06 de mayo de 2012
06.05.2012

La «Plantona» o los principios de Groucho Marx

La estación de pretratamiento de aguas residuales, un atropello al Estado de derecho

06.03.2012 | 04:26

La reciente sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Asturias) que legaliza la construcción, aunque no el funcionamiento, de la EPAR (estación de pretratamiento de aguas residuales) de la zona Este sirve para confirmar la ilegalidad de esta planta durante los últimos diecisiete años. La propia sentencia recoge en su fundamento de derecho noveno que «La Plantona» ha tenido un funcionamiento clandestino durante este período. Sirva esta cita inicial como ejemplo de lo que no debe ser un Estado de derecho.


Desde Vicente Álvarez Areces hasta Paz Fernández Felgueroso, pasando por sus ediles Zapico, Morales, Sariego, Martínez Argüelles? con el apoyo incondicional de los Iglesias, Churruca y palmeros de turno, ya pueden respirar tranquilos. Después de modificar tres veces la ley y de forrar, con el dinero de todos, a un afamado despacho ovetense, han conseguido legalizar el edificio de «La Plantona».


Conviene recordar algunos hitos en la historia de esta polémica instalación: en el año 1994 comienza su funcionamiento ocasionando ruidos y olores que fueron denunciados por los vecinos y subsanados después de la primera sentencia. Desde entonces su actividad ha sido prácticamente inocua, no sabemos si porque se han realizado las correcciones oportunas o porque se han visto obligados a reducir sustancialmente su funcionamiento. De esta afirmación pueden dar testimonio los numerosos visitantes que han merodeado por sus alrededores. Incluso LA NUEVA ESPAÑA recogía, tiempo atrás, las declaraciones de la ex concejala de Medio Ambiente Dulce Gallego sobre la inexistencia de ruidos y olores y, más atrás aún, la pregunta que un concejal de Izquierda Unida realizaba en el Pleno del Ayuntamiento sobre la escasa o nula actividad de una instalación que ya no causaba molestias.


La pregunta es obvia. Si «La Plantona» durante estos últimos quince o dieciséis años fue inofensiva, ¿a qué se debieron tantos recursos contra su funcionamiento? Y la respuesta es sencilla: desde el primer momento los vecinos de El Pisón fuimos conscientes de la utilización política que se le iba a dar a la ubicación de esta unidad del saneamiento (recordemos que el lugar elegido fue una exigencia de IU al PSOE ) y asumimos el liderazgo de la lucha a pesar de no ser la única comunidad afectada. No parecía lícito conceder licencias para construir cientos de viviendas y luego autorizar depuradoras en sus inmediaciones. Y a la inversa, si estaba previsto un plan de saneamiento en la zona, no se deberían haber concedido licencias de construcción. Esta teoría fue refrendada posteriormente tanto por el documento presentado por la propia Confederación como por el informe del perito judicial, que consideran la opción de El Pisón como la peor, desde el punto de vista humano, para la instalación de una depuradora.


Pero está claro que a la pseudoizquierda no le importa soslayar la ley si así consigue el aplauso fácil de un sector social susceptible a la demagogia. Necesitan justificarse ante sus electores con acciones aparentes que les sirvan para tapar sus propias vergüenzas. Si los ciudadanos se fijaran en su forma de vida o en sus privilegios (dietas, coches oficiales, entradas para espectáculos, consejos de administración, turismo solidario, créditos preferenciales, etcétera) comprobarían la hipocresía de sus discursos. Por eso necesitan forzar situaciones de este tipo.


Para comprobar la veracidad de las anteriores afirmaciones, sólo había que asistir a los mítines, reuniones vecinales, charlas-coloquio, etcétera, que se realizaban en distintos locales de la ciudad sobre el plan de saneamiento. Aún recuerdo la cara del incombustible Jesús Iglesias, en la Sociedad Cultural Gijonesa después de pronunciar una lapidaria frase propia de un pensador grecolatino: «¡Hemos conseguido que los ricos laven su mierda!» dijo relamiéndose ante el regocijo de algunos asistentes. Pero esta comunidad, con muy digno criterio, percibió el chantaje y no aceptó ser estigmatizada.


Los otros socios de gobierno, también con carné de izquierda, no han sido menos explícitos a la hora de descalificar a los vecinos de El Pisón, aunque sí es verdad que han utilizado frases menos escatológicas. Actualmente sólo nos llaman pijos, señoritos o burgueses. Quizás no sepan estos pobrecitos proletarios que en esta comunidad vive su más destacado representante, el presidente de la Federación Socialista Asturiana y aspirante a la Presidencia del Principado de Asturias. Supongo que no considerarán a D. Javier Fernández un pijo señorito burgués?


Pues bien, después de que las primeras sentencias declararan la ilegalidad de la EPAR, el equipo de gobierno municipal modificó la ley para reajustarla a derecho. Debió ser grande la torpeza de los legisladores porque volvieron a perder el pleito que finalizó con la sentencia de un juez gijonés ordenando el derribo de la instalación. Sorprendentemente, este juez no autorizó la ejecución de la sentencia que él mismo había dictado. Otro ejemplo más de lo que no debería ser un Estado de derecho.


Después del nuevo fracaso y amparándose siempre en el bienestar de los gijoneses, el Ayuntamiento pidió auxilio al Principado, que se dio prisa en derogar los artículos que estorbaban del RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas) para proceder a la tercera legalización. No les importó convertir nuestro cacareado paraíso natural en la única comunidad autónoma sin una ley medioambiental que la proteja.


Puesto que a la tercera va la vencida, finalmente han conseguido legalizar la construcción de «La Plantona», a pesar del sonrojo que debería producirles el hecho de que la propia sentencia les recuerde que han mantenido una actividad ilegal y clandestina durante diecisiete años. Veremos ahora cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional después de que el TSJA falle sobre el recurso previo de nulidad. No estaría mal que esta larga experiencia sirviera a nuestros dirigentes para no tomar decisiones precipitadas sobre asuntos similares que aún no se han resuelto en los tribunales. Pero ésa es otra historia que apenas ha empezado a escribirse.


Si «El Estado soy yo» refleja el absolutismo monárquico de Luis XIV y «La calle es mía» hizo inmortal al señor Fraga, seguramente «La ley somos nosotros» es el lema que mejor define el proceder de unos políticos, autodenominados demócratas, que poseen los mismos principios ideológicos que el inefable humorista Groucho Marx, aunque en versión legislativa gijonesa: Éstas son mis leyes y, si no gano con ellas, tengo otras.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine