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Editorial

Una reforma profunda de las cuentas municipales

n La crisis obliga al Ayuntamiento a racionalizar sus cuentas y a hacer un ajuste serio entre ingresos y gastos

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Una reforma profunda de las cuentas municipales
Una reforma profunda de las cuentas municipales  

El Ayuntamiento de Gijón, como el resto de las corporaciones municipales, recibió con gran disgusto el decreto del Gobierno en el que se prohíbe a las administraciones locales solicitar créditos a partir de 2011. Al margen de que el Ejecutivo rectificara después la polémica medida, para que no entrara en vigor de inmediato, sino dentro de siete meses, esta disposición obliga a los ayuntamientos a programar sus cuentas sin realizar operaciones de crédito a largo plazo.

Se trata del primer aviso serio de recorte de gasto que ha llegado a los municipios, tal y como ha sucedido también en los tres grandes capítulos de gasto del Estado: pensiones, personal e inversiones.

No obstante, ni las corporaciones locales son las que más contribuyen al déficit de las cuentas públicas, ni el Ayuntamiento de Gijón ha abusado del endeudamiento que le permitía la ley. Pero esto no evita los evidentes peligros que se ciernen sobre las cuentas municipales, las cuales siempre han estado pendientes de una reforma de la financiación de las entidades locales que, después de 35 años de democracia, todavía no se ha producido.

El desolador panorama económico dibujado por la crisis no debería ser la excusa para posponer dicha reforma, sino para abordarla con mayor brío durante los próximos años. La recuperación de España será lenta, según todos los indicadores, y ello recomienda ir realizando importantes reformas de base, empezando por los ayuntamientos.

Por ejemplo, en España se viene asociando desde hace medio siglo el urbanismo con los ingresos municipales. Es decir, buena parte de la recaudación de un Ayuntamiento procede del ICIO, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pero la actividad constructiva ha dado señales de agotamiento y nada indica que vuelva a ser una importante fuente de ingresos municipales. ¿Qué puede sustituirla? Resolver esta cuestión es un elemento clave de la reforma. Otra parte de los ingresos municipales procede de otros impuestos y tasas propias o de los cedidos por el Estado y la comunidad autónoma. El reparto de la tarta fiscal siempre ha sido discutido y los ayuntamientos se quejan de que ofrecen muchos más servicios a los ciudadanos que los que les permite el dinero que ingresan o reciben.

Esta queja puede reflejar una situación real, pero la sorpresa llega cuando hay solapamiento o duplicidad de competencias. Por poner dos ejemplos, tanto los servicios sociales como la promoción turística son competencias de las autonomías, pero el Ayuntamiento de Gijón, sin ir más lejos, dedica cuantiosos recursos a ambas parcelas. El ajuste de estas disfunciones debería de ser otro de los puntos a discutir en la citada reforma.

La crisis está obligando a las administraciones a una racionalización y a un efectivo ajuste entre gastos e ingresos. Es decir, el Ayuntamiento o bien sube sus impuestos propios, tasas y precios públicos, o bien rebaja los gastos. Se han llevado a cabo gestos simbólicos como la reducción de nóminas de la Alcaldía y los concejales, pero el ajuste ha de ser mucho más profundo y ha de afectar a todos los niveles y los servicios del Ayuntamiento, primando el gasto social por encima de otros más prescindibles. Esta actuación es ahora mismo la más urgente, pero sin olvidar que la tarea fundamental ha de ser la reforma profunda de la financiación de los ayuntamientos.

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