La coincidencia entre el debate parlamentario de la nueva ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del actual Gobierno estatal del PP y la celebración del centenario del fallecimiento de Alejandro Pidal y Mon, en 1913, llamado por Clarín el "zar de Asturias", propicia la comparación entre algunos aspectos de la llamada por algunos España de los Pidal y los tiempos actuales. Concretamente, llama la atención el parentesco no lejano entre la LOMCE y los principios que inspiran el concordato del Gobierno español con la Santa Sede de 1851, redactado en una buena parte de su texto inicial por Pedro José Pidal, patriarca del clan y primer marqués de Villaviciosa, y firmado, después, por el Gobierno de Bravo Murillo con Pío IX, un Papa de armas tomar en la defensa de los intereses de la Iglesia. El concordato de 1851 tiene una vigencia que llega hasta la Segunda República (1931), con la excepción de una corta etapa, en torno a la revolución "gloriosa" de 1868, de la I República y de la Constitución de 1876. Con este acuerdo de 1851 se consagra la confesionalidad del Estado, que se obliga a "mantener el culto y sus ministros", con exclusión de "cualquier otro culto". Asimismo, se reconoce el derecho a la Iglesia de fiscalizar todas las enseñanzas, incluida la pública.
Pedro José Pidal y Carneado (1799-1865) apoyó, en los inicios de su vida política, la sublevación de Rafael del Riego, en defensa de la Constitución liberal de 1812, contra el absolutismo del rey felón Fernando VII. Pero dotado de esa finura de espíritu para la buena orientación que se reconoce generalmente a los asturianos, seguramente por el trabajo secular de "curiar" ganados bajo la niebla plateada, fue cambiando su posición política, paulatinamente, hasta pasar a cobijarse entre el trono y el altar. Por eso fue marqués de Villaviciosa y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Creó escuela y tuvo muchos discípulos en Asturias, compitiendo con otros modelos de conducta política, como Jovellanos, Campomanes o Campillo. Pedro José Pidal bien merece ser considerado, como Isaac Peral con el submarino o Juan de la Cierva con el autogiro, un precursor de los instrumentos modernos de orientación, como el GPS o Tonton.
Tiene toda la razón Antonio Muñoz Molina, último premio "Príncipe" de las Letras, al defender, frente a la LOMCE, "una ley de educación duradera y sólida, basada en la opinión de los docentes y no de expertos psicopedagogos y comisarios políticos desde sus despachos" (LNE, 24-10-2013 y ss.). No se pueden priorizar excesivamente las cuestiones formales, metodológicas y de procedimiento; los contenidos también deben contar. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), el cacique máximo y "zar de Asturias", según Clarín, no se hubiera atrevido a llegar tan lejos, hace más de un siglo, como el Gobierno de Rajoy, cuando margina la filosofía en la LOMCE, dejándola reducida a una opcional mínima. Entre Alejandro Pidal y Rajoy hay la misma diferencia que se manifestaba entre sus asesores. El "zar" se asesoraba de una cumbre intelectual, aunque profesara una ideología anacrónica, fray Ceferino, tomista eminente, que consideraba la filosofía como ancilla, sirvienta de la teología; por eso el cardenal de Villoria defendía la llamada "filosofía perenne", posición que siguió manteniendo, más tarde, la dictadura del general Franco. Rajoy se asesora del presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, al que no le preocupa la marginación de la Filosofía, pero que no ha ocultado su descontento por que la Religión sea sólo optativa, aunque cuente para el expediente académico como las Matemáticas o la Historia, como en épocas bien sombrías, que creíamos pasadas. Alejandro Pidal era más papista que el Papa, ya que en 1876, en los debates sobre la nueva Constitución, manifestó que aunque el Sumo Pontífice transigiera con la libertad de cultos, él no transigiría jamás. A pesar de esta posición ultramontana, el "zar de Asturias", siguiendo a fray Ceferino, defendía, al menos, la llamada "filosofía perenne" o escolástica tomista. Mientras Rouco sigue al pie de la letra el precepto evangélico de abandonar familiares y allegados para seguir la vocación religiosa, a fray Ceferino no se le caían los anillos episcopales por mezclarse con la gente del pueblo y jugar una partida de cuatreada cuando venía a Asturias.
Está bien la apelación al esfuerzo en el aprendizaje de los escolares, pero los controles externos quedan desvirtuados al poder decidir profesores privados quién pasa a la Universidad. A esto no se había atrevido el régimen político anterior, para el que las reválidas y la selectividad quedaron en manos de la enseñanza pública. Detrás de la cesión de terrenos públicos para construir centros privados y de la ampliación de conciertos con centros no públicos están aún los rescoldos de aquel concordato con la Santa Sede de 1851, nunca superado del todo, que establecía la confesionalidad del Estado y el sometimiento de los intereses de la enseñanza pública a instancias educativas privadas. Y de la potenciación de lo privado frente a lo público se sigue, de modo ineludible, un aumento de la desigualdad de oportunidades económicas. Algún país iberoamericano habla en su Constitución de "separación absoluta de Iglesia y Estado", para distinguirse de naciones, como la nuestra, donde esa desvinculación está determinada con una gran ambigüedad, tanta que permite que la Religión puntúe en el expediente escolar como una asignatura más.
La defensa del castellano frente a la llamada inmersión lingüística no debe ser planteada como una amenaza externa de "españolizar Cataluña", como señaló el ministro Wert. Cataluña ya está, en buena parte, españolizada. Por eso, lo que procede del Gobierno central es que exija a la Generalitat que deje de amputar valores culturales esenciales de Cataluña, como son los grandes escritores catalanes en castellano, como Mendoza o Marsé, a los que se evita que representen a su propio país en las distintas exposiciones del libro catalán. Al lado de Pepín de Pría o del padre Galo, también son literatura asturiana "Adiós, Cordera" o "Doña Berta", de Clarín, escritas en castellano, por citar sólo un autor.
¿Por qué no es posible que se dé aquí, como en cualquier país europeo, una separación total y amistosa entre la Iglesia y el Estado? Los sucesivos gobiernos de la nación tendrían que ayudar a la Iglesia, por ejemplo, a mantener su patrimonio histórico-artístico, pero ya no sería posible la reaparición de caracteres recesivos, de hace siglos, propios del concordato de 1851, de la época de los Pidal, como se manifiestan en la actual LOMCE, que, como señalaba Groucho Marx, amenaza con conducirnos, partiendo de la nada de los psicopedagogos, que denunciaba Muñoz Molina, a la mayor de las miserias, con la degradación de la enseñanza pública y la potenciación desmedida de la privada.
