Hasta la fecha han sido incriminados noventa banqueros responsables de entidades financieras, todas ellas antiguas cajas de ahorros, a los que se les acusa de delitos que van desde operaciones fraudulentas con perjuicio para la entidad y en beneficio propio, estafa, apropiación indebida, indemnizaciones y prejubilaciones obscenas de ejecutivos aprobadas por ellos mismos, salidas a Bolsa obscenamente escandalosas, manipulación y ocultamiento de datos contables, falsificación de cuentas anuales, emisiones de preferentes con engaño... etcétera. En la actualidad se han admitido a trámite querellas contra ex consejeros y directivos de nueve entidades: Bankia, CAM, NCG Banco, Caja Madrid, CCM, Banca Cívica, Caja Navarra, Banco Valencia y Caixa Penedés, aunque la lista podría engordar en los próximos meses. Entre los noventa imputados hay, básicamente, políticos y ex políticos, sus paniaguados y correligionarios. No voy a proporcionarles los nombres de algunos de estos ilustres incapaces y trincones porque ya los conocen ustedes suficientemente. Hay que decir la verdad sin paliativos, el mayor escándalo de fraude y expoliación de la historia de España ha sido provocado por el acceso de estos oportunistas al mundo financiero, lo que ha supuesto llevar a la quiebra a estas cajas con la consecuencia de la imperiosa obligación de saneamiento y rescate, lo que ha supuesto un desembolso de más de 65.000 millones de euros (de momento ya vamos por 45.000). ¿Saben ustedes cuántos puestos de trabajo se podrían crear con esta mareante suma?... pues, según los expertos, más de cinco millones, lo que nos convertiría en un país con pleno empleo y sin necesidad de recortes en sanidad y educación. No pensemos que las acusaciones a esos noventa políticos y sindicalistas banqueros es consecuencia de un proceso ético de saneamiento de la vida pública; de ninguna manera, es simplemente producto de eso que llaman «alarma social» de la opinión ciudadana, denunciada e informada por los medios de comunicación. Me temo que, si no hubiera sido así, continuaría el proceso de deterioro con el resultado de la quiebra del país. El caso es que, después de más de tres años de derrumbe financiero, hay noventa imputados, pero ninguno está en la cárcel, ni se le espera, tampoco ninguno ha devuelto lo que se llevó en beneficio propio. Al final verán ustedes cómo esto queda en nada, muchas querellas, muchas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, pero en estos procesos, si es que alguna vez se termina el período de instrucción, transcurrirán años hasta que pasen a juicio oral. La impotencia y la desgana del Banco de España, de la CNMV y la incapacidad y la ignorancia de los políticos zapateriles nos han llevado a esta abominable ruina. Como les decía, estoy convencido de que no veremos a ninguno de esta caterva en prisión, a pesar de ser responsables del empobrecimiento de decenas de miles de personas, ni tampoco los veremos reponer los fondos que se apropiaron y beneficiaron. Ya saben: se irán impunemente de rositas y la avería, como siempre, correrá a cargo de los contribuyentes.
