La estructura municipal española, establecida a mediados del siglo XIX y modificada parcialmente en diversos momentos, no varió con el cambio a la democracia y se mantuvo su atomización, propia de tiempos pasados; y así se ha llegado en la actualidad a una situación tan absurda que el examen de algunos datos produce, más que sorpresa, pasmo.
Por ejemplo: de los 8.112 municipios que hay en España, 1.039 tienen menos de 100 habitantes (es decir, algo así como un edificio de 25 o 30 viviendas), y 6.950 (es decir, el 86% del total) están por debajo de la media de España, que es de 5.793 habitantes por municipio. Y en lo que a la superficie se refiere, 775 de los 8.112 municipios tienen menos de 10 kilómetros cuadrados, y 5.796 (es decir, el 71% del total) están por debajo de la media de España, que es de 62,21 kilómetros cuadrados por municipio. Una estructura, como puede deducirse, ineficiente y costosísima, además, pues está comprobado que el gasto por habitante de los servicios es más alto cuanto más pequeño es el municipio.
Ante esa situación, inexplicablemente prolongada en el tiempo, y ante la imposibilidad de que la mayoría de ayuntamientos de España pudiera por sí misma prestar los servicios mínimos que establece la vigente ley de Bases del Régimen Local, el Gobierno del señor Rajoy pareció dispuesto a tomar medidas y hacer las necesarias reformas, y así lo anunció en el pasado mes de julio. Se pretendía, mediante las mismas, racionalizar la estructura municipal, clarificando las competencias de los ayuntamientos (distinguiendo entre servicios obligatorios y facultativos), eliminando las 3.725 entidades menores existentes y las mancomunidades cuya sostenibilidad económica no estuviese asegurada (pasando sus competencias a las diputaciones provinciales, esas diputaciones, por cierto, que el PP proponía suprimir cuando estaba en la oposición) y reforzando la figura del interventor municipal, que dependería funcionalmente de la Administración General del Estado. Además, ningún alcalde ni presidente de Diputación podría cobrar más que un ministro (68.981,88 euros al año), se establecía un tope máximo del 0,6 por ciento de los gastos presupuestados para las retribuciones de la Corporación municipal y se eliminarían, en las próximas elecciones municipales, 47.240 concejales de los 68.578 actualmente existentes.
Una ambiciosa reforma, como ven, y un reconocimiento explícito del caótico estado de nuestra estructura municipal, y un importante ahorro, que el propio Gobierno estimaba en 3.500 millones de euros. Una reforma que mejoraría la calidad de los servicios que los contribuyentes íbamos a recibir y que supondría una reducción del déficit público sin ningún sacrificio para nuestros bolsillos, cosa bastante novedosa, por cierto. Pero quizá porque eran otros los bolsillos perjudicados o por otras razones menos prosaicas (o por ambas cosas a la vez), el anuncio de aquellas medidas provocó la alarma entre quienes hasta ahora vienen administrando el caos; y todo, claro, bajo el lema de la tan manida «autonomía municipal», que, según ellos, se veía gravemente amenazada. Y, ante ello, el Gobierno de España, cuyo único objetivo parece ser el de rebajar el déficit público a costa de los contribuyentes, rectifica y accede a las exigencias de los alcaldes para cambiar el borrador de la ley; es decir, otra vez amaga y no da, cosa por otra parte a la que nos tiene bastante acostumbrados.
Porque, vamos a ver, ¿de qué autonomía estamos hablando? Porque resulta que, con la situación actual, y dado que la mayoría de los ayuntamientos de España no puede prestar los servicios mínimos exigidos por la ley con los recursos que sus propios habitantes aportan a través de los impuestos y tasas municipales, una buena parte de sus ingresos procede de las transferencias que reciben de las autonomías y del Estado central: es decir, de nuestros impuestos, del dinero que todos aportamos, con independencia de donde tengamos nuestra residencia. Por tanto, todos somos «accionistas» de eso que se llama Ayuntamiento, esté donde esté, y todos, por ello, podemos exigir que se ponga coto a ese caos que provoca la actual estructura de la Administración local.
La mejor manera de conocer hasta dónde llega la situación actual y lo que algunas corporaciones locales entienden por «autonomía» es saber algo más sobre la estructura municipal en Asturias en lo que a la parte económica concierne; y ello será doblemente ilustrativo sobre la situación en el resto de España, porque Asturias, con 13.784 habitantes y 135,94 kilómetros cuadrados de superficie de media por municipio está muy por encima de las medias nacionales y cuenta, por ello, con una estructura mucho más racional que otras comunidades; lo que no quiere decir, desde luego, que sea totalmente aceptable.
Los 78 municipios asturianos, en su totalidad, han presupuestado para 2012 unos gastos de 870 millones de euros, de los que un 35 por ciento irá destinado al personal (en línea con el resto de municipios de España) y un 5,6 por ciento, a inversiones reales (algo menos de la mitad de la media nacional, que es del 12,6 por ciento). Y dentro del capítulo de personal, se destinan a los órganos de gobierno y personal eventual casi 11 millones de euros (incluidos los gastos sociales), es decir, el 1,2 por ciento de la totalidad de los gastos presupuestados.
(Primer apunte, por tanto: si se aplicase ese porcentaje máximo del 0,6 por ciento de los gastos presupuestados anunciado en la reforma de la ley, los 78 ayuntamientos de Asturias gastarían 5,5 millones de euros menos en la retribución a sus corporaciones y personal eventual).
¿Y de dónde provienen los 896 millones de euros que los ayuntamientos de nuestra comunidad han presupuestado como ingresos para este año? Pues de dos partidas, básicamente: de los impuestos y tasas (aportación de los vecinos de cada municipio y de los usuarios de sus servicios) y de las transferencias que las administraciones autonómica y central les hacen para realizar inversiones (transferencias de capital) y para sufragar gastos corrientes (transferencias corrientes). Pues bien, el 31 por ciento (o sea, 278 millones de euros) de la totalidad de ingresos de los ayuntamientos asturianos para 2012 proviene de esas transferencias, es decir, de los impuestos que pagan quienes no residen en el término municipal ni disfrutan de sus servicios.
Y es que hay casos en nuestra comunidad que producen, cuando menos, sonrojo y que son ejemplo del caos incontrolado a que se puede llegar en nombre de esa «autonomía municipal». El alcalde de Pesoz (191 habitantes) tiene una retribución de 15.327 euros anuales; 21.479, el de Villanueva de Oscos (345 habitantes); 17.500, el de Illano (444 habitantes); 15.600, el de San Martín de Oscos (482 habitantes); 15.974, el de Santa Eulalia de Oscos (505 habitantes); 21.840, el de Peñamellera Alta (587 habitantes); 26.000, el de Ponga (688 habitantes); 27.415, el de Amieva (801 habitantes); 25.995, el de Onís (781 habitantes), y 41.576, el de Somiedo (1.356 habitantes), cantidades a las que habría que añadir las correspondientes cargas sociales; y son sólo algunos ejemplos, que podrían ampliarse con casos tan disparatados como el del municipio de Villayón (1.466 habitantes), que destina al capítulo de personal 826.507 euros, es decir, el 69 por ciento del presupuesto, y de ellos sólo 58.000 para personal funcionario, y lo apunto por si les sirve de orientación, e incluyendo 40.151 euros, más cargas sociales, para los órganos de gobierno y personal directivo. ¿Autonomía para hacer esas barbaridades? Bueno, pues depende, porque antes de escudarse en ella habrá que tener en cuenta que, en este caso y es sólo un ejemplo, el 55 por ciento (675.000 euros) del coste de esa gran máquina generadora de empleo público a costa del contribuyente que parece ser el Ayuntamiento de Villayón se cubre con las transferencias que el resto de ciudadanos le hacemos.
Ésta es la situación, que no es general, afortunadamente, porque hay en nuestra comunidad bastantes ayuntamientos rigurosa y racionalmente administrados: pero sí es bastante habitual. Y lo malo es que la cosa va para peor, pues en los Presupuestos del Principado para 2013 se establece que dada la difícil coyuntura económica, que también afecta a los municipios asturianos, los concejos asturianos beneficiarios del fondo de cooperación municipal (es decir, las transferencias de capital destinadas a inversiones) pueden destinar el fondo a la financiación de su gasto corriente. O sea, entre otros, a retribuciones de alcaldes, concejales y personal eventual; y todo ello con el dinero proveniente de los impuestos de todos los asturianos. Así que si en 2012 la media de las inversiones reales de los ayuntamientos del Principado estaba por debajo de la mitad de la de los del resto de España, me temo que en 2013 ese porcentaje va a ser aun más bajo; y las inversiones, ya se sabe, son las que crean puestos de trabajo. Pero no parece que nuestros partidos políticos tengan nada que decir sobre eso, ni siquiera los que están permanentemente exigiendo en otros ámbitos más inversión pública.
Por tanto, y a la vista de lo anterior, cabe preguntarse si están los ayuntamientos moralmente autorizados a exigir que no se realicen más modificaciones que las que ellos, y sólo ellos, propongan o acepten, si podemos seguir manteniendo una estructura municipal tan obsoleta como la actual y si debemos seguir permitiendo que cada uno por sí y ante sí y bajo la bandera de su «autonomía» decida, por ejemplo, los sueldos y compensaciones de alcaldes, concejales y personal eventual.
Pero ya ven ustedes: ante la demanda de los ayuntamientos de España, el Gobierno del señor Rajoy está ahora «reconsiderando» las medidas anunciadas. Mientras, los presupuestos municipales para 2013 se irán aprobando con los mismos criterios que los anteriores, y la ineficiencia y hasta el despilfarro en algunos casos continuarán al menos durante un año más. O sea: otra vez «amagar y no dar».
