La ya finalizada ampliación de El Musel fue entregada a la Autoridad Portuaria el lunes de esta semana. Se trata, sin duda, de un gran logro para la ciudad de Gijón y para Asturias en su conjunto. Su construcción se ha ejecutado además en un tiempo razonable (la primera piedra se puso el 2 de abril de 2005), lo cual no es fácil en una obra de tal magnitud, que ha ganado al mar 140 hectáreas y que ha creado una nueva dársena de otras 145, todo ello frente al mar Cantábrico y mediante un impresionante nuevo dique de abrigo de 6 kilómetros. Su coste total ha sido de 715 millones de euros, sin IVA, una cantidad jamás licitada antes en Asturias y alcanzada tras un modificado, o sobrecoste, de 212 millones, en octubre de 2007.

El superpuerto de El Musel es ya un hecho, pero es justo en este momento cuando la Autoridad Portuaria, el Principado y Puertos del Estado habrán de trabajar más duro. Las preguntas sobre el nuevo puerto se refieren a varios aspectos, comenzando por el coste definitivo, más su financiación europea y la liquidación económica con los contratistas, aún pendiente; continuando por su futuro equipamiento y su orientación estratégica y terminando por las infraestructuras complementarias y necesarias, que aún no han sido desarrolladas. En primer lugar, la unión temporal de empresas Dique Torres, formada por Dragados, FCC, Sato, FPS y Alvargonzález Contratas, ha hecho la entrega formal de la obra, pero existe aún una disconformidad sobre su valoración económica, de modo que Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) y Dique Torres aún no han resuelto este punto. La discrepancia no es pequeña, pues la Administración calcula que el superpuerto debe costar entre 60 y 70 millones menos. La discusión ha sido tan profunda que los contratistas llegaron a paralizar la obra el pasado septiembre.

Otro frente económico irresuelto es el que depende de la Comisión Europea. La Administración de la UE ha sometido a la obra portuaria gijonesa a sendas investigaciones cuyo dictamen final aún no se conoce. Tanto la Oficina Antifraude (OLAF) como el departamento de Regiones de la Comisión mostraron discrepancias con ciertos aspectos legales de la contratación de la obra y el Gobierno de España presentó alegaciones al respecto. Lo que de ello depende es que la liquidación de los fondos europeos para El Musel sea más o menos cuantiosa, una circunstancia que incidirá en el ya abultado crédito de 255 millones de euros que, avalado por Fomento, la Autoridad Portuaria hubo de tramitar para hacer frente al pago de la obra. Es, por tanto, mucho dinero el que aún está en juego. A ello se suma que, hoy por hoy, El Musel ampliado es una magnífica infraestructura, pero pendiente de que sus nuevos espacios portuarios sean ocupados. Es el caso de la terminal de graneles líquidos, que lógicamente tendrá que ser la abastecedora de la regasificadora en construcción. También está previsto que la terminal de minerales (EBHI) se traslada al nuevo muelle Norte, de manera que el espacio que deje libre junto al dique Príncipe de Asturias se transforme en muelle para mercancía general. Pero todo ello comienza ahora mismo y significará varios meses, si no años, de operaciones laboriosas y costosas.

En cuanto a las comunicaciones y a los servicios complementarios al puerto, el panorama es similar. La construcción de los dos nuevos accesos a El Musel, que fueron comprometidos en 2005 por Fomento, sigue pendiente de licitación cinco años después. La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), en San Andrés de los Tacones, es otro elemento clave para El Musel. La primera piedra de sus enlaces por autovía fue colocada esta misma semana, pero su proceso de gestación ha sido muy lento hasta la fecha.

En consecuencia, son bastantes los interrogantes acerca de la operatividad de El Musel una vez ampliado. La finalización de la obra ha coincidido con el momento más abrupto de la crisis económica y ello dificultará aún más que se disipen las sombras sobre el puerto gijonés. No obstante, los gijoneses y los asturianos necesitan tener constancia de que las administraciones y los responsables públicos implicados actuarán con diligencia y despejarán el futuro de la principal infraestructura de la región, de cuyo desarrollo depende en buena medida el futuro de Asturias.