La organización territorial del Estado en España se tambalea. El Título VIII de la Constitución fue el de elaboración más costosa y desde el principio generó discrepancias abiertas en los sectores más informados de la opinión pública y entre los partidos políticos, en unos casos por su contenido, en otros por su indefinición. Las actitudes de los españoles hacia las Comunidades Autónomas han oscilado según la coyuntura política y las competencias transferidas. Aún así, el Estado autonómico alcanzó a mediados de la década pasada la máxima aprobación. Para más de la mitad de los españoles era la forma preferida de organización del Estado. Sin embargo, hoy las Autonomías y sus instituciones provocan un desacuerdo creciente y en todos los ámbitos de la sociedad española se clama por su reforma, aunque con planteamientos incluso opuestos. En las últimas semanas se han sucedido los pronunciamientos a favor de un nuevo diseño del Estado. La cuestión catalana no ha suscitado por sí sola esta puesta en cuestión, pero resulta claro que ha contribuido a azuzarla en todo el país. Así, los españoles nos vemos cada día más implicados en una discusión que afecta a la identidad, la financiación, el poder político, los símbolos y aquellos otros aspectos básicos de la vida social que proporcionan sentido de pertenencia y seguridad.
Este es un asunto conflictivo que acompaña, como es sabido, al estado español desde su formación y que después de unas décadas de relativo sosiego vuelve a ocupar el centro de nuestro debate público. Conviene, y mucho, saber lo que pensamos al respecto. El presidente catalán ha insistido una y otra vez en este propósito para demandar la convocatoria de un referéndum en su comunidad autónoma y con esta razón ha justificado la votación del 9 de noviembre del año pasado y la celebración de unas elecciones autonómicas con carácter plebiscitario. Se hace necesario, entonces, conocer también la opinión de todos los españoles.
Las encuestas realizadas por el CIS en las semanas siguientes a las elecciones locales de mayo nos descubren tendencias del máximo interés. Los datos ponen de manifiesto un hecho: en España hay una mayoría partidaria de modificar el reparto territorial del poder político, que a su vez se divide casi por la mitad entre quienes, por un lado, suprimirían las Autonomías o limitarían sus competencias y quienes, por otro lado, las aumentarían o les concederían la posibilidad de ejercer el derecho a la independencia. La conformidad con la configuración actual del Estado es mayoritaria únicamente entre extremeños y murcianos. Los ciudadanos de las Comunidades del interior son los más decididamente partidarios de una centralización. En Cataluña, País Vasco, Navarra y las comunidades insulares, amplios sectores de la opinión pública reclaman más poder para sus territorios o, en el caso de las dos primeras, el derecho a crear un estado propio.
La adhesión al Estado autonómico tal como lo conocemos ya no es mayoritaria tampoco en Asturias. El 38% de los asturianos sigue mostrando su acuerdo con él, pero este porcentaje ha venido descendiendo desde 2011 y es el más bajo registrado en las encuestas postelectorales del CIS hechas en nuestra región. El 34% declara su preferencia por un Estado con un único gobierno central o con Comunidades con una autonomía reducida y el 9%, por el contrario, es partidario de una mayor descentralización. En Asturias aparece otra vez el porcentaje más elevado de encuestados que no responden a esta pregunta.
Es importante poner de relieve que en este asunto la posición de los ciudadanos se solapa con sus alineamientos partidistas. Algunos datos lo dejan bien claro. Los votantes del PP, Foro, Ciudadanos y UPyD se pronuncian por una limitación del poder de las Comunidades autónomas. En particular, una mayoría de votantes de Ciudadanos y PP prefiere un Estado sin Autonomías al Estado autonómico actual. Los votantes del PSOE, Podemos e IU optan por la Comunidad autónoma, aunque entre ellos hay un pequeño porcentaje que también es partidario de suprimirla y otro que estaría de acuerdo con la ampliación de su capacidad de autogobierno.
En resumen, la cuestión territorial no sólo divide sino que, y esto puede ser más relevante, polariza políticamente a la sociedad española. Y cuanto más presencia tengan Podemos y Ciudadanos mayor será la polarización. En aquellas Autonomías donde no hay nacionalismos fuertes, como es el caso de Asturias, es la orientación del voto la que marca las distancias en esta cuestión entre distintos sectores de la opinión pública. Es un hecho que dificulta la conversación política y que se interpone entre los partidos a la hora de iniciar una negociación, del todo ineludible si, como parece, damos por agotado al Estado autonómico.
