Uno de los permanentes retos de nuestro país es lograr acertar con un diseño institucional en el que las distintas identidades regionales puedan sentirse cómodas, crecer y desarrollarse sin lastrar el desarrollo económico y social del país ni la equidad entre los españoles con independencia de su lugar de residencia. Con un extraordinario acierto la Constitución de 1978 diseñó un ambiguo esquema que abría paso a un modelo casi federal pero que garantizaba la equidad entre territorios y una cierta prevalencia fiscal del Gobierno central. Su desarrollo permitió una convivencia equilibrada de la extraordinaria complejidad territorial de nuestro país durante más de tres décadas. Pero en los últimos años el modelo de las autonomías empezaba a dar evidentes muestras de agotamiento. El envite independentista catalán ha acabado por confirmar la necesidad de una profunda revisión del sistema.
La aptitud del gobierno de la Generalitat y la inmovilidad del Ejecutivo nacional nos ha conducido a un callejón sin aparente salida. A pesar de la ausencia de respaldo legal al proceso que quiere impulsar Artur Mas, la realidad es que las encuestas dan un importante respaldo a lista separatista que parece que sobrepasará holgadamente un tercio del total de votos. Aunque los independentistas catalanes parecen lejos de poder ganar un hipotético referéndum no se puede obviar que un altísimo porcentaje de la sociedad catalana apoya firmemente un proceso de independencia, incluso siendo conscientes de los altos costes económicos que el mismo conllevaría. Y el problema no se reduce sólo al caso catalán. El País Vasco está expectante y, además de Cataluña, son varias las comunidades que reclaman unas condiciones fiscales similares a las que disponen los territorios forales. No hay duda de que la revisión de nuestro modelo territorial será uno de los principales temas de la próxima legislatura. Muchas veces la única manera de escapar de los callejones sin salida es romper muros y abrir nuevas calles por las que circular.
Asturias no debe pensar que este debate le es ajeno. Todo lo contrario. El diseño institucional que finalmente se adopte fruto del choque de fuerzas centralistas e independentistas será fundamental para nuestro futuro como región. Lo ideal para Asturias, igual que para otras muchas regiones que asisten como convidados de piedra a este choque de fuerzas, es pertenecer a una España todo lo diversa que se quiera pero igualmente fuerte y solidaria.
Desde una perspectiva fiscal el modelo autonómico actual descansa sobre dos pilares: (i) el reconocimiento del autogobierno de las comunidades autónomas unido a (ii) un sistema de fuerte solidaridad entre territorios. Para asegurar ambos pilares la recaudación de los principales impuestos se mantiene en manos del Gobierno central, que realiza posteriormente el reparto entre autonomías. Las autonomías son soberanas en la utilización de los recursos que les son asignados para la ejecución de las políticas que les corresponde, pero disponen de pocos grados de libertad en la parte de los ingresos. Esta lógica, sin embargo, no se aplica en los territorios forales, Navarra y País Vasco, donde el proceso es inverso. Si finalmente se acaba por abrir el melón de la reforma constitucional, se avanzará sin duda hacía un modelo de más auténtico federalismo fiscal que seguramente extenderá los privilegios forales y ampliará las cotas de autogobierno y responsabilidad fiscal. Es una tentadora, y muy probable, salida a la crisis catalana. El peligro para Asturias es que esta posible revisión del modelo actual sacrifique, parcial o totalmente, el mecanismo de solidaridad entre territorios, tan importante para nuestra región.
La solidaridad entre territorios no sólo garantiza una mínima igualdad de los españoles con independencia de su lugar de residencia, fundamental en el desarrollo de un proyecto de nación coherente. Hay que entenderlo, y Asturias debe defenderlo, como un mecanismo de crecimiento y estabilidad general. La crisis de Grecia es un ejemplo de las consecuencias de un proyecto integrador que no se provea de mecanismos de solidaridad interterritorial. Toda Europa sufre por la falta de soluciones para los territorios afectados por una crisis más profunda. Un modelo autonómico que redujese las transferencias entre comunidades podría acabar enfrentando crisis asimétricas que acabarían por minar el desarrollo equilibrado del país y siendo un problema tan grande para las regiones ricas como para las menos desarrolladas. Una España sin excesivas desigualdades territoriales beneficia tanto a los territorios pobres como ricos, como le hubiera beneficiado a Europa el haber tenido una integración fiscal más avanzada para hacer frente a la actual crisis.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta ante una eventual revisión de nuestro modelo de gobernanza territorial es la dificultad que las regiones pequeñas pueden tener para afrontar la prestación de ciertos servicios públicos fundamentales. La sanidad y la educación, además de otros servicios que dependen de las autonomías, tienen fuertes economías de escala. Esto significa que el tamaño importa y que para reducir costes y/o ganar calidad se requiere una dimensión poblacional mínima que algunas autonomías pequeñas y uniprovinciales, como Asturias, pueden no alcanzar. Este aspecto debería tenerse en cuenta valorando la posibilidad de distintos niveles de autogobierno o reforzando los mecanismos de transferencia.
Finalmente, en el marco de todo este debate que se abre con fuerza de nuevo, me parece oportuno llamar la atención sobre los permanentemente olvidados del sistema de administración territorial: los municipios. Nadie reflexiona sobre la excesiva fragmentación municipal en España, sobre los crecientes servicios públicos que se prestan a escala local sin venir acompañados de recursos tributarios para su financiación, sobre la ausencia de mecanismos institucionales para gestionar las metrópolis supramunicipales que emergen en múltiples puntos de la geografía española? Los defensores de las virtudes de la descentralización han puesto el foco en el conflicto entre Estado central y autonomías cuando lo relevante, social y económicamente, está ocurriendo, en mi opinión, en el reparto entre autonomías/provincias y ayuntamientos. Es evidente que el debate es más ideológico que funcional, de lo contrario estaríamos hablando de cómo estructurar los gobiernos locales para que fueran más eficientes en su papel de creciente importancia.
