La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Secretario de Escuelas Católicas de Asturias

La Consejería de Educación, ¿de todos y para todos?

Desigualdades entre centros privados concertados y centros públicos

La respuesta a esta pregunta tendría que ser fácil y rotunda, por obvia y evidente, pero si observamos el discurrir y la trayectoria de este organismo en lo que va de legislatura no resulta tan sencilla la respuesta por lo que respecta a los centros concertados (y mucho menos si hacemos un poco de historia y valoramos el recorrido de los distintos gobiernos desde el momento en el que el Principado asumió las competencias en materia de educación, allá por el año 2000).

Buscando razones y motivos para esta situación, que provoca frecuentes desencuentros no deseados entre nuestro sector y la Consejería, aparecen siempre en el horizonte dos posibles causas: el desconocimiento de la Administración del Principado sobre la realidad de los centros privados concertados y la falta de voluntad política para acometer con valentía y sin prejuicios la realidad de este colectivo que escolariza a un 30% del alumnado no universitario en Asturias.

En cuanto a la primera cuestión, hemos solicitado de forma insistente la creación dentro del organigrama de la Consejería de un departamento, servicio, dirección? que se encargue exclusivamente de todos los asuntos relacionados con la enseñanza concertada, servido por funcionarios con una formación que les permita distinguir y respetar las especificidades de los centros privados sostenidos con fondos públicos. La normativa emanada de la Consejería ignora sistemáticamente que nuestros centros no cuentan con la misma estructura que los públicos, que sus titulares tienen unos derechos y un ámbito de decisión propio, que su actividad no se puede dirigir desde la Administración como la de un órgano subordinado, porque no forman parte de ella aunque presten un servicio de interés general. Aquella propuesta, a día de hoy, no ha merecido ser tomada en consideración y seguimos chocando de continuo con decisiones que pretenden asimilarnos a los centros públicos en cuanto a cargas, obligaciones y disciplina jerarquizada. Pero nada más que en esos aspectos.

A título de ejemplo podemos indicar su actitud en cuanto al horario lectivo en Educación Infantil y Primaria. Despreciando lo establecido en el convenio colectivo de los centros privados concertados, la Administración se empeña en imponer el mismo horario y jornada que en los centros públicos y controlarlo con un celo obsesivo y rayano en la hilaridad (no puede calificarse de otra manera el abrumador despliegue de inspectores por los colegios simplemente para comprobar que todos comienzan el curso el mismo día, no vaya a ser que alguno se adelante y dé una jornada más de clase). Esa pretensión de que el número de horas impartidas y días lectivos del curso escolar sea el mismo para todos choca frontalmente con la redacción del artículo 120 de la LOE, que consagra la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos y permite la diversidad dentro del respeto a la normativa. Una normativa que la Consejería se niega sistemáticamente a desarrollar.

En la misma línea, la reciente decisión, del curso pasado, de reducir los equipos directivos de los centros concertados, apelando a una supuesta homogeneidad con los de los centros públicos, desconoce una característica esencial de aquellos, que es la de tratarse de centros integrados, donde coexisten distintos niveles educativos que en la enseñanza pública están separados en centros independientes.

Sin embargo (y aquí entramos en el segundo apartado), la Consejería solo coloca bajo el mismo paraguas a los centros públicos y a los centros privados concertados cuando le interesa, porque cuando se trata de aportar recursos desaparecen los deseos de equiparación y el argumento de la igualdad entre centros. Basta leer el proyecto de decreto destinado a regular por primera vez en Asturias la Orientación Educativa y Profesional en los centros sostenidos con fondos públicos, para comprobar que se elude con vaguedades e imprecisiones cualquier compromiso real de dotar a nuestros centros en este apartado tan importante para la educación y formación del alumnado, mientras se establecen pormenorizados criterios para los públicos (por supuesto, de la negociación de este proyecto se excluyó a sindicatos, patronales y demás representantes de la enseñanza concertada, como si solo fueran sectores afectados los de la pública). Podríamos seguir hablando de la desigualdad en la composición de las plantillas docentes, que resulta lacerante en el caso de la Educación Infantil (y se reconoce en el ámbito privado por los propios representantes de la Consejería), de los diferentes recursos destinados a la atención a la diversidad (pese a las recomendaciones de la extinta Procuraduría General del Principado de que se subsanara tal discriminación), etc. Todo ello demuestra que de nada han valido precedentes como la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de la primera regulación de los programas bilingües por ser flagrantemente discriminatoria para los centros concertados.

La excusa siempre está presta: como no hay fondos, pues, una vez más, al alumnado de la escuela concertada le toca cargar con la peor parte. Las coletillas de la "falta de recursos", los "recortes", el "presupuesto" y demás, repetidas de forma cansina y hasta la saciedad, no sirven para disimular que lo que realmente falta es coraje político para gobernar para todos, independientemente de que puedan ser más o menos cercanos o lejanos ideológicamente a quien ostente el poder en un momento determinado.

La actitud que venimos encontrando en esta Consejería puede calificarse, sin exagerar, no ya de desafección, sino de falta de respeto. Solo así se explica que se prescinda de patronales y sindicatos para publicar por su cuenta (olvidando que se trata de un tema sujeto a la negociación colectiva) las tablas salariales de aplicación al sector o que se cambien y manipulen los acuerdos después de su firma (como ha sucedido con el de la función directiva en centros concertados).

Una organización como EC, que representa a más del 90% de la enseñanza concertada en Asturias, merece, por lo menos, consideración. No pedimos un trato especial, sino el justo y legítimo a tenor de nuestra trayectoria, que siempre ha sido de diálogo, de encuentro y consenso, poniendo por encima de todo los intereses de la comunidad educativa a la que representamos -profesores, alumnos y familias-. Por este camino, que es el deseable y por el que nos gustaría discurrir, siempre podrán contar con nosotros; pero si la Administración del Principado persiste en prácticas como las que venimos comentando, nos encontrará en la otra vía, la de la denuncia sistemática de los hábitos y costumbres orientadas a ir acorralando, poco a poco -de manera torpe unas veces, sutil en otras ocasiones-, a la enseñanza concertada.

Compartir el artículo

stats