Si hay algo sacrosanto en un país, si hay un periódico que no puede equivocarse nunca, si hay un texto con fuerza de ley de obligado cumplimiento, éste es el «Boletín Oficial del Estado», garantía de seguridad jurídica y de seriedad de una nación en el cumplimiento de sus obligaciones y limitaciones. Por eso, cuando el BOE se «equivoca», sobre todo si es en materia sensible, rachas de viento helado recorren los despachos inversores y los corazones de los ciudadanos.
Cuando el BOE publica algo, máxime si afecta a la vida municipal en su conjunto, como ha sido el caso que comento, se supone que el tema ha sido revisado, aquilatado y hasta consensuado -o al menos se ha intentado consensuarlo- con los distintos estamentos afectados. Nada de esto se ha dado en la presente ocasión: la gaceta oficial desmiente, aplazándola, la fecha en la que debería entrar en vigor la prohibición a los ayuntamientos para endeudarse. La «rebelión de los alcaldes» que se produjo este lunes, y que inundó de llamadas indignadas las sedes socialistas y a la propia Moncloa, habría obligado a esta rectificación, minimizada como «fe de errores» por la vicepresidenta económica, aplazando seis meses, hasta enero del año próximo, esta entrada en vigor de la prohibición a las corporaciones municipales.
Lo peor no es tanto la sensación de improvisación cuanto la de que se ha pretendido ocultar el asunto, precisamente por temor a la reacción de unas corporaciones locales ya al borde de la asfixia económica: la prohibición de endeudamiento desde el 1 de junio, aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, se silenció en la referencia posterior del mismo, se ocultó a los alcaldes socialistas que compartieron el domingo el mitin con Zapatero en Elche y solamente se conoció cuando, el lunes, apareció en el BOE. La escandalera subsiguiente obligó a la mencionada (y apresurada) rectificación en el BOE de este martes, rectificación que aparece cuidadosamente oculta entre otras varias «fes de errores» de mucha menor importancia.
Siento decirlo, pero no creo en el error tipográfico, que es, más o menos, como se ha pretendido presentarlo. Pienso, más bien, que estamos nuevamente ante un amagar y no dar -pero esta vez, con traducción en la gaceta oficial-, como antes ocurriera con la subida de impuestos a «los ricos», prontamente desaconsejada desde las máximas instancias del Banco de España, o con tantas idas y venidas, con tantas declaraciones programáticas desautorizadas por la fuerza de los hechos o por las presiones de Europa. Imposible pasar por alto tanta descoordinación, tal falta de planificación. España, cierto, no es el único país de Europa convulsionado por los avatares económicos, pero sí es de los más convulsionados y, sin duda, de los que peor tratan la crisis a la hora de presentarle batalla ante sus propios ciudadanos y ante los mercados extranjeros.
No faltan estos días comentaristas que, basándose en estos indicios de cierto caos, presenten a Zapatero abrumado, en busca de soluciones desesperadas. Soy de los que creen que hace tiempo que deberían haberse arbitrado medidas de alcance, sobre todo encaminadas a generar confianza en la ciudadanía: un consenso general con otros partidos, especialmente con el principal de la oposición. Se ha hecho al revés: en la crecida de la inseguridad jurídica y del desmadre se ha llegado a convertir al BOE casi en un tabloide. Ya solo le faltan al «Boletín» las fotografías (en color, claro) para completar el tono surrealista de esta vida política nuestra.
