Recientemente pude asistir en San Sebastián a una jornada de análisis sobre el sistema de protección de menores de Guipúzcoa. A la misma, además de todos los responsables de la planificación y gestión de la política de infancia de la provincia estaba invitado Jorge del Valle, profesor de la Universidad de Oviedo y reconocido especialista en la materia. Entre los múltiples datos que se pusieron sobre la mesa (dicho sea de paso, tremendamente favorables a la actual gestión que se realiza en este ámbito en Guipúzcoa) salió uno a relucir, del cual se hizo eco la prensa local, y que venía a explicar lo siguiente: en Guipúzcoa ya hay más niños y niñas (autóctonos) acogidos en familias (ajenas y extensas) que en centros tutelados.
El dato es demoledor, es decir, Guipúzcoa ha conseguido invertir una tendencia en España altamente institucionalizadora de los menores, apoyándose en recursos alternativos para la protección que desde hacía muchos años los expertos venían situando como los más apropiados para el desarrollo de los menores protegidos. El propio Senado discute hoy día una reforma de la ley de Adopción, que potencie de forma clara el acogimiento frente a la institucionalización en centros de los menores.
El acogimiento familiar, como se indica en múltiples estudios y publicaciones (a los que Del Valle y su equipo han hecho importantes aportaciones), no es una forma de abaratar costes en la atención a la infancia, sino de garantizar aún más si cabe el derecho preferente del menor a ser atendido en las mejores condiciones. Por muy bien dotados que estén los centros de acogida y por muy efectiva que sea su labor, el entorno familiar siempre proporciona al menor mayores garantías de desarrollo personal, vinculado al apego, a la seguridad, al desarrollo madurativo, etcétera.
En Asturias, siguiendo la tendencia del resto del Estado (excepto los ya mencionados éxitos en algunos territorios), se han dado tímidos avances en esta materia. Se han impulsado, cierto es, programas de familias de acogida que han tenido escaso desarrollo y con más sombras que luces en la gestión y en los resultados. Si nos ceñimos a valores numéricos, las cifras hablan por sí solas, Guipúzcoa (con una población menor a la asturiana) tiene acogidos en familias ajenas 122 menores, mientras que en Asturias no se alcanza la quincena. Y esto no precisamente porque en Asturias haya menos niños que necesiten protección.
Esta realidad asturiana tiene que ver fundamentalmente con una falta de planificación y apuesta político-técnica real por un desarrollo novedoso y mucho más ambicioso del sistema de protección de menores. No podemos conformarnos con lo que tenemos hasta ahora, seguimos encasillados en una gestión inmovilista, que continúa en los mismos parámetros de 10 o 15 años atrás (o peor, porque por ejemplo hemos pasado de potenciar los recursos de acogida con unidades de convivencia reducidas a una tendencia al alza de mantener los centros con muchas más plazas, con todo lo que ello supone en contra de la normalización de estos menores). Las políticas de infancia, como en otros sectores, deben ir adaptándose a las nuevas realidades sociales (véase lo que ocurre hoy día con los menores extranjeros no acompañados) sabiendo que el acogimiento familiar es ya en muchos países europeos uno de los pilares del sistema de protección de menores. Necesitamos en Asturias una estrategia global de protección a la infancia (incluso desde el ámbito legislativo) que ponga en el centro de la gestión los intereses de los propios menores, que potencie nuevos dispositivos de protección, como las familias voluntarias, las familias profesionales y sobre todo, y por encima de todo, la prevención y la detección precoz de situaciones de desprotección, a través de las políticas de ámbito local (servicios sociales de base, unidades territoriales y trabajo comunitario en los barrios), donde los ayuntamientos tienen mucho que hacer y que decir.
En el caso concreto de los programas de familias de acogida, no podemos pretender que éstas lo hagan todo solas. Primero se requiere una estrategia clara y perfectamente definida de captación de voluntarios, que se les motive y se les acerque la información. Necesitamos una potente red de recursos alrededor de estas familias que den cobertura a las múltiples necesidades que se puedan dar con los menores (y no estamos hablando muchas veces de crearlos de nuevo sino de estructurar los que ya hay en una buena red). Debemos tener claro que las familias de acogida no son una alternativa a la saturación de los centros, sino una alternativa para los menores protegidos. Por otro lado, una familia de acogida necesita formación continua para afrontar los diferentes retos que se le pueden presentar, lo cual nos exige una planificación rigurosa a este respecto, así como información veraz, adaptada y concisa sobre la situación que se les plantea.
En definitiva, Asturias necesita una reflexión en profundidad de qué es lo que queremos hacer con nuestro sistema de protección de menores en los próximos años. Necesitamos generar una buena red de recursos, homogeneizar las intervenciones, crear nuevos dispositivos ante las nuevas realidades y, sobre todo, insistiendo en la idea, trabajar en la detección precoz y en la prevención de situaciones de desprotección, es decir, no podemos seguir trabajando, como hacemos ahora, sólo sobre lo urgente.
