De burrócratas y überfuncionarios

El contraste entre la imagen que tenemos españoles y alemanes de nuestros servidores públicos

20.07.2013 | 00:00
De burrócratas y überfuncionarios
De burrócratas y überfuncionarios

El nombre de Thilo Sarrazin resonó por toda Alemania en 2010 mientras ocupaba una silla en el consejo del Bundesbank y publicó un libro en el que argumentaba que el excesivo influjo de inmigrantes musulmanes en las últimas décadas conduciría al suicidio socioeconómico de Alemania. Aún siendo su primera obra, este miembro del Partido Socialdemócrata vendió la asombrosa cifra de 1,5 millones de libros (su editor estimaba vender un máximo de 25.000 ejemplares), y hace un año le siguió una segunda publicación cuya tesis es que Alemania ha de salir del euro. Estas ideas son polémicas pero no son nuevas en el país de Merkel, y generalmente permanecen alejadas de los focos de los medios. Lo que es nuevo es que a los alemanes les haya picado la curiosidad y se lancen a las tiendas a comprar la obra de Sarrazin. ¿Por qué?


Ese por qué ha traído mucha cola dentro y fuera de Alemania, pese a que las consecuencias del libro serán seguramente irrelevantes. La respuesta a la cuestión sobre el origen de su éxito la dio el propio autor en una entrevista al semanario «Bloomberg Businessweek»: «los alemanes confían en sus administradores [...] y así debería ser, ya que tenemos una larga tradición de bien organizada y eficiente burocracia», dijo Sarrazin. Y es que Thilo, al fin y al cabo, es lo que los alemanes llaman un «beamter».


En la cultura alemana hay incrustado, desde antes de que existiera Alemania como tal, un respeto por el funcionariado que incluye hasta a los empleados de alto rango. Un «beamter» se podría definir como un empleado público disciplinado, preciso, recto. Herr Sarrazin es funcionario desde 1973, año en que terminó su doctorado en Economía en la Universidad de Bonn, y tiene una dilatadísima trayectoria en la gestión pública alemana. A lo largo de su carrera fue siempre un austero directivo público ocupando puestos clave no sólo en el Bundesbank, sino en otros buques insignia como la compañía ferroviaria pública Deutsche Bahn o el gobierno regional de Berlín. Allí, su cirugía a corazón abierto sobre las finanzas locales a comienzos de la década pasada salvó a la capital de la bancarrota con controvertidas medidas.


Sin querer entrar en detalles sobre la solidez de sus argumentos (muchos se caen por su propio peso), con errores de análisis alarmantes para un doctor en Economía, me llama la atención el contraste entre la imagen que tenemos españoles y alemanes de nuestros altos funcionarios. Mientras que en España suelen estar cuestionados debido a la conexión política, que es fundamental para su acceso a puestos altos en la administración, en Alemania o Francia (con su competitiva escuela de funcionarios, la ENA) se les considera una especie de élite intelectual. ¿A qué se debe esta diferencia?


La pregunta es compleja pero pienso que hay ciertos factores históricos y de contexto que pueden explicar la imagen de los burócratas en ambas sociedades. Por ejemplo, ¿cuántos altos funcionarios españoles -pongamos que de jefe de servicio para arriba- hablan inglés, han trabajado fuera de su provincia (no digamos ya fuera de su país) o tienen un doctorado en su materia de competencia? ¿Cómo son los procesos de selección de estos servidores públicos en los países de nuestro entorno? ¿Cuántos cargos de libre designación hay en España y cuántos en Alemania o en el Reino Unido?


Las respuestas a tan básicas cuestiones sobre el tipo de personas que ocupan puestos de responsabilidad en el sector público español ponen el dedo en la llaga en un país parasitado por un bipartidismo colonizador. Otra cuestión clave es la percepción de una «falta de consecuencias» en lo que se refiere al funcionamiento de lo público en España, tanto a nivel político (con electorados que reeligen a políticos imputados en escándalos de corrupción) como a nivel de estructura y procedimientos funcionariales. En este último nivel vemos diariamente situaciones en las que las herramientas del Estado cumplen su cometido, como la comisión del «caso Marea».


Esta comisión puso a la vista de todos detalles sobre cómo más de un millón de euros de dinero público fue -presuntamente- desfalcado de las arcas asturianas ante una extensa red de inútiles controles. Por suerte, una admirable cajera en un supermercado de La Calzada (nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos) denunció la trama. Mientras tanto, ¿qué hacía nuestro funcionariado? Limitarse a comprobar que la partida presupuestaria era la adecuada y la firma competente.


¿Cómo se pueden fiar los ciudadanos de este sistema? ¿Cómo vamos a evitar un nuevo «caso Marea» si no se modifica nada? ¿Cambiar procedimientos o renovar los altos funcionarios? Una encuesta del CIS en el verano pasado ponía de manifiesto que un 40% de los españoles tenía poca o ninguna confianza en los funcionarios en general, pero más alarmantes aún eran los datos sobre los jueces (58,2% de desconfianza) o los inspectores de hacienda (50,1 %). Un país en el que la mitad de sus ciudadanos no se fían de sus administradores es un país con problemas.

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