El Principado dejará de ingresar cantidades aún no desveladas por la rebaja que tiene previsto imprimir en el impuesto de sucesiones que algunos asturianos consideran poco menos que un atraco a mano armada. Los ingresos por este tributo ascendieron a 125 millones de euros en 2014; ello supone nada menos que el 0,58 por ciento del PIB, una tasa escalofriante si se compara con la que se obtiene por este mismo procedimiento en el conjunto de Alemania y el Reino Unidos, cuyos provechos recaudatorios se sitúan simplemente en un 0,18 del producto interior bruto.
El "coste fiscal" por la suavización del impuesto a que alude el presidente del Gobierno regional desde luego que es importante, teniendo en cuenta lo que se ha exprimido a los asturianos con sus herencias. Del mismo modo cualquiera podría decir que es terriblemente injusto mantener un tributo por el que frecuentemente han pagado de sucesión en sucesión reiteradas veces miembros de una misma familia. Se trata, a su vez, del mayor atentado contra el ahorro que una administración pública es capaz de perpetrar. El impuesto de sucesiones es un abuso en sí mismo, propio de la voracidad fiscal con que a veces se comportan los políticos y que, además, encuentra una explicación indignante cuando el contribuyente se entera de cuál puede ser el destino del dinero que se le esquilma fruto de una herencia, del trabajo y del ahorro de sus antepasados, que también contribuyeron en vida por lo que ganaban o ingresaban.
Si preguntan en la calle más de un asturiano podría explicarle a su gobierno cómo resarcirse del coste fiscal por la rebaja. Empezando, por ejemplo, por el dinero de los demás que gentilmente reparte entre la FADE y los sindicatos. Creo que 1,5 millones de euros que no encuentran ninguna explicación. Ni la había antes ni la hay ahora en las actuales circunstancias de penuria.
