Erradicar la corrupción exige respuestas inflexibles

08.11.2015 | 04:40
Erradicar la corrupción exige respuestas inflexibles

Hubo un tiempo, cuando la corrupción salpicaba por todo el país a personas presumiblemente intachables, en el que los políticos asturianos presumían de la excepcionalidad de la región, porque aquí no habían surgido casos así. Era cuestión de tiempo que acabaran por destaparse porque la podredumbre no es una lacra asociada a la geografía sino a una época, a un sistema que propicia el poder omnímodo de los partidos y a un estilo de hacer negocios rápidos y sin competencia por la vía del enchufe y los amigos. Purgamos ahora la resaca de la bonanza económica, en la que la abundancia de dinero fácil, sobre todo para algunos, anestesiaba los controles y adormecía las conciencias.

Lo dijo la fiscal jefe de Asturias, Esther Fernández, en una entrevista en este periódico: "Ahora no hay más corrupción que antes, lo que ocurre es que por fin está saliendo a la luz". Ochenta denuncias en 2014 y un 88 por ciento más de procesos por prevaricación. El último episodio lo ha contado en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA: el sumario de la "trama del agua", en cuanto se levantó el secreto.

La denuncia por el pago de mordidas en Lugo que hizo un empresario asturiano despechado fue el hilo que guió hasta un ovillo grande, con muchas ramificaciones y un conjunto de administraciones salpicadas de distinto sesgo ideológico. De hecho, dirigentes políticos que no han aparecido vinculados a la red y sí tuvieron contactos con las compañías investigadas tiemblan por lo que pueda suceder.

Los documentos y las grabaciones evidencian el poco decoro y la impunidad con la que algunos personajes actuaban. El derecho a la información prevalece sobre el derecho al honor o a la intimidad. El Tribunal Supremo acaba de reconocerlo por sentencia: "La libertad de expresión adquiere mayor peso cuando se informa sobre temas de corrupción, sobre todo cuando los sujetos implicados ocupan o han ocupado cargos públicos; pues en tales casos la comunicación pública de los hechos noticiosos o la expresión de una opinión crítica al respecto es, además de lícita, necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos".

La acumulación de casos deja en evidencia el fallo de unos mecanismos de supervisión fáciles de burlar. También el frágil diseño de unas instituciones incapaces de resistirse a la cacería de los extractores de renta y de los cabilderos de turno. En una Asturias en la que cualquiera considera normal recibir subvenciones -esta semana mismamente las han exigido para abrir un matadero y una línea marítima- la arbitrariedad y la dependencia constituyen campo abonado para la componenda.

Para atajar la corrupción no sirve sustituir a unos políticos gastados por otros más jóvenes y carentes de pasado si los defectos de fábrica persisten. Algunos de los líderes emergentes en los ayuntamientos lamentan la carencia de funcionarios adeptos, y llevan apenas seis meses con mando en plaza. En realidad, quieren decir que echan de menos a técnicos marioneta que den cobertura a sus decisiones, hasta las ilícitas, cuando ahora precisamos reforzar la independencia del profesional que vigila. En esto no distan de los viejos políticos que minan la función pública para conseguir lo mismo.

Hay poco que hacer para limpiar las sentinas mientras los partidos otorguen al clan mayor valor que a la decencia. Como el pilar de la Transición fue concederles jurisdicción en todo, en buena parte de los casos sólo la contienda partidista, y no la solución a los problemas, ni la buena administración, monopoliza la pugna por el gobierno. Porque les importa el grupo por encima de cualquier otra cosa amparan en el error a la camada y en vez de afrontar en serio la batalla contra los envilecidos, convierten cada denuncia en un arma arrojadiza.

No toda la culpa es de los políticos. No habría dirigentes corruptos sin empresarios dispuestos a enriquecerse corrompiéndolos. En cierta medida ocurre algo parecido en el resto de la sociedad: la afición busca eximentes para el futbolista que defrauda al fisco o para el que extorsiona a un compañero según el color de la camiseta con que lo mire.

Tanto peca quien cobra una beca por una tesis que no hace como quien acepta dádivas con fines oscuros o sigue la "tradición" de no pagar las multas. En los países avanzados, propios y ajenos no divergen en la reprobación de prácticas inaceptables y en sus consecuencias, que exigen respuestas inflexibles. De los regeneradores de mentira, con mucho que ocultar, ya vemos qué ha sido. Para embaucar a gente de buena fe lo mismo sirve denunciar un "pacto del duernu" que aliarse cuando conviene, como si nada hubiera ocurrido, con las mismas personas a las que vilipendiaron por saquear Asturias.

La corrupción causa un doble daño al ciudadano. Le resta bienestar, porque detrae inversión, y retrasa el crecimiento económico, porque el dinero no acaba en manos de los eficientes sino de fulleros sin escrúpulos que engrasan contactos. Además de ganar competitividad, justicia social y repartir de manera equitativa la prosperidad y las cargas, necesitamos ya cambios de verdad, y no de boquilla, que hagan el camino imposible a quienes quieren valerse de trampas y atajos.

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