El Gobierno actúa enérgicamente contra los controladores y sube fuertemente el precio del tabaco. No es frivolidad comparar ambos asuntos. La espantada de los señores y señoras de las torres de control (empleamos el matiz de género porque son más ellas que ellos) ha sido nefasta, pero nunca una situación semejante le había proporcionado al Gobierno argumentos para sacar tanta artillería, estado de alarma incluida. Vamos a la Constitución y leemos que tal estado puede ser declarado por catástrofes o calamidades públicas (terremotos, inundaciones, accidentes de gran magnitud); por crisis sanitarias (epidemias o contaminación grave); por desabastecimiento de productos de primera necesidad; o por paralización de servicios públicos esenciales que den lugar a las situaciones anteriores. Hombre, lo que han causado los controladores es un desastre, pero de ahí a la catástrofe hay un trecho. Además, con el estado de alarma decretado se suspenden derechos, que es una cosa muy seria. Por ejemplo, se puede limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados; se pueden practicar requisas de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; se pueden ocupar industrias, fábricas, talleres, explotaciones y locales de cualquier naturaleza; se puede racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, etcétera.
Insistimos: el daño ha sido grande y las molestias muchas, pero no parece que se haya llegado a las calamidades generales o a poner miles de vidas humanas en riesgo. Por tanto, hemos de sospechar hasta cierto punto, ya que no se decreta un estado de alarma con la misma facilidad que se pone el tabaco por las nubes.
