¡Salvar los servicios públicos!

Han invertido grandes esfuerzos, sin escatimar recursos, en culpar a la estructura territorial, pero sobre todo al tamaño del Estado y al «gasto público» insostenible de la menor solvencia económica del país y la crisis de confianza, tanto interna como con terceros países. En esta estrategia, la derecha política española, alineada con las tesis más radicales de la ideología neoconservadora, ha encontrado, con la justificación de la crisis, un filón de oro para armar el plan perfectamente programado para el modelo de Estado, debidamente ocultado por interés electoral y sistemáticamente ejecutado saltándose los acuerdos más básicos del pacto sobre el modelo democrático de la Constitución de 1978.

Frases como «los recursos están mejor en los bolsillos particulares» o «los recortes de la Administración no son un problema, son la solución», pronunciadas respectivamente por el actual y el anterior presidente del PP y del Gobierno, son ciertamente reveladoras de la concepción política del modelo neoconservador de convivencia, puesto en práctica por la derecha española. Y en ésas están. Cada Consejo de Ministros, cada viernes, se descuelgan con una nueva medida que encaja perfectamente en la poda al Estado y su puntal más estratégico: la administración pública y, singularmente, los servicios públicos.

Para ejecutarlo cuentan con un pensado plan de comunicación, perfectamente coordinado e inteligentemente dosificado, presentando las decisiones de recortes a los derechos, libertades y protección social como medidas lógicas y necesarias, como «lo que hay que hacer». Así, mientras se van metiendo bocados, uno tras otro a los pilares del Estado del bienestar y al modelo económico sostenible, se culpa a la herencia recibida, nuevo concepto con el que ahora la derecha denomina a la alternancia democrática y las responsabilidades de gobierno.

Debe recordarse que el modelo neoconservador proclama el Estado mínimo, la primacía del mercado en la generación y distribución de la riqueza y la ausencia de regulación, algo que está en el origen de la actual crisis económica y ambiental. Un proyecto muy caro en términos económicos para el Estado y la ciudadanía, y del todo ineficaz para garantizar la equidad social. Frente a éste, el proyecto socialdemócrata se basa en la capacidad de los estados para favorecer el desarrollo económico sostenible, la asignación más justa de los recursos supliendo las incapacidades propias del mercado, la solidaridad intergeneracional y el trabajo conjunto con una ciudadanía cada vez más exigente, responsable e instruida. Las políticas económicas, las ambientales y las sociales forman parte de un mismo proyecto político, que definen un modelo de sociedad. Lejos de estar contrapuestas, son interdependientes y se condicionan, especialmente cuando el objetivo es lograr un desarrollo sostenible y una sociedad justa.

Si se admite que los servicios públicos son la base para la cohesión social y ésta es un factor de estabilidad y seguridad para los países, es obligado tener presente el carácter multidimensional del concepto de cohesión social y ser conscientes de su importancia tanto para el modelo social como para las posibilidades de desarrollo económico y la construcción de un futuro con más certidumbre para todos.

Los servicios públicos, por tanto, tienen una importancia en la sociedad que va mucho más allá de su mero valor prestacional (salud, formación?), son imprescindibles para construir un modelo productivo equilibrado, competitivo y sostenible; son una fuente de empleo estable y de calidad, y suponen un factor imprescindible para la cohesión territorial y la radicación de actividad económica derivada, por ejemplo, de los hospitales.

Pero estos activos que caracterizan un modelo de convivencia basado en el Estado del bienestar contienen unas potencialidades de negocio que la derecha neoconservadora no está dispuesta a dejar escapar. Y la crisis es la excusa perfecta. «No nos lo podemos permitir», «algo hay que hacer», «no hay dinero», son las frases que repite como papagayos, cualquier agente del consorcio de la derecha. La solución, al final de este recorrido, es el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos. Ya cuentan con experiencias piloto a escala de comunidades autónomas: concesiones administrativas en la gestión de áreas sanitarias, privatización en la construcción y gestión de hospitales, subvención a la educación privada y apoyo a la concertada, en detrimento de la pública. Hay que advertir que cuando se inicia este recorrido no había la excusa de la crisis. No es la crisis, es la ideología.

Ahora toca la operación a escala nacional que cuenta, además, con el mantra de la crisis. Las decisiones son de carácter general, más profundas y de más difícil reversibilidad. Y el problema, que afectan a los sectores más débiles de la sociedad, merman la cohesión social e impactan en las bases del desarrollo económico actual y, sobre todo, en su sostenibilidad futura.

Cuando recortan el desarrollo de la ley de la Dependencia no se está afectando sólo a la calidad de vida de unas familias con personas dependientes; se está, a la vez, impidiendo el desarrollo en el país de un sector de servicios de cuidados profesional y generador de empleo.

Cuando se está introduciendo el «copago» en el sistema sanitario, se penaliza a las personas enfermas o a quienes, estando sanos, pasan por procesos vitales que requieren atención especial como la infancia, el embarazo, etcétera. Nuestro Sistema Nacional de Salud está financiado con los impuestos de todos los españoles. No deben «copagarlo» precisamente los que están en situación más débil. ¿Qué se pretende con esta medida si probablemente cueste más recaudar el copago que lo ingresado? Lo seguro es que tendrá un primer efecto -deterioro del sistema, desconfianza y desigualdad en el acceso- y unas consecuencias inevitables: poner en riesgo un modelo eficiente en términos económicos, efectivo en resultados en salud y eficaz tractor de sectores tecnológicos de la economía para abocarlo irremediablemente a la privatización y, dicho sea de paso, a su encarecimiento.

Cuando restringen docentes e incrementan las tasas de acceso a la Universidad, no sólo se está debilitando la equidad sino también la capacidad de conocimiento e innovación de la economía.. La educación quizá sea el servicio público con más capacidad de facilitar la igualdad entre las personas, de hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Y, siendo el servicio más necesario para mejorar no sólo la cohesión social sino la capacidad de innovación de la economía española, su mejora en productividad -y, por tanto, su competitividad- es vilipendiado, desprestigiado y despreciado por la derecha de este país y, lo que es más grave, por los responsables políticos e institucionales que debieran velar por su calidad y el prestigio social de sus profesionales.

El incremento de las tasas universitarias agudiza el problema de la continuidad en el sistema educativo para determinadas capas sociales, resquebraja la equidad, merma la igualdad de oportunidades individuales y las capacidades de desarrollo futuro de España.

El plan puesto en marcha por el actual Gobierno de la derecha, cuyo principal objetivo es el desmantelamiento del Estado del bienestar, centrado en los servicios públicos, tiene un impacto inmediato sobre las personas en mayores dificultades, poniendo trabas económicas a su acceso a la atención sanitaria, a su oportunidad de formación o a la de sus hijos, a una atención profesional a la dependencia. Pero, además, tienen una decisiva influencia en la cohesión social, en la confianza de los ciudadanos en la capacidad de la democracia y sus instituciones.

Además, conocemos por múltiples evidencias empíricas que los países más prósperos son los que disfrutan de mayor grado de cohesión social. Por tanto, no podemos transigir pasivamente con el desmantelamiento planificado del Estado del bienestar construido tan laboriosamente y venciendo tantas resistencias de sectores con intereses particulares. Es importante destacar que la mayoría de los españoles está satisfecha con los servicios públicos del bienestar. Más del 97%, según las periódicas encuestas del CIS, están en contra de los recortes en sanidad, educación y pensiones. Además, más del 90% considera que los servicios que más influyen en su bienestar son las pensiones, la sanidad y la educación. Estamos ante un logro de la sociedad española que los ciudadanos quieren preservar a toda costa de recortes o de deterioro en su calidad. Por eso, el Partido Popular ha negado antes de las elecciones los recortes en estos servicios y, cínicamente, sigue negándolo mientras los está desmontando.

El deterioro en los servicios públicos, su impacto en la cohesión social y sus consecuencias para la competitividad de la economía condicionan un modelo de convivencia diferente con riesgos de exclusión social e incremento de las desigualdades. Y, en algunos casos, de imposible reversibilidad. Pone en riesgo fuentes de bienestar individual, según la opinión mayoritaria de los españoles, pero no sólo eso. En un momento de crisis como éste, es imprescindible poner en valor todas las potencialidades colectivas para impulsar la economía y promover un desarrollo equilibrado y sostenible. Que sea esperanza de futuro para los jóvenes.

Y, mientras tanto, el Gobierno, a sus intereses y los del consorcio, con políticas que agravan el problema, meten a la economía en un círculo vicioso e introducen deterioro en las administraciones y servicios públicos, en muchos casos de difícil reversión.

Nuestro modelo de bienestar, conseguido tras años de esfuerzo colectivo y perseverancia es un logro de toda la ciudadanía, de los empleados públicos y de la voluntad política. Es un logro colectivo, y colectivamente lo tenemos que defender. Para el Partido Socialista es un objetivo irrenunciable.