Hace no muchos años, los gobernantes de la región trataban de persuadirnos de que nuestra comunidad autónoma era austera y estaba limpia. Sus apelaciones tuvieron un efecto tranquilizante entre los asturianos. Pero la crisis política parece precipitarse sobre nosotros. Al problema de gobernabilidad que afecta a Asturias desde las elecciones de 2011, se añade ahora el ocasionado por el desvelamiento de una corrupción grave, presente en todas sus formas, que se extiende hasta el centro de la esfera pública. La frecuencia de casos conocidos ha ido en aumento en las últimas semanas. En su informe anual, la Fiscal Superior de Asturias califica de avalancha el número de denuncias recibidas, que el año pasado se multiplicaron por diez. Aunque muchas de ellas fueron archivadas por carecer de fundamento, el dato indica un cambio de actitud ante el fenómeno. En fin, Asturias aparece ya en los mapas de la corrupción en España coloreada con tonos suaves, lo que significa que no se encuentra entre las autonomías donde se ha generalizado el mal, pero tampoco está libre de mancha como otras.
De acuerdo con datos de encuesta, la inquietud por la corrupción localizada en Asturias ha crecido ligeramente en los años de la crisis. Aún así, en 2013 sólo el 20% de los asturianos la mencionó como primer o segundo problema de la región. Los problemas más citados ese año fueron la crisis económica, el paro, la falta de expectativas de los jóvenes y los políticos. A la vista de los hechos, es más que probable que la corrupción haya escalado posiciones en la lista de nuestras preocupaciones. Los asturianos participamos del interés que la opinión pública española ha mostrado por este escabroso asunto en distintas etapas de la democracia española; lo novedoso es que acabamos de descubrir que hay una corrupción de notable envergadura hecha en Asturias y que ya está instalada como tema político en un lugar destacado de nuestra agenda pública. Los periódicos amplían el espacio dedicado a las noticias y los análisis relacionados, los cruces de acusaciones y los escándalos que se suceden son motivo de charla a la menor ocasión, y los órganos judiciales y las asociaciones de jueces y fiscales reclaman al gobierno y al parlamento medios para combatir los abusos con eficacia.
Los casos que ocupan la actualidad política de Asturias son de tal magnitud e impacto que han llevado al presidente del Principado a hacer en la Junta General, en respuesta al portavoz de IU, una confesión sorprendente: "A estas alturas, se lo digo de verdad, no pongo la mano en el fuego por nadie. Ahora, sí la pongo por la actitud del gobierno en relación a cualquier caso de corrupción". Puesta en boca de una autoridad política de su rango, la declaración es insólita. No recuerdo una manifestación pública igual de desconfianza en un líder político. En una democracia, la actitud preventiva es propia de los ciudadanos, de la prensa, y si acaso de otros poderes, pero no del ejecutivo. No obstante, si quien la expresa es el jefe del gabinete, que disfruta de una visión panorámica sobre el engranaje político de Asturias, ¿qué otra cosa debemos hacer los asturianos sino aceptarla como una invitación a seguirle con todas las consecuencias y sin hacer excepción con su gobierno?
La democracia, en este extremo, encierra en su seno una contradicción radical que, paradójicamente, es la que la dinamiza y hace progresar. Sin confianza difícilmente tendrá la legitimidad que necesita, pero para convertirse en una buena democracia es preciso que al mismo tiempo la sociedad se mantenga de forma continua en estado de alerta. El intríngulis de la democracia está en una actitud permanente de desconfiada confianza por parte de los ciudadanos. Las mejores democracias han avanzado gracias a ese difícil equilibrio entre el apoyo constante y la exigencia sin tregua. Es la única manera segura de evitar lo que estamos viviendo. Este es el valor de las palabras de Javier Fernández, que conviene subrayar. Es cuestión de votar y después no cometer la imprudencia de ausentarnos de la vida política. La democracia dispone de una ingente cantidad de medios para prevenir los abusos del poder, que serán eficaces siempre que los ciudadanos no abandonen su puesto de vigilancia. Y la verdad es que los asturianos, las instituciones y los ciudadanos, incluido el presidente, hemos estado algo distraídos. No fuimos capaces de percibir que cuantiosos recursos públicos sometidos a un control difuso, disponibles para una clase política surgida al calor de una comunidad autónoma con una cultura cívica desarrollada a medias, en la que apenas se ha practicado la alternancia política, era tierra de promisión para el clientelismo de nuevo cuño. Y de ahí a la corrupción solo hay un paso. Fuimos ingenuos con los corruptos y nunca pusimos mayor interés en comprobar si Asturias era tan austera e impoluta como nos decían.
