El episodio conocido estos días del cobro de dietas por parte de concejales liberados de Gijón por asistencia a reuniones de organismos municipales es otro mojón en el camino que lleva la política actual a la desafección de los ciudadanos que asisten atónitos a los continuos errores que cometen los políticos en asuntos que tienen que ver con los dineros públicos. El caso de las dietas no puede considerarse en sentido estricto un caso de corrupción, pero es, sin duda, un muy mal ejemplo de cómo los responsables políticos llegan a los cajones de los dineros de todos los ciudadanos, dineros que, al contrario de la tesis de aquella ministra socialista que afirmaba que el dinero público no era de nadie, tienen dueños, y por ellos han de cuidarse con mimo exquisito.

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón acordó el pasado mes de julio que el sueldo de un concejal con dedicación exclusiva es de 52.073 euros brutos anuales y el de los ediles con dedicación sería de un 75% del anterior, es decir, 39.055 euros brutos anuales. La opinión que tales cantidades puedan merecer (si son altas, bajas o razonables) queda al criterio privado de cada uno, y no es el caso analizarlas ahora, pero fueron las acordadas en el Pleno por los partidos allí representados, con la excepción de Xixón Sí Puede, que votó en contra. En ese mismo Pleno se acordaron las liberaciones que alcanzan a 23 concejales de los 27 que forman la Corporación gijonesa. Los no liberados cobran dietas, que ascienden a 276 euros brutos por asistencia al Pleno y a 138, por juntas, comisiones o reuniones de organismos municipales a los que estén adscritos.

Los acuerdos de aquella sesión incluían que los liberados no cobran dietas en entidades municipales y se entendía que se refería a "todas". Pero ahora se ha descubierto que desde la legislatura anterior los ediles liberados sí cobraban por acudir a reuniones de las empresas municipales. Los ediles afectados eran los de Foro, en el gobierno, y los representantes del PP, que, por lo general, no suelen ser concejales. El PSOE, denunciante de los hechos, considera que Foro ha cobrado 45.000 euros de forma indebida en el transcurso del anterior mandato.

Fernando Couto, hombre fuerte del actual gobierno local, ha confesado que el tema le "preocupa cero" y ha precisado que el ingreso por reunión es bajo, setenta euros tras impuestos. Cada uno considerará que setenta euros es poco o mucho dinero, y más en una ciudad cuyo Ayuntamiento acaba de aprobar ayudas para que familias gijonesas paguen el recibo de la luz o adquieran libros de texto, y que abona servicios de comedor y asistencia a mayores.

Las empresas municipales cuentan con sus ejecutivos y funcionarios que llevan la gestión diaria de las mismas; los concejales cuentan con funcionarios que colaboran con ellos en la tarea diaria. La tarea de los ediles en las empresas y organismos municipales parece ser llevadera como para no exigir nuevos emolumentos aparte de los que reciben por los cargos políticos.

Lo que parece indiscutible es que los asuntos de dinero de los responsables políticos reclaman una claridad que se echa en falta en este caso. El funcionamiento institucional exige que se acaben con zonas de penumbra, inadmisibles en los tiempos que corren. Las dietas municipales piden orden y concierto.