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Exdirector general de Turismo

¿Al Estado no le gusta el turismo?

La necesidad de adaptarse a las nuevas economías del sector

No se pueden poner puertas al campo, dice el refranero. Ni límites a la innovación y al emprendimiento, pero lo intentan siempre. ¿Quién? pues el omnipresente Estado reglamentarista. Está ocurriendo ahora con exagerada obsesión en el campo del turismo.

España es el líder mundial del sector: el tercero en turistas pero el segundo en ingresos, y, posiblemente lo más importante, las mayores empresas multinacionales de turismo son españolas. Pero nada es permanente, y mucho menos en un sector intangible y transversal como es el turismo.

Ha sido un magnífico verano turístico. Ha habido variadas razones para ello: problemas políticos en el Mediterráneo, el tipo de cambio del euro/dólar, la caída del precio del petróleo que ha reducido precios en el transporte, la mejora del consumo europeo y español. Incluso puede que haya sido mucho mejor, porque nos faltan datos de las crecientes economías privada y colaborativa, aunque hay algunos indicios: el 64% de los extranjeros han organizado su viaje a España por internet (IET), o el aumento del 24% en los alquileres vacacionales privados este verano (Hosteltur).

Y a eso vamos. El permanente intervencionismo público en el sector nos está alejando de las nuevas y explosivas tendencias turísticas, con la consecuente pérdida de riqueza y puestos de trabajo. Con el argumento de la igualdad de competencia se ha venido atacando año tras año la economía turística privada, ahora en forma de apartamentos vacacionales, aunque todos sabemos que la verdadera razón es puramente recaudatoria, una vez que el arrendador pague algún tipo de impuesto se acaba la persecución.

Otras veces ha sido la presión lobbista: los apartamentos rurales contra el permiso a los bungalós en los campings españoles, las casas rurales contra los hoteles rurales, los hoteles contra los cruceros, los campings contra las autocaravanas, y así ante cada nueva tendencia competidora. Sin ir más lejos, hoy España sigue sin asimilar la potencialidad de los más de 10 millones de autocaravanistas europeos. Estas presiones han generado multitud de leyes y reglamentos que defienden intereses del establishment ante los nuevos competidores, hasta superar límites imposibles, como las moratorias de nuevos hoteles, casas de aldea o cruceros.

La ecología y el medio ambiente están siendo un fértil campo de excusas buenistas para la intervención pública. Ya sea para limitar la competencia porque sí (suspensión de licencias) o para generar nuevos impuestos al turista (como el euro balear).

Mientras los demás países se incorporan con total facilidad a las nuevas tendencias turísticas, nosotros erre que erre. Estados Unidos y los países nórdicos aprovechan la eclosión de la economía colaborativa, facilitando, mediante la no reglamentación, los viajes cooperativos y compartidos en automóvil (Blablacar) y el trueque de alojamientos privados (Homelink). Brasil y China lideran el crecimiento de los negocios turísticos de la economía privada (P2P) con servicios tan importantes como Uber y Airbnb. Francia, Alemania e incluso Italia apuestan por la libertad del autocaravaning. En la costa oeste americana y en Australia aparece con éxito el Homecam, el alquiler de los jardines de las viviendas para los campistas.

Mientras, aquí, en España y en Asturias, nos regocijamos con las multas a las autocaravanas, la suspensión de licencias de hoteles, las dificultades a los "todo incluido", los amarres de cruceros, el cese jurídico de Uber y el juicio en la Audiencia Nacional a Blablacar.

No se pueden cambiar las tendencias, sino todo lo contrario, nosotros debemos cambiar por ellas; no se puede desde el púlpito político reclamar nuevos modelos productivos mientras se ponen trabas a todo lo nuevo que surge de la iniciativa privada. Y España, líder en turismo, y Asturias, en turismo medioambiental, deben adaptarse a las nuevas economías turísticas. ¿Cómo?, deslegislando, eliminando cualquier restricción jurídica a la economía y empresa turística y centrando la actuación pública únicamente en la protección medioambiental y cultural de los recursos turísticos públicos, pero en nada más.

Nuestras administraciones están haciendo buena la famosa frase de Ronald Reagan cuando dijo aquello de "Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo". Esperemos que en un futuro no nos veamos obligados a subsidiar también uno de los mayores motores económicos de nuestro país por culpa de la intervención pública.

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