Los ciudadanos otorgaron su confianza a los políticos que eligieron el pasado 22 de mayo para volcarse en buscar soluciones a los graves y urgentes problemas que tiene Asturias sobre la mesa y no para dedicarse a abrir otros que la sociedad regional consideraba superados. Es el caso de la Caja. El debate sobre su futuro renace cuando ya se había encontrado hace tiempo una salida consensuada similar a la que se aplicará en todos los sitios. Con 80.000 parados sufriendo la más indigna de las situaciones, un insoportable 45% de desempleo juvenil, las autovías a medio terminar y una educación y una sanidad sostenidas en precario con recursos menguados existe tarea abundante en la que aplicarse antes de extraer de la chistera nuevos frentes artificiales.

La discusión que intenta reavivar ahora Francisco Álvarez-Cascos desde Foro sobre el control de la Caja ya la sustanció Asturias hace once años. El socialista Vicente Álvarez Areces hizo al poco de acceder a la Presidencia del Principado un intento para controlar la institución financiera. Para ello incluso se enfrentó a su propio grupo. El debate que se originó y las decisiones que se adoptaron propiciaron una estabilidad que fortaleció a Cajastur. Antes de esa solución, con el ahorro de los asturianos se habían cometido errores y arbitrariedades: financiación privilegiada de los amigos, cuantiosos créditos perdonados a las empresas adictas y hasta medios de comunicación adquiridos con el único fin de ponerlos al servicio del Gobierno. Cómo sería que un ex presidente regional socialista, Juan Luis Rodríguez-Vigil, llegó a decir en público que de haber sabido de algunas actuaciones de quienes, bajo su mandato, estaban al frente de Cajastur, los habría «echado a patadas».

Por cosas como esas la Caja estuvo al borde de la ruina; la morosidad y la insolvencia la comprometían. Cuando, por propia supervivencia, comenzó a regirse por criterios más profesionales llegó Areces. Y lo primero que se le ocurrió fue restaurar el viejo orden para poner la institución bajo su dominio. El PSOE y el PP, en un entendimiento responsable, se unieron para profesionalizar y despolitizar Cajastur, y no convertirla en campo de batalla perpetuo. Todo está inventado. Curiosamente, eran entonces los arecistas quienes denunciaban «un contubernio» para controlar el Principado, con múltiples apoyos fácticos, entre José Ángel Fernández Villa, el poder socialista, y Cascos y Gabino de Lorenzo, mandamases populares. Los tres actuaron entonces con altura de miras y sin complejos por votar juntos en beneficio de Asturias.

Los políticos deben favorecer la solución de los problemas, no su enconamiento. Éste es uno de los pocos ámbitos en los que la región puede legítimamente sacar pecho y presumir de pionera. Tras aquella escaramuza, la calma ejemplar vivida aquí, propiciada por socialistas y populares, permitió una gestión con criterios profesionales que en algunas cosas creó escuela. Muchas directrices trazadas por la Caja para la independencia y la formulación de fusiones fueron tomadas luego como modelo por la autoridad bancaria para la reordenación actual.

Puede que existan otros caminos, pero el resultado del emprendido hace once años está a la vista. Cajastur goza de un prestigio nacional que le ha permitido crecer y liderar uniones, con el único lunar de la alicantina CAM, cuyas cuentas obligaron a frenar la alianza. Mientras la asturiana sale de pesca por otras comunidades, las cajas gallegas, las valencianas, las castellano-leonesas, las andaluzas y las catalanas buscan desesperadamente a alguien que las salve del hundimiento o la nacionalización. Pagan así su descarada instrumentalización política.

Los impositores desean que sus ahorros los gestionen profesionales competentes porque es la mejor garantía. En este complicado panorama las cajas no pueden ser ni pesadas cargas para el ciudadano ni momios para el gobernante.

Aunque su papel en esta crisis haya dejado mucho que desear, entre otras cosas por no haber castigado como se merecían a los directivos que han conducido por iniciativa propia o por obediencia a los políticos a unas cuantas cajas a la ruina, el Banco de España casi lo repite ahora cada semana como un mantra: el objetivo en adelante tiene que ser precisamente profesionalizar y despolitizar las cajas. Morirán si no son capaces de competir de igual a igual con sus rivales y con los bancos. Para ello necesitan salir al mercado en las mejores condiciones. El gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez calcula que si en los últimos diez años hubieran trabajado de manera tan eficiente como los bancos, sus ganancias habrían aumentado en 17.000 millones. Un estudio científico de Luis Garicano y Vicente Cuñat, profesores de la London School of Economics, revela que la politización eleva la morosidad de este tipo de entidades sociales en 20.000 millones.

Lo sorprendente es que lo que ahora imitan otras regiones se cuestione en este momento para Asturias y que quienes hasta hace seis meses consideraban idóneo el rumbo elegido -lo respaldaron con sus votos- mantengan una postura contraria al cambiar de partido. Como si no tuvieran libertad de pensamiento. Las cajas, las catalanas, las andaluzas, las gallegas, las valencianas, las vascas, las castellanas, la madrileña, la asturiana..., han renunciado a las fundaciones para convertirse en bancos con el fin de competir en el mercado, servir más eficientemente a sus clientes y que sean sus accionistas quienes al final nombren y juzguen a sus directivos, que dejarán de ser obedientes cumplidores de las órdenes del gobernante de turno.

A última hora ha surgido otra voz discrepante, la de José Antonio Monago, aspirante a la Presidencia de Extremadura y militante del PP, que no ve claro el proceso de fusión de su caja, pero por todo lo contrario de lo que denuncian los críticos de aquí: considera que la entidad extremeña va a ser absorbida por la asturiana y ve en el Principado un buen lío político que no sabe cómo va a acabar.

Hecha esta excepción, lo que sirve para presidentes como Núñez Feijóo, en Galicia; Esperanza Aguirre, en Madrid; Artur Mas, en Cataluña; Camps, en Valencia; López, en el País Vasco; Rivero, en Canarias; Valcárcel, en Murcia; Griñán, en Andalucía, o para directivos como Rodrigo Rato, de Bankia-Caja Madrid; Fainé, de la Caixa; Castellano, de NovaCaixaGalicia, o Braulio Medel, de Unicaja, no sirve para Cajastur, según el último coletazo de la pasada contienda electoral. ¿Estarán todos ellos equivocados?