Las recientes medidas del Gobierno para atajar la crisis y las alternativas que ofrece el Partido Socialista confirman que unos y otros están más preocupados por mantener su estatus que por buscar soluciones justas y razonables para salir del atolladero. Participan de este interés los sindicatos de partido, UGT y CC OO, esforzados en mirar para un solo lado, aunque los ciudadanos perciban que también ellos son parte del problema. A este paso, las manifestaciones que convoquen terminarán visitando cuatro sedes.

En vez de reducir el gasto adelgazando el aparato político del Estado, el Gobierno popular pretende paliar el déficit con una obsesión recaudatoria que conculca sus promesas electorales y que, al recaer sobre autónomos, asalariados y pensionistas, va a retraer el consumo y, como consecuencia, producir más recesión. Apenas alguna medida aislada nos recuerda que los culpables de este caos no somos los ciudadanos, sino una clase política incompetente, endogámica, irresponsable y autoprotegida que sólo se pone de acuerdo en no tocar sus privilegios.

Si son desalentadoras las medidas recaudatorias del Partido Popular, resulta patético escuchar las soluciones que ofrece el Partido Socialista. Después de dejar el país como un solar y de abandonar el Gobierno asegurándose ingresos y retiros áureos para el resto de sus días (quizá sea «por los servicios prestados»), sus sucesores tampoco proponen reducir los privilegios de la casta. Exigen al Gobierno que haga exactamente lo contrario de lo que ellos hicieron en sus interminables años de mandato. Claman contra la amnistía fiscal y se olvidan de que su partido realizó dos: una en 1984 con Miguel Boyer y otra en 1991 con Carlos Solchaga. La diferencia con la actual es que los capitales aflorados en aquéllas, además de no tributar al 10%, recibían una pequeña compensación por las letras del Tesoro o pagarés adquiridos.

El patetismo se convierte en esperpento cuando el señor Rubalcaba propone insistentemente aumentar el tipo impositivo a las rentas más altas; seguramente se olvida de que, siendo miembro del Gobierno en el 2007, redujo el tipo marginal a esas rentas del 45% al 43% bajo el pretexto de evitar la evasión de capitales. Y que fue su Gobierno el que suprimió el impuesto sobre el patrimonio en el 2008 (a pesar de que vivía la duquesa de Alba), al tiempo que aprobaba una vergonzosa deducción generalizada de 400 euros y se repartían cheques a gogó, algo impropio en un partido que se autodenomina progresista.

Y qué decir de las SICAV. Todo el aparato político del PSOE reclama ahora una mayor presión fiscal para estas sociedades de inversión colectiva. Hay que recordarles que, si sólo tributan al 1%, es porque así lo ha querido el Gobierno del señor Zapatero a través de un real decreto de noviembre de 2005. Por cierto, este decreto se dictó después de paralizar la denuncia realizada por la Inspección de Hacienda sobre prácticas fraudulentas en más de doscientas de estas SICAV. El Gobierno socialista amnistió las supuestas sociedades defraudadoras y apartó de su control a la Agencia Tributaria para delegar la responsabilidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene una total dependencia política. Es decir, pusieron el zorro a cuidar las gallinas, y ahora se lamentan de que las comiera.

Para vergüenza de esta seudoizquierda, ha tenido que ser el PP el que pusiera límite (por supuesto, muy tenue) a las inconmensurables retribuciones de los consejos de administración de bancos y cajas de ahorros. Durante el mandato socialista no se tomó ninguna medida restrictiva ni por el Banco de España ni por el Parlamento. Más bien se nos recordaba aquello de que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo... Vivir para ver.

Finalmente, puesto que el Partido Popular quiere alternativas a sus medidas recaudatorias, aquí las tiene. Comience, señor Rajoy, por instar la eliminación del Consejo de Estado y del Senado, dos cámaras innecesarias que sólo sirven para multiplicar los ingresos a políticos que no se cansan... de cobrar. Continúe por retirar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, porque los tres deben financiarse con las cuotas de sus afiliados, como ocurre en la mayoría de países de Europa. Elimine las diputaciones y controle las subvenciones a ONG que encubran turismo gratuito revestido de solidaridad o reserva de puestos de trabajo para cuando se acaba el chollo de la política (los 50 millones de dólares que nos costó el nuevo empleo de Leire Pajín y los 110 de Bibiana Aído son dos ejemplos de lo que no debe repetirse). No se olvide de las fundaciones y los patronatos como frecuentes nidos de corrupción por su derecho a escapar del control de la Hacienda Pública. Finalice en las CC AA, privatizando televisiones autonómicas, reduciendo empresas públicas convertidas en oficinas de colocación familiar, eliminando embajadas y suprimiendo buena parte de los más de trescientos mil cargos de libre designación. Y no se olvide de reducir el 5% a todos los emolumentos de la clase política parlamentaria: sueldos, dietas, compensaciones y retribuciones en especie. Después haga las cuentas. Habrá ahorrado treinta, cuarenta o cincuenta mil millones. Si aún le falta algo, recorte asesores, comisiones y liberados sindicales. Después, cuente con nosotros para ayudarle.

Gracias, señor Rajoy, por la atención que, a buen seguro, no dispensará a este escrito.