Las procelosas aguas en las que se están moviendo las prestaciones para los dependientes nos obligan a todos (profesionales, afectados, organismos públicos) a leer nuestras cartas de navegación incluso en la oscuridad, y es que si por algo se caracteriza la cosa es por las dudas e inseguridad jurídica que genera la tramitación y resolución de los expedientes. Estamos ante un sistema colapsado por la pinza que ejercen a partes iguales la escasez de recursos y la falta de rigor para administrar con inteligencia esa escasez. En términos maltusianos, la brecha que separa al afectado del recurso prestacional se agranda en proporción geométrica. La dependencia como cuarto pilar del Estado del bienestar me recuerda al quebrado pilar de algunas ruinas griegas, y ahora es vaticinable el regreso a la tríada que nunca se debió abandonar en aquella optimista aventura antropológica: pensiones, educación y sanidad. No otra cosa podía esperarse de una ley tan malparida como luego mal alimentada, con una severa dislocación entre la bonanza del tiempo en que fue promulgada (14 de diciembre de 2006) y la crisis en que le ha tocado ser aplicada, siendo buena prueba de ello el real decreto 8/2010 de 20 de mayo, para la reducción del déficit público, por el que se prohíbe la retroactividad de las prestaciones a la fecha de su solicitud, generándose tal derecho en la fecha de su concesión o, cuando menos, al día siguiente del plazo de seis meses fijado como límite procedimental en el caso de existir silencio administrativo, facultándose, además, al organismo público para abonar los atrasos devengados en un dilatado plazo de cinco años. El colapso económico del sistema no sólo deriva de una falta de racionalización de medios, sino también del acceso a las prestaciones en 2011 por parte de los dependientes de grado I, nivel 2, lo que supuso una incorporación al SAAD en Asturias de en torno a 7.000 afectados, estando previsto que el 1 de enero de 2013 acceda ya el último cupo (los de nivel 1) en esta aplicación gradual que principió el 1 de enero de 2007 y finalizará en 2013.

Uno de los muchos tumores que aquejan a ese organismo enfermo es el amplio e injustificado periodo que transcurre entre la concesión de las prestaciones y la aprobación del PIA (plan individual de atención) al dependiente ya reconocido como tal, constituyendo ese lapso endémico lo que se viene a llamar limbo de la dependencia, que en el caso de Asturias sobrepasa los 6.000 casos, algo que no es de recibo, teniendo en cuenta que los beneficiarios actualmente ascienden a 13.890. Ello tiene una consecuencia directa y no poco atribulada, como es que la ley de los Presupuestos Generales del Estado establece la financiación a las comunidades autónomas en esta materia en función del número de personas dependientes y no del coste real de los servicios. Si a eso unimos el que la consideración de dependiente lo es con el PIA suscrito nos encontramos con que un buen segmento de la aportación estatal es ficticia en aquellas comunidades donde se produce tal desajuste entre los dos episodios prestacionales, tal como ocurre hoy en día en las cinco comunidades donde ha habido cambio de Gobierno, entre las que se halla la nuestra, de ocioso recordatorio.

Tanto más aplicada ha de ser la tarea de nuestra Consejería por lo drástico de la reducción de la aportación estatal para el ejercicio de 2011, pasando de un aumento de 422 millones para 2010 a un descenso de 83 millones para el año presente. La siguiente consecuencia perniciosa es una mayor atomización de la aportación regional para alcanzar al mismo número de afectados para respetar las reglas de equidistribución. Lamentablemente, esa reducción económica implicará una perpetuación de la proliferación de las prestaciones a cuidadores familiares, previstas en la ley 39/2006 como hecho excepcional y, sin embargo, consolidada hoy día como mecanismo avieso de sostenimiento económico familiar y abierta burla al sistema con un perdedor directo, el dependiente, y otro indirecto, el Estado, al desaprovechar la potencialidad recaudadora de tanta contratación cualificada perdida, tanto por la vía cotizadora a la Seguridad Social (no son parangonables las cuotas que ingresan un cuidador familiar y un asistente personal o un asalariado de centro ocupacional o geriátrico) como por la vía fiscal (mayor facturación de servicios geriátricos a efectos de tributación directa e indirecta por los centros especializados). Las cifras dadas por el Imserso a fecha 1-12-2011 hablan por sí solas: 6.962 personas asistidas por un cuidador familiar contra 1 persona atendida por un asistente personal. O, lo que es lo mismo: en España de 740.000 personas dependientes son 420.000 las que perciben una prestación familiar.

¿Directrices a seguir? Su enunciado es tan necesario como plausible su consecución. 1) Recuperar el cuore en calidad y agilidad prestacional. De una puntuación de 7 en 2009 hemos pasado a un 3 actual. Algo se está haciendo notoriamente mal cuando a fecha 1-12-2011 las solicitudes en estos cuatro años ascendieron a 35.534, habiéndose elaborado 30.339 dictámenes, con una estimación de 20.014 solicitudes, lo que implica que existen otros 5.194 pendientes, por no hablar de los más de 6.000 expedientes ya resueltos de forma favorable pero sin la oportuna elaboración del PIA. 2) Establecer relaciones de coordinación con los servicios sociales municipales, potenciando la información del trabajador social de zona. 3) Indagar y fiscalizar con mayor rigor la voluntad del potencial dependiente en lugar de la de sus familiares cuando ello sea posible. 4) Ofrecer en la confección del PIA una información más rigurosa en orden a potenciar la figura del asistente personal y las prestaciones vinculadas a un servicio. El 15% de las plazas geriátricas en Asturias se hallan libres, lo que supone unas 2.400 camas. 5) Incrementar el personal especializado con funcionarios de apoyo en determinadas épocas de congestión procedimental. 6) Establecer por decreto un fondo de cobertura mínimo para el sector de la dependencia y para el pago del salario social a medio de un porcentaje sobre lo ahorrado en supresiones institucionales y recortes presupuestarios en materias no básicas. 7) Fijar por decreto la inversión en materia de dependencia y salario social de un 3% de los intereses legales abonados por el Estado por el pago tardío de las prestaciones. 8) Destinar a estas áreas el 10% del importe recaudado en expedientes sancionadores en materia de Seguridad Social y sanitaria, como también la prevista ad hoc en los artículos 42 a 45 de la ley 39/2006. 9) Elaboración por el Parlamento autonómico de una proposición no de ley, apoyada por unanimidad de todos los grupos, por la que se ordene al Gobierno autonómico la agilización de las resoluciones en la materia y la aprobación de las dotaciones antedichas, tal como de manera muy similar acometieron las Cortes de Aragón en octubre de 2011. 10) Ejercer un mayor control de cobro del porcentaje adicional de copago en aquellas personas que reuniendo los requisitos para acceder al SAAD (sistema para la autonomía y atención a la dependencia) no optaran por ello en el plazo exigido por la disposición adicional tercera del decreto 144/2010, de carácter autonómico, por el que se establecen los precios públicos sobre servicios sociales especializados. 11) Persecución de objetivos orientados a la dinamización del empleo a través de las posibilidades que ofrece la ley 39/2006, básica en la materia. Los poco más de 110.000 empleos articulados a nivel nacional en torno a esta ley se quedan muy por debajo de las expectativas de los agentes sociales.

Puede pensarse que algunas de estas medidas rayan lo quimérico, pero cualquier ejercicio de audacia que se haga en una época como es la actual, tendente al recorte y no a la promoción, no puede dejar de ser al mismo tiempo un ejercicio de imaginación fácilmente extrapolable a los juicios sobre medios, fines y recursos. La vulnerabilidad presupuestaria no puede convertir nuestro desánimo en un enemigo acorazado. Tan sólo hace falta voluntad política, que quizás sea, de entre todas las voluntades, la más artificiosa, pero hoy por hoy la más merecedora de nuestro culto interesadamente profano.