Entre buena parte de los economistas keynesianos y entre la mayoría de tertulianos que pueblan los medios cunde el mantra de que la economía española no puede soportar más recortes y de que son necesarios estímulos para recuperar la actividad. Incluso creen que, pasado el bache (ya admiten que durará un mínimo de 10 años), se volverá a la época dorada del crédito y de la burbuja. Más allá del cuento de hadas (sector público y privado están tan endeudados que el crédito no crecerá en años), vayamos a la primera premisa: nuestros gobernantes, ¿han aplicado verdaderas políticas de austeridad?
Un repaso a algunas cifras revela lo contrario. Por ejemplo, en el sector público. Si entre enero de 2007 y principios de 2012 el sector privado destruyó 2,6 millones de empleos, el público aumentó su plantilla en 173.000 personas. Más sangrante es el caso de las empresas públicas: unas tres mil en toda España (el 90%, en situación de suspensión de pagos) y con una deuda acumulada de 55.000 millones de euros. En marzo se activó un plan para echar el cierre a seiscientas sociedades autonómicas; a la vuelta del verano se habían clausurado... dos.
Y es que la austeridad no consiste en recortar gastos y bajar salarios indiscriminadamente, sino en eliminar estructuras ineficientes (muchas veces, oficinas de colocación de redes clientelares partidistas) y en reajustar salarios en función de la productividad (en algunos casos, hay que bajarlos; en otros, no, y en ciertos sectores, hay que subirlos), lo que vale para el ámbito público y el privado.
¿Va España por ahí? No. ¿Hay países que lo han probado y les ha funcionado? Sí, los bálticos. Pero, claro, eso queda lejos.
