Los acontecimientos relacionados con los nacionalismos, que junto con la corrupción y el paro son los tres problemas más graves de España, se mueven en una evidente confusión. La falta de claridad y contundencia del PP y el PSOE constituye un motivo de preocupación para los españoles. Cualquiera que observe y reflexione ve que la estabilidad política, el rigor presupuestario, la fortaleza de la nación española y la creación de empleo van estrechamente ligados a valores de honradez, prudencia y justicia. A su vez los mercados internacionales, como señalan en el Ibex 35, están al tanto del caótico y corrupto marco político en España.
La lamentable situación de la nación española es consecuencia de la política desastrosa, entre otras, en el campo de la enseñanza. Durante los últimos treinta años se ha consentido que separatistas e izquierdistas hayan hecho un lavado de cerebro, especialmente a los más jóvenes. ¿Cómo puede el Gobierno español consentir que los españoles no puedan estudiar en su lengua materna en Cataluña? ¿Y que a los niños de lengua materna catalana se les impida, como señala la Constitución Española (CE)), en su artículo 3.1, cumplir con el deber de conocer el castellano?
En las escuelas ubicadas en Cataluña se falsifica nuestro pasado común. Es conocido cómo se manipulan hechos como los sucedidos durante la Guerra de Sucesión (1700-1713), en la que hubo enfrentamientos, como en toda España, entre partidarios de los Borbones y de los Austrias sin tener ninguna connotación separatista. Incluso la guerra civil (1936-39) promovida por la intransigencia revolucionaria de las izquierdas se considera como una lucha de Cataluña contra el resto de España cuando los hechos no tuvieron nada de eso y hubo catalanes que apoyaron a los nacionales y otros al Frente Popular.
El Estado fallido de España no ha hecho nada para requerir el cumplimiento de la CE en los centros escolares. Su obligación es, en el caso de Cataluña, primero advertir y requerir y segundo, de no ser cumplido dicho requerimiento, proceder a recuperar para el Ministerio de Educación las competencias en todas las modalidades de la enseñanza que gestiona actualmente la Generalidad.
Gobierno y principal partido de la oposición no están cumpliendo con su deber ante el desafío del golpe de estado dirigido por Artur Mas. Los dos principales partidos deberían dejar al lado sus diferencias y acordar las medidas constitucionales que posibilita el artículo 155 de la CE.
El referéndum al que denominan "consulta como proceso participativo" es anticonstitucional puesto que forma parte de una estrategia cuyo objetivo es la ruptura de España. Este proceso de socavamiento de la nación está dirigido por autoridades que ejercen el gobierno autonómico en Cataluña en nombre y con utilización de recursos personales y materiales del Estado. ¿Acaso no disponen los promotores de la consulta del dinero que pagamos todos los españoles al insaciable y despilfarrador "Estado de las autonomías"? Es impresionante que las finanzas de España se utilicen para destruirla.
Como señala el profesor Punset (véase LNE 28/11/2014), la celebración de un referéndum -"se llame como se llame"- precisa la autorización del Estado. Además, en mi opinión, es una desobediencia al Gobierno presidido por el señor que Rajoy que dispone de la legitimidad para defender la Constitución. Pero no la hace. Hasta el momento de escribir este artículo no está nada claro que vaya a suspender dicha consulta, que es a mi entender un nuevo avance en el permanente golpe de estado secesionista.
El incumplimiento de la Ley y sentencias de los tribunales viene siendo habitual por parte de la Generalidad. Los dos partidos mayoritarios, enfangados de corrupción hasta el cuello, siguen, por el momento, dando tumbos, sin tener una estrategia clara a corto y medio plazo. Sumidos en la irresponsabilidad que se origina en la falta de valores morales como son la honradez, la libertad, el civismo, el patriotismo, bien común, etcétera, ponen la alfombra roja a formaciones políticas totalitarias nacionalistas e izquierdistas. Fíjense que los dictadores de la Generalidad, al igual salvando las distancias que los nazis con los judíos, en la Alemania de los años treinta, señalan a los comerciantes que no eliminan el castellano de sus establecimientos.
El Gobierno de España, el Parlamento y los tribunales de justicia, en primer lugar el Tribunal Constitucional, deben aplicar la Ley con todas sus consecuencias a Artur Mas, a los políticos y a los funcionarios que están trabajando para que se efectúe el referéndum ilegal que pretenden llevar a efecto a partir del 9 de noviembre.
