La mayor parte de los empresarios percibe a la Administración como una entidad omnipresente que ralentiza sus iniciativas y complica su actividad con innumerables obligaciones formales y tributarias. Por otra parte, siente que la sociedad no valora su esfuerzo ni el riesgo que asume en sus empresas, pese a ser éstas uno de los motores de la economía nacional. Sin embargo, al menos desde 2000, existe una actuación continuada de los Estados, auspiciada por la Unión Europea, con el fin de fomentar «la promoción de la cultura emprendedora y la creación de un entorno más competitivo y favorable para la PYME». Así, en la Carta Europea de la Pequeña Empresa, que fue adoptada por el Consejo Europeo en Feira (Portugal), en mayo de 2000, se reconocía que «las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía europea. Son una fuente clave de puestos de trabajo y un criadero de ideas empresariales». De esa Carta surge, en 2008, la ley Europea de la Pequeña Empresa o Small Business Act (SBA), culminación del esfuerzo de la Unión Europea por alcanzar un programa común de apoyo a la PYME. «Favorecer a la PYME -dice la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones- debería convertirse en algo políticamente habitual».
De acuerdo con las orientaciones europeas, y como partido que aspiraba a gobernar en una situación de crisis profunda y previsiblemente prolongada, el Partido Popular situó la ley de Emprendedores entre las promesas electorales más destacadas de la campaña. Consecuentemente, el Ejecutivo incluyó en el programa nacional de reformas que propuso para 2012 dicha ley, «que constituirá un marco normativo dirigido a favorecer la actividad de los emprendedores en todas las etapas del ciclo de vida de sus proyectos: tanto en los momentos iniciales al comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización», formando parte de una «estrategia económica orientada a la disciplina fiscal y recuperación de la flexibilidad y competitividad», que se «identifica además plenamente con la estrategia económica de la Unión Europea», a fin de encarar la situación de «crisis económica caracterizada por problemas de crecimiento y empleo, falta de credibilidad del sistema financiero y restricción del crédito».
Sin embargo, aunque todavía el pasado 7 de junio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hablaba de la ley de Emprendedores como un proyecto que iba a ser abordado en breve, lo cierto es que casi con seguridad no habrá ley de Emprendedores, al menos este año. De hecho, en el Programa de Reformas del Gobierno para el segundo semestre de 2012 -que se presentó el 13 de julio- no figura entre las leyes que en ese período se van a remitir a las Cortes. No quiere esto decir que el Ejecutivo se haya olvidado de emprendedores y PYME, pues uno de los tres objetivos fundamentales del citado programa es, precisamente, el de las reformas estructurales para la competitividad, el estímulo del crecimiento y la creación de empleo, pero parece que ha desistido en el corto plazo de la ley prometida y prefiere abordar el tema de manera menos ambiciosa, mediante iniciativas ministeriales coordinadas. Es lo que cabe deducirse de las palabras del director general de Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García Martín, en la mesa debate sobre la ley de Emprendedores que organizó Mapfre en Madrid el pasado 25 de julio: «nos hemos empeñado en denominar las cosas con la palabra ley, pero lo fundamental es que el trabajo autónomo esté en cada una de las actuaciones que el Gobierno ponga sobre la mesa».
Efectivamente, el Ejecutivo ha adoptado medidas encaminadas en ese sentido, de entre las cuales, tal vez las más relevantes, por la gravedad de los problemas que buscan atajar, sean el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de pagos a proveedores y la ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Entre las propuestas en estudio, destaca el borrador de Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa.
Por su parte, algunas comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, no han esperado por el Gobierno central para promulgar su propia legislación al respecto. La primera fue Castilla-La Mancha, con la ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes; seguida por la ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears; la también ley 2/2012 de 14 de junio, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana; y, por ahora la última, la ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco. Aunque hay entre ellas interesantes diferencias de matiz, se percibe una unidad de contenido pues responden a una base común: la SBA, a la que aluden en su mayoría, en la exposición de motivos.
No resulta fácil intentar reconstruir la ley de Emprendedores que el Ejecutivo había proyectado y que ahora parece aparcar, contando únicamente con la mención que de ella hace en el Programa Nacional de Reformas, pues sus contenidos son (como por otra parte cabía esperar de este tipo de documento) muy generales, limitándose a enumerar seis objetivos básicos: el fomento de la cultura emprendedora en todas las etapas del sistema educativo; el apoyo a la iniciativa emprendedora y su desarrollo; la mejora de las condiciones de innovación en las empresas; el impulso a su internacionalización; el aumento de su competitividad y flexibilidad; y hacer de España un lugar atractivo para la inversión extranjera. Si queremos especular sobre su verdadero alcance, deberemos basarnos en las leyes autonómicas antes señaladas y en la propia SBA. De este modo añadiríamos cuatro capítulos de gran relevancia, relativos al acceso a la financiación, a facilitar la transmisión de las empresas y el relevo generacional, a las ayudas a empresarios de buena fe que quieran volver a iniciar una actividad después de una declaración de quiebra y al refuerzo de las iniciativas en pro de las mujeres emprendedoras, los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada y los colectivos étnicos minoritarios.
Con unas PYME luchando contra la crisis, ahogadas por la falta de financiación, y con la única expectativa que para muchos desempleados puede suponer el emprendimiento, ahora más que nunca el Ejecutivo debe cumplir su promesa electoral y remitir a las Cortes la ley de Emprendedores, pues constituye una norma que tendrá inmediata repercusión práctica, y además supondrá una esperanza, un estímulo y un refrendo para los emprendedores en estos tiempos de zozobra.
