Parece obligado, y a quien esto escribe más dada su condición de funcionario, hablar de las propuestas del Gobierno para la resolución de la crisis económica que en estos días tantos ríos de tinta hacen correr. Resulta que, por imperativos internacionales, España ha de resolver algunas cuestiones económicas sobrevenidas y lo más fácil y socorrido es meter la mano en el cajón y tirar del lugar donde el dinero está más resguardado, los sueldos de los trabajadores de la propia empresa (léase la Administración) y los de aquellos que han dejado la vida activa (léase los jubilados). Hasta aquí poco o nada que decir, máxime si alguien pide solidaridad; como mucho sugerir que a los pensionistas no les toquen o casi las percepciones, aunque los que estamos en activo tuviéramos que asumir esa parte de la renuncia.
Pero bien, ¿todo esto para qué?, porque si el sacrificio no se complementa con otro tipo de decisiones políticas, difícilmente se podrá reorientar la confianza ciudadana hacia nuestros dirigentes, que las encuestas dicen que anda bajo tierra. No basta con rebajar sueldos, subir IVA y congelar pensiones, ni anunciar medidas Robin Hood de última hora y sin clarificar cómo se evitarán posibles daños colaterales (deslocalización de inversiones, fraudes y fugas de capital). Para que los ciudadanos volviéramos a confiar en los políticos hacen falta medidas que permitan sobrevivir a unas pymes cada vez más devaluadas por la reducción del consumo, controlar los beneficios y sueldos de los dirigentes de grandes bancos y empresas (públicas o no) y proyectar una imagen real de ahorro y austeridad administrativa, permitiendo a su vez generar riqueza y crear empleo.
En el ámbito asturiano, sin ir más lejos, sería muy de agradecer una profunda revisión del gasto público en lo que se refiere a infraestructuras, ultimando de una vez por todas las obras en marcha; ¿alguien se ha preguntado cuántos asturianos no verán el famoso tramo de autovía Unquera-Llanes, simplemente por haber fallecido en el larguísimo período desde su anuncio hasta su inalcanzable inauguración? Y qué decir de ese Muselón, que vive esta semana sus días de gloria social marítima antes de retornar a su cotidiana parálisis industrial (biodiésel, regasificación y ciclos combinados, autopista marina, terminal de contenedores, etcétera) y su actividad cultural con orquesta sinfónica y Laboral incluidas. Y para las obras que no están en proyecto, no estaría de más una reflexión colectiva sobre su necesidad o no; el caso que resulta más paradigmático -dejando aparte las bromas de los prescindibles túnel del Sueve y autovía asturiana a Ponferrada- sería el del AVE de Pola de Lena a Gijón, parando o no en Mieres apeadero, Ablaña, Soto de Rey, Oviedo o Villabona. Si en el momento actual de necesidades pusiéramos en una balanza los gastos de esta obra frente a los beneficios (económicos y ambientales), la actuación nunca se desarrollaría.
Ahorrar en cargos, carguinos y carguetes tampoco sería malo para nuestro Gobiernín, y si no recuérdese aquella lista de altos asesores y sueldos percibidos que circuló por la red de redes el pasado año, y que no realizan tareas de alta dirección que no pudieran asumir los propios funcionarios. ¿Y por qué no ingresar en las arcas públicas las percepciones dinerarias por la asistencia a los consejos de administración de los representantes públicos, que a fin de cuentas están en ellos por motivos de un trabajo por el que ya están siendo remunerados?
Frente a tanto déficit, a mí se me antoja que una revisión de precios -léase tasas- no vendría nada mal, para que los ciudadanos valorasen algo más nuestro trabajo -el de los empleados públicos- y para que no parezca que lo colectivo es sinónimo de malo, barato e innecesario. En cuestiones tan modestas como las ambientales, pregúntenle a alguien viajado cuánto cuesta entrar en un parque nacional por esos países de Dios y cuánto se paga por los servicios que se prestan en los Picos de Europa o en Muniellos, sin ir más lejos; o cuánto cuesta pescar en un río o cazar un animal silvestre con guarda acompañante.
Y en el plano municipal pregúntenle a alguno de nuestros endeudados ayuntamientos cuánto cobra de licencias de obra según a quien, cuánto cuesta mantener una piscina cubierta y cuánto se cobra por su uso, cuánto recaudan de IBI municipal y cuánto gastan en gratuitos e inverosímiles servicios, como por ejemplo una ludoteca municipal al servicio del turismo. En fin, solidaridad sí, pero también mucha responsabilidad en nuestros dirigentes, o si no, el tiempo traerá sorpresas. Por cierto, ¡haxa salú!
