La principal fuente de relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica es el concordato firmado el 3 de enero de 1979 entre ésta y el Gobierno español, elegido antes de aprobarse la Constitución. Dicho acuerdo, que según muchos especialistas es inconstitucional, establece el compromiso por parte de la Conferencia Episcopal Española de buscar formas de autofinanciación, lo cual nunca se intentó en serio.

Es muy difícil saber cuál es la aportación total del Estado español a la Conferencia Episcopal Española pues la forman multitud de partidas provenientes de varios ministerios entre las que se incluye la financiación de los colegios concertados de la iglesia. Dentro de esta financiación se incluye una pequeña partida correspondiente al 0,7% de la cuota del IRPF, que hasta 2007 era sólo del 0,523%. Algunos estudios cifran esta financiación total de la Iglesia católica entre 7.000 y 10.000 millones de euros al año.

La Constitución española, en su artículo 16, establece la libertad religiosa indicando que «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos [?] mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». De aquí se deduce que, pese a citar expresamente a la Iglesia católica, no deberá establecer trato de favor a ninguna iglesia frente a las demás, hecho que no ocurre en la actualidad, debido a los múltiples privilegios de los que disfruta aquélla: económicos, sociales, fiscales, jurídicos, educativos, etcétera.

En España estamos lejos de pasar de un Estado confesional a otro laico. Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que todos los gobiernos de la democracia española han sido rehenes en buena medida de la Iglesia católica, a la que han considerado en parte como cogobernante y colegisladora (Juan J. Tamayo, «El País», 24-6-2011).

De todos los privilegios de los que goza la Iglesia católica voy a centrarme en los económico-fiscales, entre otras razones porque, dada la situación actual del país, quizá sean los más sensibles. Es de sobra conocido el espíritu pedigüeño de la Iglesia católica española, pareciendo insaciable ante todas las concesiones recibidas y considerando que tiene derecho a recibir sin agradecimiento y a ofenderse si no se le da lo que pide. Así, por ejemplo, resulta extraño que esta institución no haya sufrido recientemente recortes de financiación del Estado, cuando sí los han padecido, por ejemplo, la sanidad, la educación, las personas discapacitadas, etcétera. Además, cuando se planteó la posibilidad de incluir algún recorte a sus finanzas, como establecer la obligación de pagar el IBI, contestó con una mentira diciendo que los partidos políticos tampoco lo pagan y con la amenaza ridícula y falaz que hizo el cardenal Antonio M. Rouco Varela al decir que entonces reducirían su aportación a Cáritas, cuando la aportación de la Conferencia Episcopal a Cáritas es casi testimonial, pues apenas es el 2% de su presupuesto.

La importancia de la religión católica en España ha disminuido enormemente en los últimos años, tal como demuestran múltiples estudios sociológicos. Así, según el estudio 2.752 de 2008 del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), en 1965 el 83% de los españoles se declaraban católicos practicantes y el 15% católicos no practicantes, pasando dichas categorías al 27,7% y al 45,8%, respectivamente, en 2008; es decir, los practicantes han descendido a la tercera parte y el conjunto de los dos tipos del 98% al 73,5%, lo que supone una caída paulatina del 25% en cuarenta y tres años. Pero estos datos son globales y si se mira por edades se observa que de los jóvenes de entre 15 y 24 años en 2008 sólo el 9,8% de ellos son católicos practicantes y el 44,2% católicos no practicantes. Por otro lado, la religiosidad desciende claramente a medida que aumenta el nivel de estudios. Todo lo anterior hace pensar que la creencia católica española seguirá descendiendo, de forma que incluso actualmente ya se puede afirmar que España ha pasado de ser una sociedad católica a otra de cultura católica (Alfonso Pérez-Agote, 2012, «Cambio religioso en España: los avatares de la secularización», CIS).

La posición de fuerza de la Iglesia se basa en la idea de la existencia de una inmensa mayoría católica entre la población española; pero actualmente, además de que esta mayoría ha disminuido hasta el nivel de que ya no lo es, aun los españoles declarados católicos habitualmente se encuentran separados de la disciplina católica (Alonso Pérez-Agote y José A. Santiago García, 2005, «La situación de la religión en España», CIS). La valoración actual de la Iglesia católica ha descendido considerablemente entre los españoles. En el estudio 2.443 de 2002 del CIS se obtiene que sólo el 39,9% de la población confía en ella y que dicha confianza disminuye al bajar la edad hasta el 25% entre los jóvenes, e igualmente es menor entre la población más instruida. En un estudio más reciente, de diciembre de 2012, hecho por Demoscopia, de 37 organismos o instituciones ordenados de mayor a menor valoración la Iglesia católica quedó en el puesto 27 con una puntuación desfavorable de -37 en una escala de +100 (la aprueba) a -100 (la desaprueba). Mucha peor valoración tienen los obispos en este estudio, quedando en el quinto peor puesto de los 37 con una valoración desaprobatoria de -60.

Hay múltiples indicadores que demuestran la pérdida de importancia que dan los españoles a la religión y a la Iglesia, como puede verse en el citado estudio 2.443 del CIS, tales como considerar que la religión no debe dictar normas que se apliquen a otras esferas como la política, la educación, la laboral y que no se debe considerar la religión en la toma de decisiones importantes. Por otro lado, según el mismo trabajo, sólo el 18,8% de los españoles dice tener en cuenta sus creencias religiosas a la hora de votar.

En resumen, en España decrece espectacularmente la confianza en la Iglesia, pasando en general de una religiosidad institucionalizada y oficialista a otra de tipo urbano, secular, anclada en las necesidades y deseos íntimos de las personas.

A pesar de lo anterior, la Iglesia católica actual sigue pretendiendo influir directamente en la sociedad española fuera incluso de áreas propias de su actividad. Así, por ejemplo, se empeña en dictar normas sobre: sexualidad, el uso de preservativos, educación para la ciudadanía, el tipo de matrimonio civil (llegando a afirmar la Conferencia Episcopal que el matrimonio entre personas del mismo sexo era el hecho más grave para la Iglesia católica en sus dos mil años de historia).

La pregunta que puede hacerse cualquiera es por qué a pesar de la pérdida paulatina de importancia de la religión y de la Iglesia católica, así como del descrédito de esta última y de la poca importancia que le dan los españoles al tomar sus decisiones vitales, incluyendo las elecciones políticas, los principales partidos políticos le siguen manteniendo unos privilegios ilegales y en contra de la opinión de los ciudadanos, y recibiendo el mismo dinero del Estado incluso en momentos especialmente difíciles como los actuales, que han supuesto recortes muy dolorosos en partidas trascendentales y muy sensibles para los ciudadanos. Esto es especialmente llamativo en el caso del PSOE, dado que los votantes de izquierda dan menos importancia a la religión en su decisión de votar y consideran en su mayoría (hasta alcanzar el 89%) que la Iglesia no debería influir en lo que la gente vota, ni tampoco en las decisiones de gobierno (otro 89%), según el citado estudio 2.443 del CIS. Por tanto, estos votantes en su gran mayoría a la hora de votar no tendrán en cuenta ni las opiniones ni las actitudes de la Iglesia.

Si los principales partidos, en especial el PSOE, que por ideario está más lejos de la Iglesia, deciden ceder una y otra vez a las exigencias de ésta cuando gobiernan, es de suponer que probablemente sea por la supuesta pérdida de votos que supondría lo contrario. Es razonable pensar también que habrán llevado a cabo alguna encuesta en este sentido, y si es así, la duda es si tal encuesta es fiable, o más bien ocurre como con las que suelen hacer los partidos poco antes de las elecciones que siempre están sesgadas a favor de quien las encarga.