Nuestros despilfarros y otras claudicaciones

ESTEBAN GRECIET El vocablo autonomía, según su concepto académico, es sinónimo del de independencia. Sin embargo, la instauración del llamado régimen autonómico hace un tercio de siglo en España matizó este significado para dejarlo en una suerte de autogestión administrativa atenuada. Las antiguas regiones naturales quedaban así constituidas en comunidades asociadas libremente por un interés común y subordinadas en lo esencial a unas instituciones centrales que en la práctica tendían a quedarse en más simbólicas que otra cosa.


Una especie de invento constitucional creado «ex novo» para contentar a los nacionalismos? Que no se iban a contentar como los hechos confirman. El resultado fue la creación de 17 pequeños «estadillos» carísimos, con vocación de personalidad propia y diferenciada que ha tratado de ser potenciada incluso artificialmente. Hasta los dialectos se han convertido en idiomas y la historia ha sido tergiversada e incluso reducida en la escuela a los intereses del terruño.


Muchos lectores recordarán en Asturias el caso de aquel consejero que andaba por el mundo repartiendo tarjetas en las que en varias lenguas se hacía titular ministro, «minister» y «ministre». Los directores regionales fueron transmutados en directores generales, las resoluciones de las asambleas empezaron a ser leyes y las competencias asumidas fueron cada vez mayores.


Por si fuera poco, en niveles nacionales y en agravio a Montesquieu, se han contaminado unos poderes con otros, como demuestran a las claras los últimos acontecimientos. Las dificultades económicas que nos afligen apuntan, por otra parte, a notorios desconciertos en los usos presupuestarios. Lo que hace pensar que han fallado las cautelas constitucionales y los organismos de control. Habrá que preguntarse dónde estaban las inspecciones, intervenciones, tribunales de cuentas y oposiciones políticas.


Naturalmente, todo eso exigía más recursos, aparte de unos órganos paralelos a los del Estado hasta en la nomenclatura. Surgieron además 17 defensores del pueblo y 17 televisiones autonómicas, las cajas de ahorro se convirtieron en una especie de bancos de España en miniatura y se crearon poco a poco amagos de embajadas en el extranjero, 114 en total hasta el momento y en todos los continentes (Asturias las puso en Bruselas, Casablanca y Bucarest, y una oficina en Madrid), posibilidad de la que han hecho uso todas las comunidades menos Ceuta, Melilla y Murcia.


Y todo ello, corrupciones aparte, sin resolver lo que se quería resolver con semejante planteamiento, a saber, los artificiales conflictos vasco y catalán, sino que se han incrementado los problemas dando paso al lento pero seguro avance de los independentismos puros y duros. Últimos ejemplos: el sondeo de Cataluña que arroja un 51 por ciento de independentistas y, lo que es peor, la ocupación de instituciones vascas por formaciones, más o menos enmascaradas, del soberanismo violento, gracias a las sucesivas claudicaciones del poder ejecutivo y, sobre todo, de las instancias jurisdiccionales. En Vascongadas casi no se ve una bandera española y se homenajea a los etarras en la calle. Pero no pasa nada.


El precio pagado es gigantesco y en gran medida causa de nuestras tribulaciones actuales. Ahora, entre ajustes y recortes, se propone muy oportunamente por el fiscal general del Estado -una mente extraordinariamente lúcida- la devolución de las competencias de Justicia al Estado. Yo añadiría que también se devolvieran las de Sanidad, Educación y Seguridad, que las autonomías se llamaran regiones y que hubiera sólo media docena de ellas, algo así como Norte, Sur, Este, Oeste, Meseta Norte y Meseta Sur.


Lo pondré en la carta a los Reyes Magos.