JAVIER NEIRA
La publicación, ayer, del acta de la reunión que la ETA mantuvo con enviados del Gobierno el 22 de junio de 2006 es quizá lo más fuerte que se ha dado a conocer en España en las últimas décadas.
ZP tiene solo dos opciones: asegurar que es falsa -demostrándolo, y para eso sólo cabe publicar el acta redactada por el bando gubernamental- o dimitir.
La reunión se celebró mes y medio después del chivatazo del bar Faisán y por el medio los terroristas que entonces se libraron de la Policía porque fueron avisados en última instancia por otros policías -así de gravísimo fue- ya habían sido detenidos. Todo inscrito en el llamado proceso de paz o, mejor dicho, de rendición de España ante la ETA.
En el acta se recoge que según los gubernamentales las detenciones «fueron un accidente grave, un asunto que viene del juez» y que al tener noticia de tal los enviados del Gobierno «se irritaron». Los gubernamentales informaron -siempre según el acta- de que para facilitar el siniestro proceso se puso a Rubalcaba en Interior, se cambió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, se ordenó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que no detuviesen terroristas, se ocultaron montones de cartas de extorsión en poder de Rubalcaba para blanquear a la ETA y hasta se ofreció dinero a los terroristas utilizando una organización internacional como pantalla. Asimismo, los enviados por Moncloa aseguraron que todo lo habían estropeado el PP, los jueces y las víctimas pero que seguían con la hoja de ruta aunque con disimulos.
Cosas así están tipificadas en el Código Penal como alta traición y decenas de años de cárcel.
O ZP demuestra que esa acta es una patraña o se va para casa antes incluso del día 2 de abril, que se señala como límite a su delirio de siete años.
Ni que decir tiene que no va a ocurrir nada de nada, porque el PP es simplemente una máquina de heredar: así se cierra el círculo de este drama.