Coincido con diversos tratadistas de la educación estatal en calificarla como un modelo claramente totalitario y adoctrinador más próximo a regímenes de raíz socialista y nacionalista que a los democráticos.
En la España de las autonomías el intervencionismo de los agentes políticos en la enseñanza es brutal. A la cabeza están los nacionalistas en Cataluña y Vascongadas. También en algunas regiones gobernadas por el PP como Valencia o Galicia abundan las intromisiones partidistas, principalmente, en las lenguas vehiculares. Siguen la estela de los separatistas. Dificultan también el que puedan estudiar, quien así lo elija, como mínimo, el ochenta por ciento del currículo o plan de estudios en lengua española.
Los gobiernos de España no han hecho nada para impedir el adoctrinamiento nacionalista o separatista en las escuelas en contra de la unidad de la nación. Es conocida la marginación de la Geografía e Historia de España en Cataluña y Vascongadas y en otras regiones, entre las que destacan Valencia y Galicia. Me llega una noticia inquietante. Parece que el Gobierno autónomo de Baleares, detentado por el PP, ha dado un giro y proyecta ampliar la inmersión previendo que se impartirán en Secundaria dieciocho horas semanales, de un total de treinta y dos, en catalán. Este modelo, a lo que parece, será obligatorio para los numerosos alumnos hijos de castellanoparlantes que viven y trabajan en estas islas españolas. De confirmarse esta información difundida el 22 de los corrientes por la Fundación Círculo Balear, podríamos afirmar que la política lingüística del PP en Baleares se aproxima a la de los separatistas de CiU en Cataluña. ¿Cómo va a parar el presidente del Gobierno de España, señor Rajoy, el totalitarismo escolar en Cataluña y Vascongadas si su partido hace lo mismo en Baleares y Galicia?
Es evidente la falta de contundencia del PP con los nacionalismos disgregadores. De otro lado, como acertadamente señala el catedrático Francisco José Contreras, "el PP no tiene una visión de la cultura, de la familia, de los valores, que difiera de la izquierda". Sostiene una política económica claramente socialista con impuestos confiscatorios y mantenimiento de un gasto público insostenible que asciende al 45% del PIB, lo que ha dado lugar a un déficit del 6% y a una deuda pública que está ya en torno al 100%. Todo esto se expresa muy bien en un sistema escolar que manipula a los jóvenes y los pone en contra de las libertades económicas, del principio de subsidiariedad, de la reducción del intervencionismo brutal en la enseñanza y la transmisión de una moral basada en la tradición cristiana occidental.
Por eso me sorprende que la señora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha hecho nada para defender los derechos educativos de las familias, critique, ahora, a la Generalidad, que ha permitido que el Consejo Escolar de Cataluña haya dirigido una circular a los centros educativos en la que pide a padres y profesores que apoyen el referéndum ilegal previsto para el 9 de noviembre. Hechos de similar gravedad, de estilo soviético o nacionalsocialista, han venido ocurriendo desde hace años en Vascongadas, Cataluña y Navarra sin que PP y PSOE tomaran las medidas para evitarlos.
La política educativa ilegal de CiU -no respeta sentencias de los tribunales de justicia- cuenta con la colaboración por acción u omisión del PSC-PSOE y del PP. El PSC lo demostró cuando gobernó en el tripartito presidido por Maragall que marginó el castellano. Por su parte, el PP en Cataluña, desde que lo dejó de presidir Vidal-Quadras, no ha hecho nada relevante a favor de la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular de aprendizaje ni los mínimos conocimientos geográficos e históricos de España. La señora Alicia Sánchez-Camacho no se ha distinguido por apoyar, con contundencia, a los catalanes que se oponen a la dictadura que los oprime en medios de comunicación y en los establecimientos de enseñanza reglada. No ha requerido que la Alta Inspección actúe con la intensidad necesaria para que se cumplan varias sentencias de los tribunales sobre el derecho de los padres a elegir la lengua española como lengua de enseñanza y aprendizaje. Otra prueba de complicidad del PP en Cataluña es su participación, con un representante, en el órgano censor y represor de la libertad de expresión conocido como CAC.
Debe quedar claro que hay que respetar la opción de elegir a los padres que viven en regiones con cooficialidad en el marco de unas normas generales. Por tanto, se impartirían los mínimos específicos de las dos lenguas que, conforme al artículo 3 de la Constitución, tendrían carácter obligatorio. En el resto del currículo será la libre elección de las familias la que determine la lengua de enseñanza y aprendizaje.
Conviene señalar que las libertades de prensa y enseñanza están muy relacionadas. Su importancia es enorme. Ambas están seriamente limitadas en España por la casta política y los regidores autonómicos con sus derrochadoras televisiones gubernativas dedicadas a la propaganda. Las escuelas están dominadas por los totalitarismos nacionalistas y socialistas opuestos a los factores del progreso: bajos impuestos y gasto, libre iniciativa, propiedad privada, economía de mercado y unidad de la nación española.
Así que la señora vicepresidenta y, por supuesto, el presidente señor Rajoy lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, que es asegurar el Estado de derecho y las libertades en Cataluña y otros lugares. En la enseñanza hay, desde hace años, motivos para aplicar el artículo 155 de la Constitución española y dejarse de lamentos.
