Cada día que pasa parece más cierto que el 12 de mayo (fecha del plan de recortes del gasto público) marcará un antes y un después en la vida económica española. Con el anuncio, por primera vez en la historia reciente, de que se rebajarán los sueldos a los funcionarios, se rompió el mito de que había grupos (como los citados, o los pensionistas) que siempre quedaban al margen de las sacudidas que afectaban a los demás. Y eso sólo fue el principio.
En días posteriores, el ministro de Fomento afirmó que la «era de las grandes inversiones en obra pública ha acabado» al «haberse planificado infraestructuras por encima de las necesidades del país». Y es que, ¿es normal construir líneas del AVE para llegar a capitales de provincia de 50.000 o 100.000 habitantes?
Así, ante una situación de recursos escasos, los que más tienen se resisten a repartir. De ahí que el portavoz de CiU en el Congreso tocara otro tema poco abordado en el debate público: el cuestionamiento del plan de empleo rural. Duran i Lleida cree que dichas subvenciones son instrumentos para mantener un «voto cautivo». En Andalucía y Extremadura saltaron a la yugular de Duran, pero éste tiene fama de ser político prudente y, si abrió el debate, será porque habrá visto el caldo de cultivo adecuado.
Lo que evidencia esto (y que se verá en los próximos meses, con más recortes e impuestos) es que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades y toca devolver lo prestado (no debe olvidarse que la suma de la deuda pública y la privada se acerca al ¡400%! del PIB). Todo ello, en un clima de malestar y profunda desconfianza del electorado hacia nuestros dirigentes. Pero, ahí fuera, no esperarán a que nos pongamos de acuerdo para efectuar las reformas de fondo. Las haremos, sí o sí.
