HUELGA

El déficit de Emtusa no es sólo tarifario

El elevado coste para las arcas municipales del atípico contrato de arrendamiento de las cocheras de la empresa municipal de transporte

 03:28  
El déficit de Emtusa no es sólo tarifario
El déficit de Emtusa no es sólo tarifario  

FERNANDO DE LA HOZ ELICES En el primer análisis del balance y cuenta de pérdidas y ganancias de Emtusa que analicé, consolidé el criterio de que esta empresa municipal no da pérdidas, pues la dotación que el Ayuntamiento asigna para la nivelación de los pagos con los ingresos es consecuencia en su gran parte de la aplicación de una tarifa inferior a un segmento de la población por motivos sociales.

Los gobernantes municipales, en función de su sensibilidad social, ideología, expectativa de votos y otras variables, desarrollan una estrategia de gestión que les obliga a regularizar cada ejercicio con una aportación municipal, el desfase entre los costes de gestión con los ingresos por recaudación de viajes, la cual en sus propios presupuestos es justificada como un costo social. Así vemos cómo los billetes de bus tienen bonificaciones parciales e incluso total por estatus social, edad, impedimentos económicos, etcétera, que impiden que se recaude en su totalidad al número de viajeros que disfrutan del bus.

De no ser por estos condicionantes sociales, la Empresa Municipal de Transportes podría ser perfectamente viable con sus propias recaudaciones, si se adecuasen los precios y la totalidad de los billetes a los costes necesarios para que el servicio de transportes público funcione con la calidad requerida por los ciudadanos, a la vez de ofrecer un servicio digno y adecuado para enlazar todos los recorridos posibles de la ciudad y sus aledaños.

No seré yo precisamente quien enmiende la plana a los gobernantes por este sentido social, que considero necesario y máxime en esta época, en la que a consecuencia de la crisis que padece el país se ha incrementado la necesidad de atención social y económica en un amplio sector de la población. Cada gobierno municipal tiene la obligación de prestar sus apoyos sociales en función de las necesidades que la población le demande. Admito por lo tanto un déficit tarifario que necesariamente compense el Ayuntamiento con su aportación social a la empresa que presta el servicio municipal de transportes, que en el caso de Gijón es Emtusa y cuya propiedad es íntegramente del propio Ayuntamiento.

Es obvio que a pesar de admitir la regularización anual para equilibrar los ingresos con los gastos, con lo que podemos denominar aportación para suplir el déficit tarifario, también debe existir por parte de los órganos directivos una responsabilidad en su gestión, adecuando en la medida que sea posible los costes a los posibles ingresos como principio de equilibrio, al menos a la vez que ven incrementados sus costes las partidas que se integran en el escandallo, desarrollando el uso del transporte público como una actividad moderna y concienciado en el aspecto medioambiental.

Expuesto lo cual, y admitido el déficit tarifario como social, los gestores y máximos responsables de Emtusa, es decir, los miembros del consejo de administración, también tienen responsabilidades de cargo y están obligados a velar por la viabilidad de la empresa dentro de los fines de la misma. Es precisamente por ello que, detectado que no todo el desequilibrio de ingresos con los gastos es consecuencia del déficit tarifario, sino que una gran parte de este desfase es debido a la formalización de un atípico contrato de arrendamiento operativo de las cocheras y oficinas, con otro previo de otorgamiento de derecho de superficie, ambos firmados notarialmente el 26 de diciembre de 2007 por el anterior presidente del consejo de administración, los consejeros actuales han tomado la decisión unánime de denunciar estos contratos en cuestión y someterlos a dictamen del órgano jurídico municipal para su estudio, al objeto de que dictamine el procedente obrar dentro de las múltiples variables posibles para tratar de solventar las irregularidades detectadas y, si fuera viable, incluso la posible anulabilidad del mismo, siempre en aras de la defensa de los intereses de Emtusa, su viabilidad como empresa, continuidad de servicios de transporte a la ciudadanía y la minoración del coste global de esta carga a los gijoneses.

A simple título de aclaración, se trata de un alquiler de nave edificada en finca propiedad de Emtusa previa concesión al constructor de un derecho de superficie. El costo de la nave según contrato supera la cifra de 19,7 millones de euros, es decir, más de 3.277 millones de las antiguas pesetas. A su vez el contrato incluye además del alquiler de la nave por un montante superior a 1.348.000 euros anuales, la facturación del servicio de limpieza por importe superior a 213.000 euros anuales, más por mantenimiento de las instalaciones otra facturación cerca de 215.000 euros anuales; es decir, Emtusa abonará al proveedor más de 1.777.000 euros anuales durante 32 años que durará el derecho de superficie. Transcurrido dicho plazo, pasará la edificación a ser propiedad de la empresa municipal. Traducido a antiguas pesetas, Emtusa pagará en concepto de alquiler, mantenimiento y limpieza un total de 295.666.922 pesetas anuales (el primer año, porque los siguientes según lo que después expongo, se incrementará anualmente con el IPC).

El contrato de arrendamiento operativo, cuya denominación no corresponde con el fin del mismo, lleva aparejada una revisión anual del índice de precios al consumo. (Este aspecto no se incluyó en el pliego de condiciones para la licitación, ni sometido a la aprobación del consejo de administración existente entonces, y así lo corroboran las actas de las juntas y los consejeros que se mantienen en la actualidad en el consejo de administración), por lo que únicamente fue sancionado el importe del alquiler establecido sin la revisión anual del IPC.

El efecto de este incremento es tan lesivo para Emtusa como inconcebible. Pues ya se incluyen en el cálculo de las cuotas del alquiler todos los intereses y gastos previstos. ¿Se imaginan que un banco que concede un préstamo, además de incluir los intereses correspondientes al tipo establecido en póliza, incorpore durante toda la vida del préstamo el incremento del IPC en el principal durante toda la vida del préstamo?

Todo esto supone en cifras finales al cabo de los 32 años un monto de aproximadamente 84.000.000 euros, que trasladado a las antiguas pesetas supone al Ayuntamiento de Gijón y, por consiguiente, a sus ciudadanos un total de 13.976 millones de pesetas. (De este importe, unos 34 millones de euros corresponden al incremento del IPC, es decir, 5.657 millones de las antiguas pesetas, o lo que es lo mismo, a la cláusula irregular incluida en el contrato firmado por el presidente del consejo de administración con ocultación al resto del consejo).

El proveedor no ha querido negociar con los interlocutores de Emtusa este desaguisado, a pesar de las conversaciones e intentos habidos. Los consejeros actuales de Emtusa han obrado con rigor, seriedad y valentía por unanimidad para que este contrato no lleve a esta empresa municipal a una situación crítica con pérdidas reales y no como consecuencia del déficit de tarifa social. No es costo social la repercusión de este contrato, ya que beneficia a una sola persona (proveedor), lo cual dadas las circunstancias no es justo ni admisible. Han cumplido con su deber de consejeros en el aspecto de gestión puramente económica buscando el bien de la empresa y, en definitiva, en cumplimiento de su deber.

Políticamente es otra cuestión, yo no soy quién a juzgar este aspecto. Juzguen ustedes mismos.

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