En febrero del año 2013, leíamos en la prensa que España seguirá siendo un país receptor neto de fondos europeos durante el periodo 2014-2020, lo que fue celebrado en su momento como un notable logro gubernamental. Finalmente, y para dicho periodo, España se garantizaba unos ingresos aproximados de 70.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, con un saldo neto positivo total a su favor de unos 15.000 millones de euros en esos siete años. De esos fondos europeos, unos 36.000 millones llegarán en forma de ayudas agrícolas directas, y otros 8.000 millones formando parte de los denominados Programas de Desarrollo Rural. Es decir, aproximadamente un 65% (44.000 millones) de la totalidad de fondos europeos durante el periodo 2014-2020 van a llegar a España englobados en el marco de la Política Agraria Común (P.A.C.).
A la vista de los anteriores datos, el sector que sin ningún género de dudas más celebró dicha noticia fue el agropecuario, muy especialmente sus sindicatos, y la verdad es que no era para menos. Al fin y al cabo mientras en el cómputo final recibamos de Europa más dinero del que le entregamos, no debería de haber motivos por parte de la población en general para plantear serias objeciones a que un sector que no llega a representar el 5% del PIB de un país reciba el 65% de los fondos europeos.
Sucede, sin embargo, que el relato anterior no es lo suficientemente preciso. No es cierto que España entregue a Europa unos determinados millones de euros y que Europa en contraprestación le devuelva a España otra serie de millones de euros. La realidad es que la totalidad de españoles le entregaremos a la Comisión Europea decenas de miles de millones de euros (recaudados a base de impuestos y emisión de deuda), y la realidad es que la Comisión Europea se los devolverá, en este caso incrementados, exclusivamente a un pequeño porcentaje de españoles. No a todos los españoles. Ni siquiera a una gran parte de los españoles. Sólo a un pequeño porcentaje de españoles. Pequeño porcentaje constituido mayoritariamente por aquellos ganaderos y agricultores que se ajusten a unos requisitos arbitrariamente impuestos por la citada Comisión Europea (es decir por los políticos). Requisitos variados que incluyen cuestiones relacionadas con el sexo o la edad del solicitante, el tipo de cultivos, los derechos adquiridos, etcétera.
No discutiremos en esta ocasión la pertinencia o no de subvencionar el campo español, y cómo las subvenciones acaban distorsionando todos los sectores en los que se aplican. Simplemente resaltaremos que estamos de nuevo ante el viejo y por todos conocido juego de la redistribución de rentas: cogen el dinero de todos para devolvérselo sólo a algunos. El hecho de que temporalmente afecte también al resto de contribuyentes europeos no impide que la redistribución de rentas de mayor calibre se realice siempre entre los propios contribuyentes españoles. Que los contribuyentes europeos contribuyan en el periodo 2014-2020 con un saldo neto positivo hacia España de 15.000 millones de euros no impide que entre españoles se vaya a producir la redistribución de los restantes 55.000 millones de euros.
Y por si todavía les queda alguna duda, sean conscientes de que esa redistribución no se realiza por criterios sociales o de renta. No son los agricultores más "pobres" los que son objeto de subvención con el fin de mejorar su nivel de vida. No; las subvenciones se conceden exclusivamente a aquellas explotaciones agro-ganaderas que mejor se ajusten a la normativa política que rige la concesión. Normativa hecha a imagen y semejanza de los intereses defendidos por los lobbys agro-ganaderos en el Ministerio de Agricultura y en Bruselas.
En definitiva, no se deje engañar. Cuando lea noticias del tipo "El campo será receptor neto de fondos europeos", piense que casi con total seguridad a usted le tocará pagar impuestos y a otros cobrar las subvenciones, por mucho que los europeos contribuyan. El saldo neto será positivo..., pero no para usted.
