Salvo que se posponga su aplicación, el próximo 1 de enero de 2013 comenzarán a implantarse los acuerdos de Basilea III. Su objetivo es asegurar la estabilidad y solvencia del sistema bancario mundial, evitando crisis como la que se inició en el año 2007 (y cuyos efectos perduran todavía hoy) mediante un conjunto de medidas que afectan al capital y a la liquidez de las entidades financieras, y que suponen un endurecimiento de la regulación bancaria. Para facilitar dicha implantación estos acuerdos se aplicarán gradualmente hasta el 1 de enero de 2019, aunque es previsible que los mercados obliguen a las entidades financieras a acelerar el proceso.

El comité de supervisión bancaria de Basilea fue creado en 1975 por los gobernadores de los bancos centrales del G-10 (el Banco de España se adhirió en 2001). No es un organismo regulador, por lo que sus documentos tienen carácter de recomendación, pero, debido a su gran prestigio, sus directrices son incorporadas a la normativa de la mayor parte de los países, incluida la Unión Europea y España.

Tras un primer documento en 1975, el comité hizo público en 1978 el acuerdo de Basilea I, que fijaba el capital mínimo de los bancos internacionales. En 2004 aprobó un nuevo acuerdo conocido como Basilea II, cuyo principal objetivo era poner en relación el nivel de riesgos asumidos por las entidades de crédito y sus necesidades de capital. Este documento se vio sobrepasado por la crisis financiera mundial, que demostró que los niveles de capital establecidos eran insuficientes. La banca de la mayor parte de los países desarrollados presentaba entonces un apalancamiento excesivo, un bajo nivel y calidad de su capital y una liquidez insuficiente, lo que hizo que el sistema no fuera capaz de resistir las turbulencias. Tales circunstancias propiciaron la elaboración de un nuevo marco de actuación, Basilea III, cuyas reformas se diseñaron en los años 2009 y 2010.

Pero los efectos de Basilea III no van a limitarse al mundo financiero: su aplicación tendrá consecuencias inmediatas para el resto de la economía. El estudio de la OCDE «Impacto macroeconómico de Basilea III», publicado el 14 de febrero de 2011, estima que en Europa «a medio plazo el impacto de la implementación de Basilea III en el crecimiento del PIB es del orden de -0,05 a -0,15 puntos de porcentaje por año». Además, añade que «para responder a las exigencias de fondos propios en 2015, los bancos deberán aumentar sus márgenes de crédito 15 puntos básicos de media. Las exigencias de capital en vigor desde 2019 podrían aumentar los márgenes de crédito alrededor de 50 puntos básicos». Por su parte, Standard & Poor's, una de las dos grandes agencias de «rating» americanas, opina que en Europa aumentarán los costes financieros de las empresas entre un 10% y un 20%.

En consecuencia, la aplicación de los criterios de Basilea III ocasionará que una reducción y un encarecimiento del crédito, y un acortamiento de sus plazos. Donde estas nuevas condiciones incidirán con más fuerza será, precisamente, en las pymes europeas, mucho más dependientes (no sólo para planes de inversión o expansión, sino para la gestión del circulante) de la financiación bancaria que las norteamericanas, y, desde luego, que las grandes corporaciones, quienes siempre podrán acudir a los mercados de capitales.

Aparte de las consideraciones macroeconómicas, hay otro hecho relevante para la pyme que se contempla desde Basilea II: su valoración crediticia mediante «ratings» internos de la entidad. El «rating» interno la evalúa mediante información no sólo cuantitativa, como era habitual, sino cualitativa, y afecta tanto al volumen de crédito obtenido como a su precio, garantías y duración, porque los acuerdos de Basilea relacionan el coste del crédito con el riesgo de la empresa prestataria, al depender de éste la necesidad de la entidad bancaria de consumir más o menos recursos propios en cada operación.

La valoración que hace el banco de la pyme que acude a solicitar financiación está constituida por tres partes complementarias: la primera, la información económico-financiera de la empresa; la segunda, la vinculación que la empresa mantiene como cliente de la entidad bancaria, y la tercera, que supuso una importante novedad, está formada por datos cualitativos que abordan aspectos como la experiencia y capacitación del equipo directivo, la existencia de una sucesión clara en el control de la empresa, la motivación del equipo humano, la adecuación del inmovilizado de la empresa a la actividad, etcétera. Además de estos tres apartados, la banca sigue utilizando otras fuentes de conocimiento de la empresa, como el fichero CIRBE y los registros de morosidad e información judicial relativa a reclamaciones dinerarias.

Estos filtros obligarán a las pymes, zarandeadas por la crisis, a soportar un esfuerzo suplementario para mantenerse en unos niveles adecuados a las nuevas exigencias bancarias, a fin de conseguir la financiación necesaria para su actividad.