del Estado, cada vez resulta más difícil saber qué dinero reciben y cómo lo manejan. Algunas, en plena recesión, hasta han aumentado presupuesto.

Es hora de hablar de muchas cosas. El Estado del bienestar pesa como una losa, la sanidad asturiana a este ritmo hará crac en siete años, asevera el Consejo Económico y Social, nada sospechoso de «vendettas» que restregar al Principado. Tenemos una electricidad un 8,8% más cara que la media europea, cuando hace dos años era un 4,4% más barata, porque se priman las caras fuentes eólicas y solares, tras las que se parapetan, muchas veces, simples cazasubvenciones. Hay que reformarlo todo: educación, mundo laboral... Finiquitar los momios, el absentismo, el escaqueo, los ascensos sin mérito, los sobrecostes, los concursos a medida. Con crisis y sin ella, las administraciones públicas distan mucho de ser eficaces. Ni las autonomías pueden ser pequeños estados, que es lo que persiguen, ni el Estado puede seguir gobernando como antes con la mitad de dinero. Lo dice hasta un socialista de la generación que manda, y ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla.

España tenía, al comienzo de la crisis, margen de endeudamiento. En vez de aprovecharlo para financiar reformas que posibilitasen un crecimiento sano lo fundió en medidas defensivas. Antes una dulce agonía que amputar la gangrena, qué vulgaridad. El resultado, dos años perdidos. Nada se gana con lamentarlo. El gran factor diferenciador de Asturias y de España con respecto a otras economías es su elevadísima tasa de paro, sin equiparación posible con los países desarrollados. Necesitamos trabajo y más trabajo. Necesitamos empleo y empresarios, pero también políticos que sepan estar a la altura y sean capaces de transmitir confianza. Necesitamos desterrar a tantas cigarras y empezar a ser hormigas.