Los sonidos del otoño envuelven la ciudad, que se recupera de los esfuerzos festivos veraniegos que se prolongaron hasta anteayer, con la explosión de celebraciones en cada esquina. Porque Gijón, por fortuna, no es sólo el centro, sino que se expande a los barrios y parroquias que luchan, y hacen bien, por mantener su propia personalidad, que no han perdido pese al crecimiento del centro y la pérdida de las fronteras sentimentales de hace décadas.
La ciudad, por ejemplo, echa cuentas y se pregunta si la amenaza cumplida de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de imponer fuertes multas a entidades bancarias que mantienen en aquella ciudad viviendas vacías. La ciudad, ésta, se puede preguntar si las multas de Colau están investidas de legalidad porque se supone que la propiedad privada es un derecho inabordable mientras no se haga daño al prójimo con ella.
Los miles de propietarios que han cerrado sus pisos en Gijón hasta las próximas vacaciones no pueden temer que un ayuntamiento les multe por no tener ocupado su piso de verano, pagado quizá con sacrificios y disfrutado con la familia con todo el derecho del mundo. Un banco no es un trabajador que ha invertido en una segunda vivienda los ahorros de media vida, pero el derecho a la propiedad tiene que ser el mismo. Todo indica que Colau se enfrenta a largos pleitos y que tiene todas las posibilidades de perderlos. Los apuros de muchas familias, antes, durante y después de la crisis merecen el apoyo de las entidades públicas, pero ese apoyo no puede ir en detrimento de otros ciudadanos o entidades, aunque éstas sean bancarias. Si ponemos en cuestión el derecho a la propiedad privada, ponemos en cuestión el actual sistema en el que nos hemos organizado. Gijón, con miles de pisos vacíos según relatan algunos políticos que, por lo que se ve, los han contado, mira hacia Barcelona y se pregunta qué pasará con la "norma Colau".
