Estamos tan enfrascados en nuestras mezquinas querellas internas que muchas veces no nos damos cuenta de lo que se cuece a nuestro alrededor. Me refiero al Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas inglesas) que negocian desde julio EE UU y la UE.
¿Podemos imaginarnos a multinacionales que llevan ante la justicia a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar a sus ganancias?, se pregunta por ejemplo en "Le Monde Diplomatique" Lori Wallach, directora de la ONG "Public Citizen's Public Trade Watch". Pues eso es lo que está ocurriendo ya con otros tratados similares firmados por EE UU con Canadá, México, Perú, Omán, Colombia o Corea, por citar unos pocos. Y es lo que puede suceder en Europa si los negociadores, presionados por poderosos lobbies, no evitan la inclusión en el acuerdo de un mecanismo especial que permite a una empresa o a un fondo de inversiones demandar directamente a un Estado ante un organismo internacional y exigirle compensaciones por supuesta violación de sus derechos de inversor.
Ese mecanismo eleva a las empresas al mismo estatus jurídico que tienen los gobiernos soberanos y les permite llevar a estos últimos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, lo cual equivale a "privatizar el sistema de justicia", según denuncian esas ONG. Si una empresa gana su demanda ante uno de esos centros de arbitraje, el Estado anfitrión tendrá que indemnizarla en la cuantía que fijen los árbitros.
Es un tema que preocupa a las organizaciones de defensa de los consumidores en Europa y EE UU, que abogan por su exclusión de cualquier futuro acuerdo porque deja fuera a los ciudadanos, favorece a las empresas y socava las garantías de los consumidores frente a todo tipo de abusos. Lo más grave sin duda es que margina los sistemas de justicia nacionales y opera a puerta cerrada.
Desde poderosas tabacaleras hasta multinacionales farmacéuticas han hecho uso del polémico mecanismo, que se creó para defender de posibles expropiaciones a las empresas occidentales que invertían en países en desarrollo desprovistos de un sistema jurídico fiable, pero que ahora las grandes corporaciones quieren ver extendido a todas partes para defender sus privilegios.
Una compañía francesa ha demandado al Estado egipcio por su decisión de aumentar el salario mínimo mientras que una sueca -Vattenfall- reclama a Alemania miles de millones de euros por su viraje en materia nuclear. La tabacalera Phillip Morris llevó ante un tribunal especial a Uruguay y Australia por sus legislaciones contra el tabaco y la farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha hecho lo propio con Canadá por un sistema de patentes que facilita el acceso a los medicamentos. Como se ve, ningún Estado está a salvo de la codicia de las multinacionales.
