El lobo es una especie con mala sombra. Con frecuencia, los ganaderos lo acusan de ser uno de los responsables del declive del sector. Incluso, algunas asociaciones de cazadores han llegado a culpar al lobo por alimentarse de presas silvestres, que también son objetivo de sus rifles. Es innegable que existe un conflicto entre los intereses de los ganaderos y la conservación del lobo. Sin embargo, los datos evidencian que las dimensiones reales del problema son muy reducidas y no guardan relación con el alarmismo y las quejas del sector ganadero.

Según los datos de los que dispone la Administración regional, en los últimos años el número de lobos ha permanecido estable en torno a los 30 grupos o manadas. En 2009, último año del que hay datos públicos, tan solo una de cada 26 explotaciones ganaderas existentes en Asturias ha sufrido daños del lobo, es decir, más del 96% de las mismas no ha tenido ningún ataque a sus rebaños. El valor de los daños provocados por los lobos se sitúa actualmente en torno al millón de euros anuales. Esta cifra supone tan sólo el 0,3% de la renta agraria regional y menos del 2% del importe de las subvenciones que recibe el sector agroganadero. Para hacernos una idea más gráfica, es lo mismo que el coste de unos 20 metros de la línea del AVE en la variante de Pajares. En este balance económico también habría que considerar que el lobo ejerce un control sobre las poblaciones de jabalíes, ciervos o corzos, que provocan importantes daños a la agricultura. Además, el lobo es un indicador de la alta calidad ambiental del territorio y, por tanto, un atractivo del que se benefician otros sectores económicos del mundo rural como el turismo.

Una vez establecida la escasa relevancia económica del problema, cabe preguntarse si las medidas de gestión que se vienen adoptando son adecuadas para resolverlo. Hay tres tipos de medidas que pueden adoptarse para reducir las pérdidas económicas causadas por la fauna salvaje: prevenir los ataques, compensar económicamente los daños y eliminar los ejemplares que los provocan.

Matar lobos puede tener un efecto contraproducente, como han demostrado estudios científicos llevados a cabo con distintas especies de carnívoros sociales. El lobo es un animal que vive en manadas, y la eliminación de ejemplares puede desestabilizar su estructura social, provocando un cambio de comportamiento de los individuos. Una vez rota la cohesión del grupo, los ejemplares supervivientes pueden verse abocados a buscar presas más vulnerables como el ganado doméstico. Por otro lado, resulta prácticamente imposible saber qué individuos están implicados en los ataques, de manera que se podría estar actuando sobre ejemplares «no problemáticos», mientras que los causantes de los daños, podrían seguir actuando sobre el ganado.

En cuanto a las compensaciones económicas, una gran parte de las subvenciones que ya reciben los ganaderos son ayudas agroambientales. Estas llevan como condición implícita un compromiso con la conservación del medio ambiente, que ha de incluir al lobo, al ser una especie clave en el funcionamiento natural de los ecosistemas cantábricos de montaña. Por otro lado, no puede obviarse que las compensaciones abren la puerta al fraude y al manejo negligente del ganado. Solo así puede calificarse el comportamiento de unos pocos ganaderos que reciben decenas de ataques a lo largo del año y les resulta más ventajoso económicamente cobrar las indemnizaciones que poner los medios para evitar que los ataques se repitan. Por poner un ejemplo, en el año 2009, una sola explotación fue indemnizada por haber recibido ataques de lobo en 65 ocasiones. En otros casos, se atribuyen a los lobos ataques provocados por perros asilvestrados. También es habitual culpar a los lobos de la muerte de reses de las que se han alimentado en forma de carroña, es decir, una vez muertas por cualquier otra causa.

Por ello, las orientaciones sobre la gestión del lobo elaboradas por la Unión Europea inciden en que las compensaciones deben aplicarse, exclusivamente, en los casos en que los ganaderos hayan adoptado medidas preventivas para evitar los ataques.

Estudios científicos llevados a cabo en distintos países europeos, como Noruega o Italia, han puesto de manifiesto que el nivel de daños depende en gran medida del manejo que se hace del ganado, y no tanto del número predadores. Así, pues, la aplicación de medidas preventivas debería ser el factor clave en la política de daños. Además, algunas de estas medidas, como el uso de perros mastines para proteger el ganado o la vigilancia continuada de los rebaños, han formado parte de manejo tradicional del ganado llevado a cabo durante siglos en la cordillera Cantábrica. Sin embargo, en Asturias no es una condición necesaria para cobrar la indemnización por un daño, y es nulo el interés por fomentar la adopción de medidas preventivas. Prueba de ello es que en el año 2009 tan sólo se concedieron ayudas para la prevención de posibles ataques a tres entidades vecinales y un particular.

La política de daños llevada a cabo en nuestra región va en contra de lo que aconsejan los conocimientos existentes, al dar prioridad al pago de daños y la eliminación de ejemplares. Así, el número de lobos abatidos por la Administración no ha dejado de crecer, de hecho, recientemente se ha aprobado la eliminación de 47 lobos y de 4 camadas de cachorros. Esto supone, al menos, duplicar la que hasta ahora era la máxima cifra de muertes autorizadas.

Seguir matando lobos no es la solución, porque su número nunca ha sido el problema. El verdadero conflicto son los daños a la ganadería, y éstos se han incrementado significativamente en los últimos años, a pesar de no haber aumentado el número de lobos. Esto evidencia que es necesario un cambio radical en las medidas de gestión aplicadas hasta ahora. Para ello, es esencial tener en cuenta los conocimientos que hemos adquirido sobre la biología y la ecología del lobo, y huir de los mitos, las falsas creencias y el sensacionalismo que suelen acompañar a esta especie. Ya es hora de librar al lobo de la mala sombra con la que históricamente le hemos condenado.