La mejora del abastecimiento de agua al municipio de Oviedo, prevista ya desde mediados de los años noventa, incluía una planta potabilizadora en Cabornio, nuevos depósitos en El Campón, junto al Cristo, una conducción para unir ambas infraestructuras -de siete kilómetros de longitud- y conexiones a la red municipal. Las obras han supuesto hasta el momento una inversión superior a los 44 millones, pero su gestión resultó desde el principio un desastre.

El proyecto de los depósitos fue aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 1998, siendo presidente del Gobierno Aznar y vicepresidentes Cascos y Rato. Los trabajos comenzaron en 2000 y concluyeron, con demora, en enero de 2004. Dieron continuos problemas por la aparición de socavones, ya que se realizaron sobre unas galerías de explotación de arena. Las dificultades de consolidación del subsuelo dispararon el presupuesto de 7,1 a 11 millones.

Cuando parecía imposible un desaguisado mayor, los depósitos fueron inaugurados en febrero de 2004, en precampaña para las elecciones generales que finalmente ganó Zapatero, y meses después trascendió que no podían abastecer de agua al concejo porque no tenían conexiones a la red municipal.

La historia parecía ya sacada de "Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio", pero no hizo más que empeorar. El PP de Gabino de Lorenzo, que había firmado sin rechistar el convenio para la construcción cuando mandaban los suyos, empezó a quejarse de que entregar los depósitos sin conexiones era como "dar un piso sin grifos". El Gobierno central, entonces en manos del PSOE, insistió en que las tuberías eran competencia del Ayuntamiento. Y pasándose la pelota estuvieron hasta que en 2008 las obras se ejecutaron con cargo al Plan Anticrisis de ZP.

Pero cuando los depósitos quedaron conectados a la red de Oviedo, allá por 2009, presentaban tal grado de deterioro como consecuencia del tiempo transcurrido que no estaban en condiciones de ser utilizados. El Ayuntamiento se negó a recibir la infraestructura hasta que no se repararan los desperfectos. La Confederación sigue en ello y esta semana ha dicho que los entregará antes de que concluya 2014, diez años largos después de su inauguración.

Ante la imposibilidad de poner en funcionamiento la red de abastecimiento al completo, la estación de agua potable de Cabornio arrancó esta semana con un enganche provisional a los viejos depósitos del solar de Los Quintos, también en el Cristo. Las reiteradas roturas de la nueva tubería en la parroquia de Palomar (Ribera de Arriba), un paso complejo por su orografía, aconsejaron hacer un "bay-pass" para usar la antigua conducción mientras se busca remedio. La broma costó otros 50.000 euros.

Y si bochornosa ha sido la ejecución del plan de abastecimiento, no lo ha sido menos el curso que ha seguido la mejora del saneamiento en la capital. Barrios nuevos y populosos como Montecerrao vierten sus aguas residuales al colector del río Gafo, que cruza el frecuentado Parque de Invierno, sin depuración. Lo escandaloso es que la planta depuradora, ubicada en Las Caldas y que requirió un desembolso de 17 millones, lleva un año acabada pero no entra en funcionamiento porque el Ayuntamiento, el Principado y la Confederación aún discuten cómo financiar su mantenimiento: más de un millón de euros anuales. Cuando había dinero faltaba entendimiento político y ahora que todos muestran voluntad de arrimar el hombro por la urgencia de resolver el papelón no hay forma de cuadrar las cuentas.

Tampoco las otras dos depuradoras de Oviedo han estado exentas de polémica. Ambas se encontraban al límite de su capacidad. Villaperi era necesaria para absorber las aguas residuales de barrios de mucho crecimiento, como La Corredoria y Prado de la Vega, así como para la puesta en marcha del nuevo Hospital, mientras que San Claudio ponía en peligro operaciones urbanísticas en marcha, como La Lloral. El Gobierno de Areces tramitaba los proyectos para su desarrollo a través de convenios con el Ministerio y Acuanorte -hoy AcuaEs-, pero Cascos los paralizó durante su etapa al frente del Principado por considerar que estaban sobredimensionados y suponían un gasto excesivo. El Ayuntamiento alertó de que podía perderse la ayuda europea y, finalmente, las obras se desbloquearon a finales de 2012, con Javier Fernández al frente del Ejecutivo regional y una inversión global de 87 millones.

Quizá la explicación de tamaña sucesión de despropósitos radique en que tanto las de abastecimiento como las de saneamiento son obras lentas y costosas, que exigen desembolsos ingentes y no brindan resultados inmediatos, de esos que los políticos buscan cuando se acercan unas elecciones. Su prolongación en el tiempo hace que las administraciones implicadas cambien de manos, lo que dificulta, además, la exigencia y depuración de responsabilidades.

Lo sucedido en Oviedo ilustra sobre el poco respeto que los gestores de la cosa pública tienen al dinero de todos y a los servicios básicos que dicen defender. No es un caso aislado, específico de la capital, sino un mal que aqueja a muchos concejos, a distintas administraciones y a partidos de todos los colores que luego se preguntan por qué los ciudadanos les dan la espalda.