A medida que van pasando las semanas, sube el grado de confusión que envuelve a la política catalana, embarcada en el inicio de un proceso de "desconexión" gradual de España, desde la aprobación (ya recurrida en el Tribunal Constitucional) de la resolución encaminada a crear una república independiente. No obstante, los movimientos de unos y otros apuntan a que, pese a la creciente gravedad del conflicto, no sucederá nada significativo hasta las elecciones del 20 de diciembre.
Por un lado, la mayoría de constitucionalistas coinciden en que el documento aprobado por los 72 diputados independentistas tiene pocas posibilidades de prosperar en sus aspectos significativos (por ejemplo, la creación de una Hacienda y Seguridad Social propias) mientras no se constituya un nuevo Govern. Y eso está muy verde, tras el fracaso del candidato de Junts pel Sí, Artur Mas, a la hora de lograr el apoyo de la izquierda radical de la CUP (que insiste en vetarlo). Habida cuenta de que dicha formación ha convocado una asamblea, el próximo día 29, para informar de las negociaciones, cualquier desbloqueo de la situación llegaría en diciembre (con la fecha límite del 9 de enero: de lo contrario, habría que convocar elecciones para marzo).
Consciente de ese escenario, Mariano Rajoy ha respondido con contundencia jurídica y buscando el apoyo de los que se atisban como principales partidos tras el 20D (PSOE y C's), a la hora de actuar respecto a los representantes catalanes. Sin sobreactuar en la respuesta (como le piden desde ciertos sectores mediáticos y a la derecha del PP, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución), espera así obtener réditos ante los comicios de diciembre. Por tanto, a esperar qué sucede en cinco semanas.
